La concentración de
poder, el retroceso en libertad de expresión, la impunidad de delitos de lesa
humanidad son algunas de las violaciones a los DD HH que se recogen en su
informe de 2014.
Portada del Informe Anual de Human Rights Watch.
La concentración de poder en los países del bloque del ALBA, las
amenazas que para la libertad de expresión y prensa que suponen las leyes sobre
telecomunicaciones de Argentina o Ecuador; el incumplimiento de las leyes para
reparar a las víctimas de la violencia en Colombia o México; la indefinición en
la estrategia de seguridad de los países que se enfrentan al narcotráfico; la
impunidad e irregularidades a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad
cometidos en el pasado en países como Guatemala u Honduras -aunque se trata de
una práctica que se extiende a casi toda América Latina-; los abusos en las
cargas contra los manifestantes en Chile o Perú; el recurso a la justicia
transicional para ayudar a resolver el conflicto de las FARC; la falta de
transparencia en las elecciones venezolanas y la posterior represión a los
simpatizantes de la oposición que demandaban un recuento de votos; las leyes
que prohíben o restringen severamente el derecho al aborto; las cortapisas a la
independencia judicial, de nuevo, en Argentina, Ecuador y Venezuela; los
programas de drones operados por EE UU o los abusos al derecho
de la intimidad revelados por Edward Snowden en los que ha incurrido la
inteligencia de este país constituyen las líneas generales que dibujan el mapa
de las violaciones de derechos humanos en 2013 de en el continente americano de
acuerdo con el Informe Mundial de Human Rights
Watch (HRW) que se ha dado a conocer este martes.
“Hemos apreciado un incremento de regímenes autoritarios que mantienen
una fachada democrática, pero donde esa democracia es una ficción, donde se
celebran elecciones, a veces limpias y otras no lo suficientemente
transparentes en las que el partido que las ganas, al comprobar que
temporalmente constituyen una mayoría tratan de perpetuarse en el poder,
avasallando a la sociedad y a todos aquellos que no piensan como ellos e
interviniendo rápidamente el poder judicial. En esta región hemos identificado
ese comportamiento en Venezuela y es muy probable que Ecuador esté calificando para
esa liga”, ha señalado este martes José Miguel Vivanco, el responsable para
América Latina de Human Rights Watch, durante la presentación del informe sobre
la región.
Cuba: Continúa la represión
Aunque HRW reconoce
los avances que han supuesto las reformas migratorias a la hora de facilitar la
libertad de movimiento y de expresión de la disidencia y la reducción de las
penas prolongadas de cárcel a los presos políticos, la organización sigue
siendo muy crítica con las detenciones arbitrarias y las encarcelaciones
breves, que el régimen de la isla utiliza “a modo preventivo para evitar que
las personas participen en eventos que se consideren contrarios al Gobierno” y
la represión a disidentes como las Damas de Blanco, 30 de cuyas integrantes
fueron detenidas y golpeadas en agosto de 2013 por asistir a una misa.
El informe denuncia la ausencia de libertad de expresión en Cuba y las
condiciones en los centros de detención en los que todavía se encuentran
“decenas de presos políticos”.
Vivanco se ha mostrado pesimista sobre la observancia de los derechos
humanos en el continente y ha hecho especial hincapié a “la falta de definición
en materia de seguridad” del Gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto
en referencia a los sucesos de Michoacán y al surgimiento de los grupos de
autodefensa, una situación que no aparece recogida en el informe de este año.
Impunidad por los delitos de lesa humanidad
Los escasos avances en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad
por abusos cometidos en el pasado, lejano o reciente, de los Gobiernos de
América Latina es casi una constante en el informe que HRW ha elaborado para
América Latina. Salvo las excepciones de Argentina, Chile o Ecuador donde la
organización reconoce progresos a la hora de juzgar las violaciones cometidas
durante sus respectivas dictaduras, la institución es muy crítica en los casos
de Guatemala, debido sobre todo a la anulación de la condena al ex jefe del
Estado Efraín Ríos Mont, Honduras, se critican los escasos “juzgamientos por el
uso excesivo de la fuerza y los asesinatos”, tras el golpe de Estado de 2009, o
Perú, donde se denuncia “las extensas demoras de la investigación judicial” y
una cierta negligencia a la hora de destinar “suficiente personal y recursos”.
En el caso de México, HRW hace constar los escasos esfuerzos por parte
del nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto para investigar, perseguir y juzgar
los casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por
militares y las fuerzas de seguridad durante la guerra contra el narcotráfico
del sexenio de Felipe Calderón. “El Gobierno de Peña Nieto ha demostrado a lo
largo de este año que el tema de los derechos humanos no es prioritario”, ha
sostenido Vivanco. El informe denuncia el peligro de impunidad para los abusos
militares que se puede derivar del hecho de que este tipo de delitos “sean
juzgados por el sistema de justicia militar que carece de independencia y
transparencia”.
Argentina: Preocupación por la independencia
judicial
Además de los
asuntos relacionados con la libertad de prensa, HRW destaca en su informe cómo
la nueva legislación aprobada en abril de 2013 por el Gobierno de Fernández
supone una “grave limitación de la independencia judicial” en Argentina. Aunque
el informe reconoce que la Corte Suprema anuló algunas de las disposiciones,
alerta de las restricciones para solicitar medidas cautelares que contempla la
disposición.
HRW también muestra su preocupación por el Memorándum de Entendimiento
firmado por Argentina e Irán para revisar las pruebas que vinculaban a
ciudadanos iraníes con el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Argentina
(AMIA) de Buenos Aires en el que 85 personas perdieron la vida y más de 300
resultaron heridas. El informe también advierte sobre los obstáculos de las
mujeres argentinas para acceder a métodos anticonceptivos y recuerda que, salvo
pocas excepciones, el aborto es ilegal. Estas condiciones determinan que “a
menudo mujeres y jóvenes deban afrontar embarazos no deseados o con riesgo para
su salud”.
En este sentido, el informe es muy crítico en el caso de Colombia, donde
se denuncia el rechazo del Gobierno a reconocer en los tribunales
internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
participación de las fuerzas militares en el caso de los falsos positivos. HRW
alerta sobre el peligro que entraña el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en
2012, y que prevé de un sistema de justicia transicional para favorecer el
proceso de paz con las FARC. La organización alerta de que esta medida “abre la
puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros,
paramilitares y militares en el caso de que se alcance un acuerdo con las
FARC”, de acuerdo con el documento. “El precio por la paz no puede ser la
impunidad total, no estamos en los 80”, ha advertido Vivanco. “Eso supondría un
retroceso para Colombia”. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha
defendido el mecanismo de justicia transicional en foros internacionales como
Naciones Unidas o la OEA.
Proceso de paz
Sin abandonar el marco de violencia generado por el conflicto armado en
Colombia y sus consecuencias, el informe llama la atención sobre los abusos
contra civiles cometidos durante el proceso de paz por parte de las FARC y del
ELN, sobre la presencia de organizaciones de paramilitares que siguen activas
y, en concreto, muestra su preocupación por los problemas en la aplicación de
la Ley de Víctimas, denunciando las amenazas y violencias que sufren numerosos
desplazados que han iniciado el proceso de reclamación de tierras.
Amenaza a la libertad de expresión
Venezuela: La violencia poselectoral
Además de la
alerta, reiterada en los últimos informes, sobre la acumulación del poder
ejecutivo y el deterioro de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad
de expresión, en esta ocasión, el informe de HRW pone el acento en la falta de
transparencia y en la violencia poselectoral contra los opositores ejercida por
la Administración venezolana tras las elecciones presidenciales de abril de
2013. “Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron
arbitrariamente a partidarios del candidato opositor Henrique Capriles [...]
Algunas de las personas detenidas señalaron que se les preguntó: ‘¿Quién es tu
presidente?’ y que recibían golpizas si no respondían ‘Nicolás Maduro”,
denuncia la organización. El documento afirma que ningún fiscal ha investigado
ninguna demanda creíble sobre esos abusos.
HRW continúa denunciando los abusos del Ejecutivo venezolano en materia
de libertad de expresión y contra la independencia judicial. “El Gobierno de
Chávez ha ampliado y ejercido de forma abusiva su potestad de regular los
medios de comunicación durante la última década [...] y ha adoptado medidas
enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen
una programación crítica con el Gobierno”.
HRW alerta en su informe del peligro que para la libertad de expresión
en Ecuador supone la nueva Ley de Medios aprobada por su Asamblea Nacional en
junio de 2013. “Contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos
penales arbitrarios y actos de censura”, señala el informe en el que se incluye
la preocupación por que los periodistas acusados de “linchamiento mediático”
puedan ser obligados a “emitir una disculpa pública y ser juzgados penalmente
por otros delitos”. El documento establece los casos concretos de unos tuits
críticos con el Gobierno que preside Rafael Correa, publicados por el Universo,
o la reciente condena al asambleísta opositor Cléver Jiménez y a su asesor
Fernando Villavicencio, por haber injuriado al presidente.
En esta misma línea, la organización muestra su preocupación por la ley
de Control de Medios aprobada por el Congreso argentino en 2009 para ampliar la
pluralidad de los medios. HRW advierte de que “la autoridad federal a cargo de
implementar la ley aún debe asegurar que exista un amplio espectro de
perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado” y cita la
oposición del mayor grupo de telecomunicaciones del país, Clarín, que ha
perdido la batalla sobre la constitucionalidad de la norma. El informe crítica,
las agresiones contra los medios críticos que se realizan desde el poder en los
casos concretos de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela.
Concentración de poder en Venezuela
Como viene siendo habitual en los últimos años, el informe de HRW
denuncia el deterioro institucional en Venezuela y la progresiva acumulación
del poder ejecutivo durante el actual gobierno de Nicolás Maduro. HRW, esta
vez, pone de manifiesto la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad tras
las elecciones presidenciales de abril de 2013. “El presidente Maduro y otros
altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante
investigaciones penales como herramienta política y han señalado a Henrique
Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante
las manifestaciones”, señala la organización
Cargas contra manifestantes
El informe advierte de los abusos policiales cometidos por Chile y Perú
durante las ocupaciones y protestas estudiantiles y de la minería
respectivamente. En el caso chileno, HRW critica la ausencia de una ley que
regule las protestas públicas y destaca el fracaso en el Senado de una norma
que pretendía abordar el asunto a costa de cercenar el derecho a la libertad de
expresión y de manifestación. En cuanto a Perú, la organización destaca las
muertes de civiles -27- en enfrentamientos con la policía durante las marchas
contra los proyectos de minería del Gobierno de Ollanta HUmala o del sector
privado. HRW también advierte sobre las acusaciones penales desproporcionadas a
las que se enfrentan los manifestantes en Ecuador.
La excusa de la seguridad nacional en EE UU
HRW lamenta que en
2013 EE UU no haya conseguido “revertir los resultados decepcionantes en
aspectos de seguridad nacional”. El informe es incisivo a la hora de recordar
las promesas incumplidas del presidente Barack Obama, en concreto, el cierre de
Guantánamo o una mayor transparencia y reducción en el uso de los programas de
ataques con drones, dos aspectos en los que el presidente estadounidense
requiere de una complicidad por parte del Congreso que no está dispuesto a
ofrecer. “Es difícil encontrar un ejercicio más palmario de lo que representa
el abuso en el ejercicio del poder que Guantánamo”, ha señalado Vivanco que
sostiene que el Gobierno de EE UU debería demostrar que “el asunto del centro
del reclusión en Cuba es prioritario”.
En el caso de las batidas con aviones
no tripulados, la organización lamenta que la Administración no haya asumido de
manera general la responsabilidad pública por las muertes de civiles que se
producen en esas batidas.
La violación del derecho a la
intimidad de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en la que han
incurrido los programas de espionaje de la NSA, desvelados por Edward Snowden,
también es abordada por HRW. “La vigilancia masiva del gobierno de EE UU ha
eliminado en gran medida el derecho a la privacidad en una época donde la
población prácticamente depende de la comunicación electrónica. El documento
lamenta que “las personas no estadounidenses no tengan un interés reconocido a
la privacidad”. En el informe no se recoge la reforma de las prácticas de inteligencia
que Obama anunció el viernes pasado, si bien Vivanco ha dado la bienvenida a
los mayores controles sobre el uso de los metadatos pese a lamentar que no se
hayan adoptado las mismas restricciones en materia de su recopilación o que no
se contemplen procesos judiciales a los que puedan recurrir los ciudadanos
extranjeros sometidos a las prácticas de espionaje de EE UU.
El responsable de la organización también ha denunciado la persecución
penal por parte de la justicia estadounidense de Snowden para quien ha
reclamado “la protección que merece quien ha desvelado delitos y abusos, pese a
infringir su deber de silencio” por haberlo hecho “en aras de un interés
público superior”.
Colombia: La sombra del conflicto y su resolución
HRW advierte en su
informe sobre Colombia de cómo, pese a encontrarse en pleno proceso de
negociaciones para poner fin al conflicto con las FARC, esta guerrilla, y el
ELN, han seguido cometiendo grandes abusos contra la población civil, entre los
que se cita el uso de minas antipersonas. La organización extiende la alarma a
la presencia de grupos de paramilitares. El informe alerta sobre el riesgo que
puede suponer la aplicación de la justicia transicional y de la situación en la
que se encuentras los más de cinco millones de desplazados como consecuencia
del conflicto. "Las decisiones del Gobierno para garantizar el proceso de
paz tienden a incrementar la impunidad y reducir la rendición de cuentas",
sostiene Vivanco.
En este sentido, critica las
deficiencias en la aplicación de la Ley de Víctimas, que contempla la
restitución de tierras, y las amenazas que sufren aquéllos que quieren
reclamarlas. ”Lamentablemente no ha ofrecido los resultados esperados porque
las condiciones de inseguridad en las zonas rurales colombianas siguen siendo
extremadamente delicadas”, ha constatado Vivanco.
El responsable de la organización ha denunciado la falta de atención por
parte del procurador general a la investigación de la colaboración de miembros
del Congreso y del Gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe, con grupos de
paramiliatres. “Por contra, la atención del procurador ha estado en la gestión
de la recolección de basuras del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un asunto
que no llega a la gravedad de los nexos con los paramilitares”, ha señalado
Vivanco quien considera que la destitución de Petro vulnera la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador: Ampliación de las restricciones
HRW pone gran
detalle en la denuncia de la Ley de Comunicación que la Asamblea General de
Ecuador aprobó en junio de 2013 que, “con disposiciones poco precisas, regula
los medios audiovisuales y escritos de modo que cercena la libertad de prensa”.
La organización alerta de cómo la norma “abre la puerta a la censura, en tanto
otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es
veraz”.
El informe también critica la amenaza
que se cierne contra los manifestantes en Ecuador debido a las disposiciones
tan laxas sobre sabotaje y terrorismo que “en numerosas ocasiones han sido
aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos
públicos de protesta”. HRW ilustra esta situación con el caso de los 10 de
Luluncoto, unos jóvenes condenados a un año de prisión por este tipo de delitos
por organizar un acto de protesta pública.
Además de las denuncias sobre la cercenación de la independencia
judicial, corroborada en diciembre de 2012 por observadores internacionales que
concluyeron que existían anomalías en el proceso de designación judicial, el
informe advierte sobre los supuestos tan restrictivos en los que una mujer
puede abortar en Ecuador, “cuando su salud o vida estén en riesgo o el embarazo
sea consecuencia de la violación de una mujer ‘idiota o demente’ y cómo la ley
que va a modificar la interrupción del embarazo no avanza a la hora de
garantizar abortos seguros debido a la amenaza de sanciones penales, y la
existencia de centros privados de rehabilitación parea “curar la
homosexualidad”.
México: La sombra de la impunidad
Si bien se reconoce
la voluntad que el presidente Enrique Peña Nieto demostró al llegar a la
presidencia de México por hacer justicia con las víctimas de la guerra del
narcotráfico desarrollada durante el sexenio de su predecesor, Felipe Calderón,
HRW advierte de que la escasa efectividad de normas, como la Ley de Víctimas, o
las comisiones, como la unidad dedicada a investigar desapariciones creada en
el seno de la Procuraduría General de la República, creadas al respecto. El
informe alerta de los “pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos,
desapariciones y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de
las acciones contra la delincuencia organizada” y denuncia cómo este tipo de
violaciones ha continuado “durante la presidencia de Peña Nieto”. Parte de esta
inactividad, de acuerdo con la organización, se debe al hecho de que sean los
tribunales militares -”que carecen de independencia y transparencia”- quienes
se encargan de juzgar a los responsables de esos delitos.
HRW denuncia cómo en México todavía es
“común se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo
coacción” y advierte de los abusos que por parte de la delincuencia organizada
sufren los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que cruzan el
territorio del país norteamericano cada año. “Las autoridades no han adoptado
medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a
quienes cometen abusos contra ellos”, denuncia HRW, que asegura que los centros
de acogida de inmigrantes suelen ser objeto de “amenazas y hostigamiento” por
parte de grupos delictivos y funcionarios.
En materia de libertad de expresión, HRW denuncia la autocensura que se
ven obligados a aplicar los periodistas en México ante los ataques de
funcionarios o de grupos vinculados a la delincuencia.
