Los poderes
públicos han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato
opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros.
EWALD SCHARFENBERG Caracas
“Él era el muro de contención de muchas de esas ideas locas que se nos
ocurren a nosotros”, fue lo que dijo del desaparecido Hugo Chávez el número dos
del oficialismo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero no lo dijo con
nostalgia. En realidad, era una amenaza que profería desde Maracay, capital del
estado de Aragua, el pasado 23 de marzo contra la oposición, a la que sugería
que mejor habría hecho en rezar por la supervivencia del comandante. “Él imponía
su liderazgo, su prudencia y su conciencia, y nos evitaba actuar en muchas
ocasiones con estas ideas locas nuestras”.
A casi un mes de distancia, Cabello –ex teniente del ejército- hace
buenas sus palabras. El dique de Chávez ya no está y fluyen las ideas locas.
Cabello las pone en práctica desde el martes, cuando, dirigiendo la sesión del
parlamento, impidió el uso de la palabra a los diputados de oposición que no
declarasen primero reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de la
República. El miércoles destituyó sumariamente a los diputados de oposición que
estaban al frente de comisiones permanentes del parlamento.
El oficialismo venezolano parece haber entendido que, en medio de la crisis política desatada tras las
elecciones presidenciales del domingo, en las que Nicolás
Maduro obtuvo una magra ventaja del 1% frente al opositor Henrique Capriles
Radonski, el ataque es la mejor defensa. Es la llamada “radicalización” que
desde el gobierno se agita a conveniencia, más como advertencia que como
resultado de una doctrina. El martes en la tarde, por ejemplo, el presidente
electo avisaba que, de continuar la protesta violenta por parte de la oposición,
“lo que podemos hacer es radicalizar la revolución”.
La contraparte del conflicto, liderada por Capriles, dio en las últimas horas muestras de un repliegue.
Bien porque se haya convencido de decantarse por la resistencia civil, bien
porque necesitara asegurarse que las cosas no se le fueran de las manos, el
candidato opositor –y oficialmente derrotado- suspendió una gran marcha
convocada para el miércoles, que pretendía llegar hasta la sede principal del
Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, la capital.
Desde el domingo, la oposición demanda una auditoría “voto a voto” de
las papeletas depositadas en las urnas electorales, en vista de algunas
irregularidades que denuncia y que, a su juicio, ponen en entredicho el
resultado oficial de los comicios que, mientras tanto, se niega a reconocer.
El retroceso táctico de Capriles no ha dado lugar a una tregua, sin
embargo. El gobierno saca cuentas y le ve rédito a la polarización. Así, el
presidente electo Maduro- que debe jurarse el viernes ante la Asamblea Nacional
para asumir el cargo- se ha negado en redondo a permitir el recuento de los
votos, a pesar de que el domingo en la noche aceptó la propuesta.
Así mismo, dio a conocer su decisión de desconocer a Capriles como gobernador
del estado de Miranda y a cualquier otro gobernador de provincias “que no me
reconozca a mí”.
Pero la bomba atómica que el gobierno ya prepara y que sin duda llevaría
la situación a los extremos, en un país ya escindido, sería la eventual
detención de Capriles. Los poderes públicos, ampliamente controlados por el Ejecutivo,
ya han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor
por su supuesta instigación a desórdenes callejeros. Este miércoles, la
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ha
lacrado el expediente en construcción manifestando que “en Venezuela no existe
el voto manual” –con lo que, de paso, sentencia de antemano el reclamo opositor
por un recuento de papeletas- y que, por lo tanto, quienes lo exigen habrían
“engañado” a los manifestantes, aun sabiéndolo de antemano, “para incitar a una
lucha de calle”.
El gobierno quiere endilgar a Capriles y a uno de los miembros de su
comando, Leopoldo López –ex alcalde del municipio de Chacao, verdadera bestia
negra para el chavismo, que ya lo logró inhabilitar una vez para
postular a cargos públicos- la autoría de los disturbios y sacarlos del camino.
Se rumorea que la orden de captura ya está lista y permanece en el Juzgado
Sexto de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones para atender casos de
terrorismo.
Mientras, Maduro se ha dedicado a cultivar otros enfrentamientos. Desde
el lunes, viene señalando a Estados Unidos como organizador primario de las
protestas. Presentó la que llamó “la primera prueba” de ello, un vínculo desde
el website oficial de la Casa Blanca con una petición
ciudadana en línea a favor del recuento de votos en Venezuela.
El otro frente es el mediático. Durante una cadena de radio y TV el
martes, Maduro expresó su convicción de que había llegado “el momento de las
definiciones” y exhortó a los medios de comunicación “a definirse y mostrar si
están con la patria”, nombrando en particular a dos cadenas privadas de
televisión de señal abierta, Televén y Venevisión. Todo ello ocurre en fechas
en que, según se había informado, debe haberse completado la venta del canal Globovisión a
capitales privados cercanos del chavismo. Los accionistas principales del canal
de 24 horas de noticias y abierto crítico del gobierno chavista, había acordado
entregar el control de la empresa el 15 de abril a un grupo financiero.
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