Majestuoso testimonio de un poder agostado
sábado, 27 de abril de 2013
viernes, 26 de abril de 2013
La Academia Nacional de Derecho se manifestó en contra de la reforma judicial
Mientras avanzan el resto de los proyectos de ley
que cambian cuestiones radicales del Poder Judicial, la centenaria asociación
de abogados se pronunció en "desacuerdo".
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó
su "preocupación" y "desacuerdo" con los proyectos de ley elevados por el gobierno de Cristina
Kirchner al Congreso,
en busca de la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tribunales
de casación y la modificación del régimen legal regulatorio de las medidas
cautelares en las causas en las que interviene el Estado.
La Academia se manifestó en "profunda
preocupación" por "las graves y crecientes vicisitudes sociales,
políticas y económicas que afronta el país como resultado del proceso de progresiva
desarticulación del sistema institucional impuesto por su Constitución, proceso
en el cual se encuadran los proyectos de la reforma judicial", según
difundió en un comunicado.
El mensaje
se da un día después de que en una sesión de 21 horas,
en la que oficialistas y opositores estuvieron a punto de agredirse físicamente,
el kirchnerismo logró en Diputados avanzar en la aprobación del capítulo más
controvertido de la reforma judicial.
La Academia tildó a las reformas judiciales de
basarse sobre "razones de política agonal, y las calificaron de "no
respetar los objetivos constitucionales destinados a consolidar un Poder
Judicial eficiente, a salvaguardar la independencia y estabilidad de los
magistrados judiciales, y a fomentar su excelencia como medio idóneo" para
el país.
El kirchnerismo convirtió en ley los proyectos para
crear tres cámaras de casación y para regular las medidas cautelares contra el
Estado. Además, sancionó con cambios y devolvió al Senado la modificación del
Consejo de la Magistratura, que aumentará la cantidad de sus integrantes, y
cambiara su sistema de elección, ahora por mayoría absoluta.
El
miércoles por la tarde, mientras se debatían los proyectos de reforma judicial
en Diputados, un nutrido grupo de gente manifestó en la puerta del
Congreso. Foto: Ricardo Pristupluk
"La
discusión por la votación de este proyecto desembocó en una pelea tumultuosa en
el recinto, con escenas sin antecedentes en la última década: se tiraron cosas,
hubo insultos, empujones y amenazas", reprochó la Academia.
Como
conclusión, los abogados llamaron a apelar a la "sensatez y el patriotismo
de gobernantes y gobernados con el propósito de preservar la democracia
constitucional y para que la progresiva degradación de las instituciones,
forjada por proyectos de leyes como el de la reforma judicial, sea suplantada
por una percepción de las vías establecidas por la Constitución..
Protesta en la Facultad de Derecho contra la reforma judicial
Constitucionalistas, abogados y profesores
reclamaron por una "Justicia independiente"; denunciaron que las
iniciativas del Gobierno son "atropello contra la democracia".
En la protesta convocada por el constitucionalista Daniel Sabsay, participaron el ex fiscal Julio Strassera y el consejero de la Magistratura Daniel Ostropolsky. Foto: LA NACION / Ezequiel Muñoz
Los reclamos
contra el proyecto kirchnerista de
"democratización" de la Justicia se sintieron hoy en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Convocados por
Daniel Sabsay, un nutrido grupo de constitucionalistas, abogados, profesores y
miembros del Poder Judicial, entre otros, denunciaron que las iniciativas
propuestas por Cristina Kirchner significa un "atropello contra la
democracia".
Además del constitucionalista Sabsay, de la
protesta participaron figuras como el ex fiscal Julio Strassera, el ex
procurador de la provincia de Santa Cruz Eduardo Sosa y el integrante del
Consejo de la Magistratura Daniel Ostropolsky.
Con
ejemplares de la Constitución Nacional en la mano y luego de cantar el himno,
advirtieron sobre las consecuencias que podrían tener para el país la reforma
judicial, de la cual ayer se aprobaron las dos
primeras leyes de un paquete de seis que envió la jefa de
Estado al Congreso.
"Nos ha reunido el espanto que significa esta
dinamitación de las bases fundamentales del Estado de derecho", se quejó
Sabsay en diálogo con TN, luego de la protesta.
A su vez, Strassera acusó al Gobierno de querer
"adueñarse de la Justicia". "[Cristina Kirchner] quiere
garantizarse la impunidad", afirmó.
Ostropolsky
cargó contra el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que ayer
obtuvo media sanción de la Cámara baja y cuya composición se ampliará de 13 a
19 miembros. "Nos autoconvocamos para reafirmar la vigencia del Estado
constitucional. Estos proyectos no se compadecen", expresó el abogado..
Las nuevas leyes judiciales
Página/12
Del paquete de proyectos del Poder Ejecutivo
para reformar y “democratizar” el sistema judicial ya son ley el que establece
un nuevo régimen de medidas cautelares –que limita aquellas que tramitan contra
el Estado– y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. La propuesta de
reforma del Consejo de la Magistratura sufrió retoques y vuelve al Senado para
ser tratada el 8 de mayo.
Consejo de la Magistratura
El proyecto para reformar el
Consejo, organismo que elige y sanciona a los jueces, quedó así:
Ampliación. El cuerpo, que ahora tiene 13
miembros, pasará a tener 19. El mayor cambio en la composición será en el
estamento de los académicos y científicos, que hoy cuenta con un solo
representante y pasará a tener seis. Ese único consejero hasta ahora era
elegido en el ámbito del Derecho, pero en adelante podrá ser reclutado entre
otras disciplinas. También se agrega un representante de los abogados a los dos
actuales.
Integración. El Consejo tendrá seis legisladores como
ahora (cuatro por la mayoría, dos por la minoría); un representante del Poder
Ejecutivo; tres jueces (dos por la mayoría, uno por la minoría); tres abogados
(dos por la mayoría, uno por la minoría) y seis académicos/científicos (cuatro
por la mayoría, dos por la minoría).
Voto popular. Los consejeros jueces, abogados y
científicos/académicos serán elegidos por voto popular. Primero tendrán que
presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y
luego en las elecciones generales, presidenciales. Pero la primera votación
será este año, excepcionalmente, con la elección de diputados. Se elegirán 12
consejeros. Como se respetará el mandato de los actuales, que duran hasta fin
de 2014, por un tiempo habrá 25 consejeros.
Partidos. Los candidatos a consejeros van con listas de
partidos, confederaciones o alianzas de orden nacional, pero hay un requisito:
tienen que ser agrupaciones que tengan exactamente el mismo nombre en al menos
18 de los 24 distritos para poder sumar los votos. El objetivo es evitar una
suerte de partido judicial. No podrán ser consejeros quienes tuvieron cargos o
funciones jerárquicas durante la última dictadura. Se requieren iguales
condiciones que para ser diputado.
Mayorías. Para designar a los jueces o suspenderlos e
iniciarles juicio político se reemplaza la mayoría actual de dos tercios de los
consejeros por mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros). Esto le
facilitará el manejo de las decisiones a la fuerza mayoritaria. El jurado de
enjuiciamiento, en cambio, necesitará dos tercios para destituir a un juez.
Concurso previo. Para evitar el problema de los juzgados
acéfalos habrá una lista de postulantes disponible para cuando surjan vacantes.
Administración. Las facultades administrativas,
presupuestarias y salariales seguirán en manos de la Corte Suprema, pese a que
la propuesta original era que pasaran al Consejo. Esto quedó así tras un
planteo del alto tribunal y de los presidentes de Cámaras de Apelaciones.
Medidas cautelares
La nueva regulación de medidas
cautelares busca limitar aquellas donde el Estado es parte, especialmente
cuando las motorizan grupos poderosos. A la vez, a raíz de propuestas del CELS
y varias ONG, estas medidas urgentes serán más accesibles cuando las requieran
grupos vulnerables o colectivos que reclamen derechos fundamentales. Para
dictar una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá antes declararse
competente. Sólo puede concederla un juez incompetente ante ciertas
“excepciones”: cuando la solicitan sectores vulnerables o esté comprometida la
“vida digna”, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.
El Estado o ente descentralizado
demandado tendrá cinco días para elaborar un informe previo que explique el
“interés público comprometido” que permita evaluar riesgos de la cautelar. El
juez debe fijar un “límite razonable” de duración de la cautelar, no mayor a
seis meses prorrogable por seis más. La restricción temporal no se aplica en
los casos que conforman “excepciones” (personas en situación de vulnerabilidad
o colectivos que reclaman derechos básicos).
No se puede dictar ninguna medida
cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de
cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a
los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Sólo podrá un juez suspender
los efectos de una ley, un reglamento u otro acto estatal, si se acredita que
su aplicación causará perjuicios irreparables; debe haber “verosimilitud del
derecho”, es decir, el que demanda tiene que mostrar que es muy probable que
tenga la razón; no debe afectarse el interés público ni la cautelar generar
efectos irreversibles. Ante hechos que amenacen o interrumpan los servicios
públicos o actividades de interés público o la integridad de los bienes
afectados, el Estado podrá pedir medidas cautelares excepto en los casos donde
se trate de “conflictos laborales”.
Cámaras de Casación
Habrá Cámaras de Casación en lo
Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social, y Casación Civil
y Comercial.
Cada una tendrá siete miembros,
repartidos en dos salas de tres, más un juez que presidirá las dos. Hasta que
sean nombrados sus integrantes, está prevista la posibilidad de que funcionen
con jueces subrogantes o conjueces.
Se supone que descomprimirán
trabajo a la Corte Suprema, al absorber, por ejemplo, los expedientes donde se
discute si hubo “arbitrariedad”. Las casaciones apuntarían a unificar doctrina.
Tratarán sentencias definitivas de segunda instancia o equivalentes.
La "revolución" no tiene marcha atrás
Pensándolo bien
Este clima de fin de ciclo, que todavía puede ser
un veranito y nada más, sume apresuradamente a dirigentes, politólogos y
aficionados a la política en un mar de incertidumbres. La pregunta jamás
pronunciada en público suena a técnica, pero es más bien práctica: ¿cuál será
el "modelo de salida" que adoptará el kirchnerismo cuando le toque
hacer las valijas y retirarse del poder?
El acelerado
deterioro de la economía y el consiguiente malestar que calienta la paciencia
social, las groseras estocadas de muerte que el Gobierno ha decidido darle a la
democracia intrusando la Justicia, las inundaciones y
las tragedias que dejaron al descubierto la impericia gestionaria y un tendal
de muertos, las denuncias por grave
corrupción que impactan en el mismísimo corazón de la Casa
Rosada y se multiplican en todas las pantallas televisivas y a todos los
horarios, y la constatación en las encuestas de que sus eventuales candidatos
tienen cada vez peor imagen han convertido los cafés políticos en un hervidero
de conjeturas y especulaciones. No se descarta allí una recuperación del
partido gobernante, que hoy viene en picada, pero la verdad es que ya se piensa
mucho en el poskirchnerismo. En las formas que tendría esa nueva etapa, en sus
liderazgos y en sus encarnaciones posibles, aunque también se discute con mucha
atención el "modelo de salida". Es que en ese punto se cifran, aunque
no parezca, todas las características y malformaciones de nuestro sistema
político e institucional. La duda más jugosa, alrededor de este tema tan
espinoso, tiene que ver con cómo imaginan la retirada los propios
protagonistas. Y la primera impresión es que ese "modelo de salida"
no ha sido seriamente pensado: el kirchnerismo no concibe la posibilidad de abandonar
el trono. Los cruzados del cristinismo conciben su fuerza no como un simple
partido, sino como un movimiento patriótico. Y la patria no se entrega. Esto
implica, a su vez, que no creen ni siquiera en el bipartidismo: en frente sólo
tienen a la antipatria, a la partidocracia decadente y al satánico
neoliberalismo. ¿A quién se le ocurre tejer acuerdos de continuidad y políticas
de Estado con el enemigo? ¿Es posible vislumbrar siquiera desde la militancia
la idea de que el enemigo pueda poner sus sucias manos sobre lo sagrado? Este
concepto, que incluye en esencia creerse únicos y excluyentes, fundantes de un
nuevo país, los aleja de la partida democrática, que sólo juegan con cartas
marcadas, cuando saben que los números los dan ganadores. La "revolución"
no tiene marcha atrás, ni siquiera punto muerto. El proyecto nacional y popular
sólo tiene la obligación de radicalizarse y de profundizar sus objetivos, que
consisten en anular por completo a la "derecha nacional" y a
cualquiera que se le oponga o lo critique, así tengan para ello que cargarse
los pilares de la "democracia burguesa".
Alguien que ha estudiado durante toda su vida los
distintos procesos populistas, de nuevo el gran Juan José Sebreli, se atreve a
manifestar en voz alta el temor de los temores: "En un momento de crisis
como estamos -dijo esta semana -, Cristina no se va a ir tranquilamente. Se va
a ir tirando todo abajo". Un hombre menos dramático pero igualmente
lúcido, el ex canciller Dante Caputo, dejó caer algunas frases significativas
en el diario Perfil: "Temo el peligro de la insensatez del Gobierno y de
la Presidenta, que día a día aumentan la velocidad de fuga hacia adelante.
Están jugados, pasaron el punto de no retorno y consecuentemente hay que jugar
todo, apostar cada ficha que queda, bajar la cabeza y golpear lo que esté
enfrente. Resultaría una grave equivocación pensar que la lógica pueda
controlar las pasiones e intereses de la clase K. Sólo dejarán de correr cuando
no haya más tierra bajo sus pies, cuando el vacío anuncie el abismo inmediato".
Caputo añade una reflexión poco tranquilizadora: "Me parece importante
estar advertidos de que en su caída nos pueden arrastrar. Esto significa que se
creen situaciones de alta inestabilidad política que puedan llevar a locuras
mayores". Quien fue secretario para Asuntos Políticos y luego asesor
especial del secretario general de la OEA, con amplia experiencia en países
inestables, alude a los suicidios institucionales que acechan a la Argentina:
"Si el martirologio excluye el sufrimiento e incluye el goce de los
millones acumulados, les parecerá una buena opción", dice de los más
encumbrados kirchneristas. Creo entender que se refiere a tirar del mantel, a
una salida heroica que mantenga la mística militante aun en el llano, y a un
confort obtenido gracias a los buenos negocios que muchos hicieron a lo largo
de la "década ganada". Un ex funcionario del gabinete nacional le
reveló a Joaquín Morales Solá una escena: sucedió en Olivos y estaba presente
Néstor Kirchner. El funcionario le preguntó al ex presidente por los
"empresarios moralmente cuestionados" que pululaban a su lado. Néstor
le respondió: "Hay que construir poder para después del poder".
Existe, a propósito, otro plano de análisis que
nada le debe a la ideología. Hubo un tiempo en que Cristina Kirchner se veía
reflejada en Michelle Bachelet. Y en ese espejo no sólo encontraba a una mujer
bravía de la centroizquierda, sino a una figura equivalente que logró irse con
una imagen muy alta: hoy se da el gusto de regresar incluso con mayor aceptación
popular que entonces. El problema es que Bachelet forma parte de una
concertación de partidos, jamás hizo culto de la personalidad, no dinamitó
puentes con su reemplazante y ha entendido siempre como razonable una
alternancia civilizada en el gobierno democrático chileno. Bachelet no se cree
predestinada ni invencible, y, por lo tanto, quizás finalmente lo sea.
También hay que decir, porque omitirlo sería un
pecado mortal, que Michelle Bachelet jamás tuvo miedo a la justicia. ¿Resulta
realmente viable un país donde cada presidente (llámense Menem o Kirchner)
quiera eternizarse para conseguir impunidad y no ser alcanzado nunca por la
mano lenta, sinuosa y letal de los jueces? El peronismo es cruel, y la
Presidenta es hija de la crueldad. Sabe perfectamente que otro peronista no
movería un dedo para salvarla de ese calvario: al contrario, dejaría que los
perros de la noche la atacaran para destriparle toda influencia. E intuye
Cristina también que una acumulación tan grande de enemigos, un nivel tan alto
de resentimientos amasados durante diez años son muy peligrosos para cualquiera
que no tenga a mano la caja y los mecanismos disuasorios que se está
garantizando con la reforma judicial.
Una pesadilla recurrente, para quienes ostentan el
poder, debe de consistir en imaginar a un "compañero" peronista que
llega al palacio y que se encuentra con todas las armas creadas por el
kirchnerismo. Y a continuación, secuencias dantescas donde ese
"compañero" los persigue con la AFIP, les pincha los teléfonos, les
corta licitaciones y subsidios, los reemplaza en todas las organizaciones,
margina a sus capitalistas amigos o los da vuelta y utiliza la ley de medios y
la reforma judicial para hacerles la vida imposible a quienes las idearon. La
irresponsable acumulación de estas armas denota, una vez más, que el
kirchnerismo no puede siquiera figurarse la chance de ser expulsado alguna vez
por el voto popular de las poltronas del Estado.
Los neurólogos que han accedido a los estudios más
avanzados cuentan algo asombroso: la mayoría de las decisiones que los seres
humanos tomamos en la vida diaria son emocionales. Luego nuestro cerebro arma
la arquitectura racional que le da coartada a nuestra resolución aparentemente
fría, pero que es tomada en general por el instinto. ¿Qué es primero?, ¿el
huevo o la gallina? ¿Quieren quedarse para no entregar la patria o necesitan
perpetuarse para no ser alcanzados por la venganza de sus rivales? ¿Vamos por
todo para que no vengan por mí?
© LA NACION.
EE.UU. sigue "con atención" la ofensiva contra el Poder Judicial
Un vocero del gobierno de Obama alertó sobre la
situación en Venezuela y en la Argentina.
Patrick Ventrell, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostuvo que están haciendo un seguimiento del avance del Gobierno sobre la Justicia. Foto: Archivo
WASHINGTON.-
El gobierno de Estados Unidos "sigue con mucha atención" los intentos
que en la región apuntan a un avance del brazo ejecutivo del gobierno sobre la administración de justicia .
La
definición del gobierno de Barack Obama corrió por cuenta del vocero del
Departamento de Estado, Patrick Ventrell, al ser consultado, entre otros
puntos, por los proyectos de ley impulsados por
Cristina Kirchner para avanzar en una reforma judicial que
comprende modificaciones en el Consejo de la Magistratura, la restricción de
las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras de casación, lo que es
resistido por las entidades que representan a los jueces, entre otras
instituciones.
"En varios países de América latina estamos
viendo un proceso de presión de los gobiernos sobre la administración de justicia.
Hay ejemplos en Venezuela y en la Argentina, con la discusión, en estos días,
de un nuevo proyecto de ley. ¿Ve el Departamento de Estado alguna tendencia
común en estas políticas?" fue la pregunta.
"Seguimos estos asuntos muy de cerca en toda
la región, como también lo hace la comunidad internacional, la Organización de
Estados Americanos y muchos otros. Éste es un asunto que mantenemos en la
mira", contestó Ventrell.
El gobierno de Obama se ha caracterizado por una
prédica en favor del fortalecimiento de las instituciones en la región. En el
caso de nuestro país, su reciente informe sobre la situación de los derechos
humanos se hacía eco, precisamente, del riesgo de "politizar" la
administración de justicia.
Medios locales advirtieron recientemente sobre la
necesidad de preservar la independencia del Poder Judicial de toda presión
política.
El reconocido The Washington Post se hizo eco ayer
del debate en nuestro país. "Es una iniciativa clave para disciplinar a
los jueces y removerlos", sostuvo el rotativo. La nota llevó por título
"El Congreso argentino aprueba límites en la independencia de la
Justicia".
En tanto, de modo más descriptivo que las palabras
del vocero de la cartera, el reciente informe del Departamento de Estado
reproducía inquietudes sobre el retroceso en la necesaria independencia
judicial en la Argentina.
El texto no entró en consideraciones sobre
proyectos o medidas específicas. Su evaluación fue cerrada antes de que la
controvertida iniciativa iniciara formalmente su derrotero legislativo. Sin
embargo, alertó sobre la "politización" del sistema judicial y las
acusaciones de corrupción, y advirtió que muchas veces el ciudadano común no
accede a los beneficios del servicio de Justicia.
RECLAMO EN LA SEDE DE DERECHO
Varias
agrupaciones vinculadas con la Justicia se reunirán hoy, a las 10, en las
escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, para manifestarse en favor de
la vigencia de la Constitución y del régimen federal, representativo y
republicano. Realiza la convocatoria el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires..
jueves, 25 de abril de 2013
Bolivia demanda a Chile ante el Tribunal de la ONU para recuperar su salida al mar
La Paz dice que
perdió 400 kilómetros de su costa del Pacífico en el siglo XIX en la guerra
contra el país vecino.
Santiago defiende
que las fronteras fueron selladas en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
ISABEL
FERRER La Haya
Bolivia presenta este miércoles una
demanda contra Chile ante el Tribunal Internacional de
Justicia de la ONU (TIJ), donde solicita recuperar su salida al océano. La Paz
aduce que perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de su
territorio en la Guerra del Pacífico, librada contra tropas chilenas entre 1879
y 1883. Desde entonces, reclama sin éxito una salida soberana al mar.
Santiago se acoge al Tratado de Paz y Amistad, firmado por ambos países en
1904, para rechazar las peticiones bolivianas. En La Haya, sede del Tribunal,
piensa defenderse señalando que el caso carece de fundamento, ya sea histórico
o jurídico.
El TIJ se creó en 1945 para resolver por medios pacíficos diferendos entre
Estados. El boliviano ha subrayado dicho extremo afirmando su “compromiso con
la resolución de controversias a través de los medios previstos por el derecho
Internacional”, según la declaración de intenciones previa a la presentación de
la demanda. Para que pueda prosperar, La Paz no solo tendrá que sustentarla
jurídicamente. El estatuto del Tribunal le obliga a enumerar los intentos de
resolver la pugna, sin violencia, efectuados en el pasado. En cuanto llegue al
Tribunal, la demanda será remitida a Chile. Ambos han ratificado el Pacto de
Bogotá (1948) que reconoce la jurisdicción del TIJ, condición indispensable
para que prospere. En su momento, también verán el expediente los Estados
autorizados a intervenir ante los jueces internacionales.
Para Bolivia, el caso reviste suma importancia. Su presidente, Evo
Morales, confía en el pueblo, “porque con su fuerza y la calidez de la unidad
popular, haremos valer ante el mundo nuestro derecho a un acceso soberano al
mar”, dijo, en La Paz, al presentarlo. El Ejecutivo boliviano no escatimará
recursos para sustentar el proceso, y ha autorizado para ello la contratación
de juristas nacionales e internacionales. Hace dos años, David Choquehuanca,
titular de Exteriores, ya mencionó el conflicto ante la 41ª Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ministro reiteró allí “su carácter hemisférico”. Por el contrario, el chileno
José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, le contestó que se
trataba “de un asunto bilateral”.
Además de Choquehuanca, a La Haya acudirán el expresidente Eduardo
Rodríguez, nombrado embajador extraordinario para la ocasión, el ministro de
Defensa, Rubén Saavedra, y el responsable de la Dirección de Reivindicación
Marítima, Juan Lanchipa.
El caso no debe confundirse con el que enfrenta, desde 2008 y ante el
propio Tribunal de la ONU, a Perú con Chile. En virtud del mismo, Lima asegura
que el límite marítimo con Chile no está trazado y ha solicitado a los jueces
que lo fijen. Chile recuerda, por el contrario, que existen tratados
bilaterales sobre el particular firmados en 1952 y 1954.
Capriles acusa directamente a Maduro de haber robado las elecciones
El líder de la
oposición da hasta mañana al órgano electoral para iniciar la auditoría de
votos.
EWALD
SCHARFENBERG Caracas
Henrique Capriles Radonski cruzó esta noche de miércoles su Rubicón: “La
verdad del tamaño de este país”, señaló al liderazgo chavista en una
declaración, “es que ustedes se robaron las elecciones”. Hasta ahora, los
portavoces de la oposición venezolana, incluyendo al propio candidato
presidencial, se habían limitado a expresar su solicitud de un recuento de los
votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril
para “asegurar el resultado oficial”. Pero la afirmación, claramente
premeditada, del también gobernador del estado de Miranda, rompe ese velo y
configura una escalada en la grave crisis política de Venezuela.
El candidato, de 40 años, hizo también
un emplazamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que el jueves inicie el proceso de auditoría, que las
propias autoridades electorales aprobaron hacer una semana antes. Pero desde
entonces, los rectores del organismo, controlado por el oficialismo, se han
empantanado en una red de galimatías técnicas que hasta el momento impide,
siquiera, definir el protocolo del proceso.
Ante el paréntesis institucional —que se sigue prolongando mientras, al
tiempo, se consume el plazo legal de 15 días para impugnar los comicios—,
Capriles aseguró que, de no haber respuesta en 24 horas, anunciará “las
acciones legales e internacionales que tomaremos”.
Mientras Capriles ofrecía su rueda de prensa, que sólo cubría un canal
local de televisión —Globovisión, un canal 24 horas de noticias, en trance de
ser adquirido por capitales privados progubernamentales—, el gobierno de Nicolás
Maduro forzó a todos los medios a conectarse a una cadena nacional de radio y
TV. El canal emitía un corte ya exhibido ayer, de unos cinco minutos de
duración, donde se atribuye a Capriles la instigación de los desórdenes de la
semana anterior, que tuvieron un saldo oficial, según informó la Fiscalía
General, de nueve muertos y 78 heridos.
La transmisión obligatoria soliviantó a los seguidores de la oposición,
que respondieron con el estruendo de un cacerolazo masivo en zonas del este y
centro de Caracas, según reportes.
“No hay forma de que puedan torcer la verdad”, insistió Capriles, quien,
ante las presunciones de que el gobierno intentará imputarlo como incitador de
los disturbios, dijo no temer ninguna acción en su contra. “Aquí estamos”, retó
el dirigente, quien ya en 2002 pasó cuatro meses en prisión, acusado como
responsable del asalto a la sede de la Embajada de Cuba en Caracas durante el golpe
que desalojó brevemente a Hugo Chávez del poder, en abril de ese año.
Once años más tarde, arrecia la campaña del joven gobierno de Maduro
contra la figura de Capriles. La campaña no es sólo a través de los medios,
preparando un clima propicio para justificar una detención que, sin duda,
ofendería a una mitad del país. Los poderes públicos, con la Fiscalía a la
cabeza, van estrechando el cerco en torno al líder opositor, con promesas
diarias de que no consentirán la impunidad. Con más imprudencia que franqueza,
la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ofreció unas
declaraciones el martes en las que adelantó, hablándole directamente a
Capriles, que “ya te tengo preparada tu celda”, donde, garantizó, no le
ocurriría ningún percance distinto a los que suponga su proceso de
regeneración. “Vamos a ver si allí te quitamos ese pensamiento fascista y
logramos rescatarte como ser humano”, ironizó, “primero con una rehabilitación
que necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes”.
Todo esto contrastaba con los gestos conciliadores que el presidente
Nicolás Maduro mostró casi en simultáneo. Por un lado nombró una comisión de
alto nivel, presidida por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, para
conversar con los “sectores democráticos de la oposición”, a los que diferenció
de un núcleo “fascista” que todavía persistiría en los planes de asesinar al
primer mandatario. Maduro también designó al diputado del oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Calixto Ortega, como nuevo Encargado de
Negocios de Venezuela en Washington, a quien impuso la misión de restablecer el
diálogo con el gobierno de Barack Obama “pero sobre la base del respeto”.
Pero todas estas maniobras parecen subsidiarias con respecto al
conflicto central: el reconteo de votos de las elecciones presidenciales del 14
de abril.
Se trata de un conflicto que recrudece y amenaza con desestabilizar al
país, a pesar de que el CNE pareció ceder a esa demanda opositora la noche del
18 de abril, vísperas de la juramentación de Maduro como presidente, y momento
en el que los presidentes de las naciones sudamericanas se reunían en Lima para tratar la crisis venezolana.
La reunión, en la que Maduro estaba presente, se tornó tensa, dadas las
diferencias entre dos grupos de países que apoyaban o rechazaban el recuento
como requisito para reconocer al nuevo gobierno de Caracas. El anuncio de que
el CNE se avenía a practicar la auditoría, facilitó un acuerdo en la capital
peruana.
Transcurridos siete días desde entonces, la auditoría –que tomaría un
mes en completarse- no se ha iniciado, como tampoco se han definido los pasos a
seguir para ejecutarla. El opositor Comando Simón Bolívar ha denunciado que
todas las comunicaciones que ha dirigido al CNE para solicitar formalmente el
proceso, se han quedado sin respuesta.
Este miércoles, los líderes del equipo técnico conformado por el comando
de Capriles para participar en el eventual recuento, dieron una conferencia de
prensa. Allí explicaron que, si bien el CNE se muestra dispuesto a revisar el
desempeño del sistema computarizado de las elecciones, se niega, en cambio, a
aceptar que se contraste el contenido de los cuadernos de votación y el
registro de huellas dactilares.
“Que el CNE decida si es una auditoría o no lo es”, dijo Liliana
Hernández, una de las jefes del equipo, echando mano a una analogía: “Con este
CNE siempre se está medio preñado (embarazado)”.
Según trascendió, el Departamento de Informática del CNE ya ha preparado
un plan técnico para abordar la auditoría, pero el directorio —conformado por
cuatro rectoras cercanas al PSUV, y un rector vinculado a la oposición— no ha
convocado a ninguna reunión para examinarlo. Sin embargo, este jueves es fecha
para una junta regular. De allí el ultimátum de Capriles.
“Una auditoría no es una simple conciliación de papeles”, advirtió
Capriles poco después. “Una auditoría implica la revisión de todos los
instrumentos de votación. No aceptaremos ni una auditoría chucuta (trunca) ni
una mamarrachada”.
miércoles, 24 de abril de 2013
El poder estructural de Alemania
Berlín está logrando imponer su modelo económico, muy alejado del
anglosajón.
Susan
Strange, una de las fundadoras de la disciplina de la nueva economía política
internacional, explicaba en su clásico States and Markets de 1988 la diferencia entre los dos
tipos de poder que se ejercen en la economía internacional: el relacional y el
estructural. El poder relacional hace referencia al poder tal y como lo
entiende la escuela realista de las relaciones internacionales; es decir, a la
capacidad de A de hacer que B haga algo que no haría si A no existiera. Sin
embargo, Strange subrayaba que el poder estructural, que es mucho más sutil, es
el que se utiliza cada vez más en las relaciones internacionales, especialmente
cuando nos referimos al ámbito económico. Se refiere a la capacidad de un
actor, normalmente un país, de moldear las estructuras de la economía política
internacional en las que se desenvuelven tanto otros países como las empresas,
las instituciones internacionales u otros actores no estatales, desde los
sindicatos hasta las comunidades científicas. El poder estructural incluye, por
tanto, la capacidad de dominar el mundo de las ideas y de imponer una
interpretación de la realidad que sea hegemónica e incontestable y que, por
tanto, determine indirectamente tanto las decisiones que se adoptan en política
económica como las prioridades sobre las que se debate. Es un poder más difícil
de percibir y tremendamente efectivo, ya que no es necesario actuar
continuamente para ejercerlo y, por tanto, quien lo despliega no es percibido
como un actor que impone sus intereses continuamente, cuando en realidad es lo
que hace, aunque sea de forma indirecta.
Desde la
formulación original de Strange, esta conceptualización del poder ha servido
para explicar cómo la hegemonía estadounidense daba forma al orden económico
internacional de la posguerra, impulsando (y en ocasiones imponiendo
indirectamente) regímenes institucionales que le beneficiaban. Más
recientemente, en los años noventa, se ha utilizado para explicar cómo Estados
Unidos ha impulsado la globalización financiera.
Las soluciones de salida de la crisis a la
americana o a la japonesa han sido prácticamente desterradas en Europa
La
novedad es que el concepto de poder estructural es útil ahora también para
entender el comportamiento de Alemania ante la crisis del euro. Alemania está
logrando imponer su interpretación de la crisis, según la cual el problema es
el exceso de gasto y la baja competitividad en los países del sur y, por tanto,
la solución pasa por la austeridad y las reformas estructurales en los países
periféricos. Poco a poco, está logrando que esta narrativa se integre en las
nuevas reglas europeas cambiando la simetría cooperativa que caracterizaba el
método comunitario y sustituyéndola por un intergubernamentalismo asimétrico de
acreedores frente a deudores. Así, el Pacto Fiscal y el resto de reformas de la
gobernanza económica europea, los mecanismos de decisión y actuación del fondo
de rescate europeo (el MEDE), la forma de abordar la unión bancaria o la idea
de incorporar “contratos” entre la Comisión Europea y los Estados miembros para
asegurar el avance de las reformas estructurales, además de responder a los
intereses de corto plazo de Alemania, le permiten fijar un marco de actuación
que restringe el margen de maniobra de sus socios para realizar políticas que
considera inadecuadas, sin la necesidad de estar vetándolas continuamente. Así,
las soluciones de salida de la crisis a la americana (vía impulsos fiscales o
política monetaria expansiva heterodoxa) o a la japonesa (vía adopción de
objetivos más elevados de inflación para acelerar el desapalancamiento
financiero y, de paso, promover las exportaciones), han sido prácticamente
desterradas del debate en Europa. Alemania (y sus satélites del norte de
Europa) está consiguiendo que las nuevas reglas económicas que se están
construyendo para la unión monetaria fijen de forma inamovible una doctrina
económica particular, que se asemeja al modelo ordoliberal germánico. Esta
visión del capitalismo es distinta del modelo anglosajón imperante en Reino
Unido y Estados Unidos. El ordoliberlismo desconfía tanto de las políticas
keynesianas de estímulo como de la autorregulación de los mercados, aboga por
la existencia de un Estado fuerte que ayude a construir una sociedad armónica y
cohesionada, aborrece la inflación y el endeudamiento y tiene a las
exportaciones y no a la demanda interna como motor principal del crecimiento.
Esta visión casa bien con el componente estatista que tiene buena acogida en
Francia pero choca con la visión francesa de la Unión Europea.
Alemania,
que se siente incómoda teniendo que ejercer el liderazgo en Europa y que está
cansada de que le acusen de imperialista, ha optado por intentar que su visión
económica sea la única viable en la zona euro que salga de la crisis. Cuando
los países del sur de Europa despierten de la pesadilla económica en la que
están inmersos, puede que se vean obligados a alemanizar sus economías sin que
Alemania tenga que hacer nada para imponérselo. Esta es la aparición del poder
estructural en la Unión Europea y supone un cambio radical en su
funcionamiento.
Federico
Steinberg es
investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
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