Atenas debe aprobar
este jueves 35 medidas urgentes para recibir el dinero
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, el pasado 5 de agosto. / YORGOS KARAHALIS (AP)
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO/EL PAÍS
Los agricultores del norte de Grecia
saludaron este martes con las primeras movilizaciones de protesta el acuerdo técnico entre el Gobierno de Atenas y el
cuarteto. El campo será uno de los sectores más afectados por
las duras concesiones que el Ejecutivo de Alexis
Tsipras se ha visto obligado a hacer para asegurarse el tercer
rescate que se concede a Grecia desde 2010.
Pero para desbloquear el primer tramo
del mismo —entre 20.000 y 25.000 millones, según las cuentas de Atenas—, el
Parlamento griego debe aprobar este jueves un proyecto de ley ómnibus con 35
medidas urgentes. En octubre se votará un segundo paquete de reformas
estructurales.
El nuevo curso político quedará
supeditado al estado en que quede la mayoría del Gobierno tras este embate
legislativo; en las dos votaciones anteriores, en julio, su bancada —formada por los 149 escaños de Syriza y los
13 de ANEL, su socio de coalición— perdió su mayoría absoluta por la oposición
al rescate de una treintena de diputados críticos del partido de Tsipras.
Si el Gobierno obtiene menos de 120 votos (de un total de 300) se aceleraría la
convocatoria de elecciones.
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En la presentación pública del
acuerdo, este martes, el Gobierno evitó reseñar las medidas más dolorosas y
subrayó sus pequeñas victorias, como por ejemplo evitar
reintroducir el pago de 5 euros por consulta hospitalaria, como pedían los
acreedores. También la rebaja en los objetivos presupuestarios, o el modelo del fondo de privatizaciones.
Entre las medidas pactadas figuran
las siguientes:
Agricultores. La modificación del régimen fiscal agrario
del 13% al 26%, en dos fases, tendrá alto coste electoral (el campo es vivero
de votos para las formaciones políticas tradicionales). Aunque Tsipras aseguró
la semana pasada que su Gobierno intentaría convencer a los socios para
mantener la fiscalidad del 13% para agricultores jóvenes y aquellos que tienen
como única fuente de ingresos el campo, se han impuesto finalmente las
exigencias de los acreedores; también al eliminarse beneficios como el 40% de
descuento en electricidad y gasoil.
Objetivos presupuestarios. El pacto prevé un superávit primario para
este año del 0,25% (en vez del 1%). En 2016 se exige el 0,5%; en 2017, el
1,75%, y en 2018, el 3,5%. La moderación en los objetivos ayudará, según el
Ejecutivo, a suavizar los ajustes en 20.000 millones —en cálculos del
Ministerio de Finanzas que dirige Euclides
Tsakalotos— y propiciar el crecimiento.
Hipotecas. Uno de los puntos más conflictivos son las
carteras de créditos morosos —muchos de ellos hipotecas— para sanear la banca.
Las instituciones proponían venderlas a fondos buitre; Atenas, desviarlas a una
especie de banco malo. El capítulo ha quedado pendiente hasta otoño (hasta
fines de año está vigente la moratoria antidesahucios).
Pensiones. La eliminación de las jubilaciones
anticipadas será gradual; además, se prevé reestructurar el régimen de
pensiones para ahorrar un 0,5% anual del PIB. Una de las concesiones más
sensibles es la eliminación del fondo compensatorio para las pensiones más
bajas (EKAS, en sus siglas griegas).
Impuestos. Habrá cambios en el polémico impuesto sobre
bienes inmuebles (Enfia, en griego), que Syriza había prometido suprimir en su
programa electoral. También se modificará la nueva ley que permite devolver en
cien plazos los pagos pendientes a Hacienda y la Seguridad Social.
Profesiones. La liberalización de los gremios (o
“profesiones cerradas”, en griego) es una herencia no resuelta de rescates
anteriores; esta vez les tocará a ingenieros o notarios, entre otros
profesionales.
Privatizaciones. El fondo exigido por los socios para
privatizar 50.000 millones en bienes públicos permitirá rentabilizar estas
propiedades, contemplando la posibilidad del alquiler, y no sólo de la venta,
como el organismo encargado de las privatizaciones hasta la fecha (Taiped, en
sus siglas griegas).
Sector energético. Se contempla también la liberalización total
del mercado del gas natural en 2018. Las instituciones demandan asimismo la
separación de las redes de los distintos proveedores, algo que el Gobierno
objeta.
