Siguen sin escuchar los reclamos de una ciudadanía
cada vez más activa y consciente de sus derechos.
El gobierno
nacional sigue sin escuchar los reclamos de una ciudadanía cada vez más activa
y consciente de sus derechos. La conmovedora manifestación del 18A superó a las anteriores no
sólo en cantidad de concurrentes (que la Policía Federal, por órdenes
superiores, estimó en un 10% de la real, como un nuevo Indec de las
movilizaciones ciudadanas) sino en la calidad de sus consignas. Éstas se
redujeron básicamente a dos: rechazar los ataques a la independencia judicial y
expresar su profundo malestar por la galopante corrupción. Son, en verdad, dos
caras de la misma moneda.
Politizar, en el peor sentido del
término, al Poder Judicial, para someterlo completamente al Poder Ejecutivo
El golpe a
la justicia independiente que impulsa el Poder Ejecutivo se
expresa a través de tres leyes funestas: la del copamiento oficialista del Consejo
de la Magistratura, la del vaciamiento de la Corte Suprema mediante la creación
de Cámaras de Casación adictas y la de virtual eliminación de las medidas
cautelares que no sean del agrado del Gobierno.
Esas tres leyes vienen envueltas en otras tres, cuyos
fines de transparencia, publicidad y meritocracia son tan unánimemente
compartidos como curiosos por provenir del único poder que no los aplica en
modo alguno. Su redacción defectuosa revela, además, la improvisación con que
fueron elaboradas. Pero el corazón del paquete está en las anteriores, cuyo
objetivo es claro e inequívoco: politizar, en el peor sentido del término, al
Poder Judicial, para someterlo completamente al Poder Ejecutivo. A fin de
lograr ese propósito, como no les dan los números para imponerlo mediante una
reforma constitucional, quieren aprovechar una mayoría circunstancial para
reformar de hecho a la Constitución.
Que el absolutismo sea de origen
hereditario o popular no cambia su perversidad y el peligro que representa para
la vigencia de los derechos de los ciudadanos
La reforma constitucional de 1994 quiso reducir el
componente político en la selección y remoción de jueces, para que se combinara
con criterios de idoneidad. El Consejo de la Magistratura es el resultado de
esa voluntad. Ahora se lo pretende partidizar de la forma más cruda, mediante
elecciones populares en las que los candidatos deberán integrar las boletas de
partidos políticos. Se alega que las mayorías deben conducir los tres poderes y
que los jueces deben acompañar los deseos de esas mayorías. Llevar al extremo
ese argumento implicaría negar nada menos que el control de constitucionalidad.
Cuando una ley es declarada inconstitucional, esa decisión judicial es
"contramayoritaria", es decir, se opone a lo resuelto por los
representantes del pueblo. Si los magistrados se hallan impedidos de hacerlo,
porque deben alinearse a las diversas mayorías circunstanciales, se abre paso
al absolutismo. Fue contra ese sistema que nacieron las constituciones. Que el
absolutismo sea de origen hereditario o popular no cambia su perversidad y el
peligro que representa para la vigencia de los derechos de los ciudadanos.
En el mismo sentido, se intenta restringir, hasta
convertirlas en ineficaces, las medidas cautelares dictadas contra el Estado.
Ese privilegio para las autoridades públicas es contrario al Estado de Derecho,
que se caracteriza por la noción de que el Estado, que crea el Derecho, al
mismo tiempo se somete a él como cualquier particular.
Un cambio de régimen, sin una reforma
constitucional legalmente realizada
Finalmente, se procura crear Cámaras de Casación
como tribunales intermedios entre las cámaras actuales y la Corte Suprema, para
licuar la competencia del alto tribunal, debido a su probada independencia.
Sancionar estas
tres leyes nos aproximará a lo que Beatriz Sarlo describió hace un tiempo como
una de las metas del oficialismo: un cambio de régimen, sin una reforma
constitucional legalmente realizada. Es necesario frenar este desatino, que
configura el mayor retroceso que hayamos sufrido desde la restauración
democrática..
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