La Cámara de Representantes de EEUU aprueba un presupuesto bipartidista

La medida aleja el riesgo de cierre de Gobierno, como el que paralizó la Administración federal en octubre, por dos años.

YOLANDA MONGE Washington/EL PAÍS

 El Capitolio de Washington. / ANDREW HARRER (BLOOMBERG)

Un resultado contundente en la votación en la Cámara de Representantes del Congreso garantizaba a última hora de la tarde de este jueves un futuro a corto plazo en Estados Unidos libre de amenazas –y concreciones- de shutdown, el cierre del Gobierno que el pasado octubre paralizó durante 16 días la Administración federal con un alto coste social y económico.

Con 332 legisladores a favor y 94 en contra, la Cámara aprobaba el plan bipartidista presentado el pasado martes por los líderes del Congreso y que contempla una modesta reducción del déficit de 23.000 millones de dólares sin aumentar los impuestos y reduciendo partidas de gastos de manera más moderada a como impuso el secuestro económico en marzo a falta de acuerdo. El nuevo presupuesto se aprueba tras tres años de gobernar a golpe de crisis y garantiza la tranquilidad presupuestaria por dos años. El plan fue aprobado casi por igual número de congresistas republicanos -169- que demócratas -163-.

“Consideramos lo sucedido un paso en la dirección adecuada hacia nuestro objetivo final”, ha dicho el presidente del Comité Presupuestario, el legislador Paul Ryan, quien esbozó el plan junto a su contraparte en el Senado, Patty Murray, demócrata por Washington.

Con el calendario ya sin hojas lectivas para los legisladores que mañana inician sus vacaciones navideñas, el presupuesto debía de haberse votado en la Cámara pasado el mediodía de hoy. Pero seis horas más tarde seguía sin haber votación, debido al intento de descarrilamiento del plan por parte de los sectores más radicales de la derecha afines al Tea Party, que consideran que supone un giro en la dirección equivocada, como expresó el senador Ted Cruz.

En esta ocasión y a diferencia de las luchas vividas en los últimos tres años, la tregua firmada por demócratas y republicanos a principios de semana fue el pistoletazo de salida para que el presidente de la Cámara, John Boehner, desenterrara el hacha de guerra y plantara cara a los grupos conservadores que operan tras las bambalinas del Congreso intentando torpedear el acuerdo que ofrece, al menos, dos años de paz presupuestaria. Todo apunta a que Boehner ha decidido dar un paso al frente y dejar de ser la marioneta que maneja el reaccionario Tea Party.

Boehner acusó a Heritage Action, FreedomWorks y el Club for Growth de engañar a sus bases y oponerse a un plan del todo razonable con el simple objetivo de hacer crecer sus perfiles políticos y mejorar sus cuentas de recaudación de fondos. “Francamente”, dijo el presidente Boehner visiblemente molesto, “creo que han perdido toda credibilidad”.

Tras muchos desencuentros, amenazas de suspensión de pagos y 16 días de paralización de la Administración federal, los sondeos no pintaban bien para los republicanos, a quienes los votantes castigaban, lo que hizo que incluso republicanos recalcitrantes tiraran la toalla en una pelea ya muy larga y optaran por el consenso, por muy modesto que sea, pero consenso, tras las muchas tensiones, rupturas y reproches vividos en los últimos tres años.

La siguiente parada del proceso es el Senado, donde tanto el plan presupuestario como las leyes de defensa aprobadas hoy por la Cámara –que entre otras cosas refuerzan la protección a los militares víctimas de asaltos sexuales y deja abierto y en funcionamiento el centro de detención de Guantánamo –a lo que se oponía Obama- deberá votarse la semana que viene, antes de que los senadores inicien el receso navideño. Sin embargo, el voto de la conocida como Farm Bill –que incluye la financiación de los cupones alimentarios- tendrá ya que esperar a que el Capitolio vuelva a sus sesiones el año que viene.

Las nuevas cuentas aprobadas por la Cámara eliminan 63.000 millones de recortes automáticos que estaban en marcha desde marzo como parte del tristemente famoso ‘sequester’ (secuestro), una medida que se implantó de forma provisional para evitar lo que nadie quería y que acabó por concretarse, dañando en especial al ingente presupuesto del Pentágono.

El plan se financiará no con un aumento de ingresos a través de impuestos –defendido por los demócratas- sino recortando salarios y beneficios a los empleados federales y militares para lograr un equilibrio. El nivel de gasto se sitúa así a medio camino entre lo que pedían los demócratas y los republicanos, con 1.012 billones de dólares en el año fiscal 2014 (en marcha) y 1.014 billones de dólares en el próximo ejercicio. 

Una democracia sin vocación de serlo

Por Alejandro Katz  | Para LA NACION

Todos tienen razón: 30 años de democracia deben ser celebrados. Ha de celebrarse la continuidad del sistema institucional; también, la política de defensa de los derechos humanos y los otros derechos obtenidos, algunos de ellos antiguos, como el que permite interrumpir un matrimonio, y otros más jóvenes, como la unión de personas de un mismo sexo.

Sí, 30 años de democracia deben ser celebrados. Pero al final de la celebración -las fiestas de las palabras y la de la Plaza, la de la autoexaltación y la del homenaje colectivo- queda un sabor extraño: como si para los argentinos la democracia fuera la ausencia de dictadura.

Es comprensible. La memoria de la dictadura es tan horrenda que, por el solo hecho de no vivir ya bajo su espeso manto de locura, la democracia parece convertirse en más de lo que muchos pudimos, alguna vez, imaginar.

"Ya se sabe -hizo decir Cervantes al Quijote- que toda comparación es odiosa, y, así, no hay para qué comparar a nadie con nadie." Pero, entre nosotros, la comparación de la democracia con la dictadura no parece ser ni tan odiosa ni tan inútil. Treinta años después, la dictadura se ha transformado en un espejo mágico: al reflejarse en él, nuestra escuálida democracia embellece sus rasgos, estiliza sus formas y confiere a sus protagonistas el aura de quienes se sienten dignos de figurar en el Gran Libro de la Historia.

Poderosa para enaltecer el tiempo presente a la luz de los fantasmas de una época monstruosa, la dictadura no lo es tanto, sin embargo, como para amenazar a esta democracia que, sin temores ni controles, dedica más esfuerzo a la complacencia que al rigor de las tareas que debe cumplir: retirado el espejo, y observado nuestro país bajo la cruda luz crepuscular que lo ilumina, pocas razones tenemos los argentinos para enorgullecernos de lo construido desde entonces.

En 1986, el ensayista mexicano Enrique Krauze publicó un libro famosamente titulado Por una democracia sin adjetivos . En él reclamaba para México, gobernado continuadamente desde hacía 60 años por el Partido Revolucionario Institucional, un régimen democrático: no más distinciones, decía, entre democracia social, democracia de mercado, democracia formal, democracia real, democracia económica. Simplemente, democracia. Diez años más tarde, los académicos norteamericanos David Collier y Steven Levitsky dieron a conocer un trabajo importante: "Por una democracia con adjetivos". En él, intentaron "precisar la noción de democracia" y crear "varias formas y subtipos" para entender mejor los numerosos y diversos regímenes surgidos de la caída del Muro de Berlín y de la retirada de las dictaduras en América latina. Una de las conclusiones de aquel trabajo subrayaba la conveniencia, para una mejor comprensión del concepto, de pensar la democracia en términos de grado y no sólo ni principalmente de manera dicotómica: más allá de la alternativa entre autoritarismo y democracia, Collier y Levitsky identificaron regímenes posautoritarios "híbridos" o de carácter "mixto". Muchas investigaciones recientes, decían los autores, "parecen reflejar una creciente preocupación respecto de que la sola existencia (y persistencia) de procedimientos democráticos básicos no garantiza la existencia de la gama más amplia del tipo de resultados políticos, económicos y sociales que hemos llegado a asociar con la democracia, tal como es practicada en el Occidente industrializado".

La noción misma de "grados de democracia" resulta incómoda, no sólo porque mitiga la satisfacción por compartir "ese régimen que no es una dictadura"; es especialmente incómoda porque obliga a preguntarse qué grados diversos de democracia ha vivido nuestra frágil república desde 1983 y, sobre todo, si en esos grados nos hemos movido hacia una democracia de mejor o de peor calidad. Y, si esa noción es incómoda, las respuestas que es posible dar a estas preguntas lo son más aún. Por eso, la celebración es principalmente la invocación de ese espejo mágico que nos devuelve una imagen reconfortante, la puesta en la escena pública de esa dictadura contra la que nos comparamos: otras comparaciones serían, seguramente, como dice el Quijote, odiosas. Ésta es reparadora: no ser como aquello, no ser ya, ¡y nunca más serlo!, aquello, se convierte así en una aspiración lograda.

Si nuestra sociedad está satisfecha con ese logro es porque la democracia argentina es cada vez más mezquina: concede allí donde el costo, material o simbólico, es modesto o inexistente. Los derechos que han ido incorporándose exigen poco de quienes no se benefician de ellos. Exigen poco: quizá sea ésa la forma de expresarlo. La democracia que hemos sabido construir es poco exigente, y la sociedad se siente satisfecha con ella: la celebra, se conforma con que no sea como aquello otro, no la interroga ni la cuestiona ni se pregunta si podría ser mejor y en ese caso cómo hacerlo.

Pero, al cabo de 30 años de darle la oportunidad ininterrumpida de ser algo más que un modo de selección de gobernantes, quizá haya llegado la hora de aceptar que si bien la Argentina tiene en efecto un régimen democrático no es, sin embargo, para utilizar la distinción de Guillermo O'Donnell, un Estado democrático: el aparato institucional y legal del Estado no ha sabido garantizar el derecho de los ciudadanos a una protección justa y equitativa en sus relaciones sociales y económicas.

Si de grados de democracia se trata, no queda más que aceptar que nuestro país ha descendido, desde el primer gobierno surgido de elecciones libres en 1983, en la escala con que es posible juzgar la calidad de nuestra vida común. Desde entonces, la ampliación del mundo de la pobreza y de la marginación y la degradación sostenida de los bienes públicos -desde las infraestructuras hasta, principalmente, la educación- han ido convirtiendo a nuestro país en un archipiélago en el que islas de miseria permanente son fronterizas de territorios de opulencia, en el que las provincias y los grandes municipios funcionan como feudos y la calidad de los bienes privados se ha ido distanciando, cada vez más, de la de los bienes públicos. Las promesas de cada gobierno, desde entonces, han terminado fundamentalmente en fracaso, frustración y dolor. Nada hace pensar que será diferente.

Como conjunto de asunciones acerca de qué debe ser la ciudadanía y qué debe ser la libertad, nuestra democracia abreva en dos tradiciones, la liberal y la republicana. La primera sostiene que la libertad consiste en la capacidad de las personas de elegir sus propios valores y metas vitales, sin interferencia ni coerción alguna del Estado ni de los otros. Para la segunda, la libertad depende de nuestra capacidad de concebir y compartir el autogobierno colectivo. La idea liberal pone el énfasis en la libertad individual y sus derechos; la republicana, en la ciudadanía y sus deberes. En la tensión entre ambas tradiciones se resuelven las dificultades y los proyectos reales de las sociedades integradas del mundo actual, y la alternativa prevalencia de una sobre otra orienta y modela los destinos colectivos. La idea liberal no siempre es mezquina: en muchas de sus versiones sostiene que el gobierno debe asegurar a todos los ciudadanos un nivel decente de ingresos, vivienda, salud y educación porque quienes están aplastados por necesidades económicas no son verdaderamente libres para tomar decisiones sobre sus propias vidas. La idea republicana no es necesariamente intolerante con la libertad individual.

En ambas tradiciones, la preocupación es a un mismo tiempo por el presente y por el futuro: cómo articular lo público con lo privado, cómo construir destinos individuales y colectivos, cómo vivir juntos. Pero sometida a la erosión producida por la destrucción de la vida pública, la mayor degradación que ha sufrido esa democracia cuya celebración realizamos satisfechos es justamente su incapacidad para crear visiones compartidas de un futuro común, y el desamparo en que deja a una parte cada vez mayor de la población para decidir sobre su propio destino. Ni libertad individual ni autogobierno colectivo, ni decisiones individuales ni deliberación entre ciudadanos iguales sobre el bien común y el futuro de la comunidad política.

La democracia es a la vez refractaria a los adjetivos -debe ser tan sólo eso que designa nuestra elección de un modo de vida en común-, y está necesitada de ellos, para que podamos comprenderla y mejorarla. La nuestra, empobrecida, ya no está amenazada por posibles dictaduras: está amenazada por sí misma. No es que se trate de una democracia sin adjetivos ni de una democracia adjetivada. Se trata, y nada podría ser peor, de una democracia sin vocación de ser algo más que la ausencia de una dictadura.

© LA NACION. 

Mujica, furioso con la ONU:"Dígale a ese viejo que no mienta"

El presidente uruguayo se refirió así al funcionario de Naciones Unidas que cargó duro contra Uruguay por liberar la marihuana. “Que venga y se reúne conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna”, dijo.

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Tras las duras críticas lanzadas por Naciones Unidas por la decisión de Uruguay de legalizar el cultivo y el consumo de marihuana, la reacción del presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, no se hizo esperar. "Dígale a ese viejo que no mienta", dijo el mandatario al referirse a las declaraciones del  presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans. 

"Conmigo se reúne cualquier tipo (persona) en la calle. Que venga a Uruguay y se reúne conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna", continuó Mujica en declaraciones al programa uruguayo Telenoche.

"Porque están en un puesto de pedestal se creen que pueden decir cualquier bolazo", agregó el presidente uruguayo.

"Que venga, pero me va a tener que aclarar lo que pasa en un montón de estados norteamericanos, donde cada uno de ellos, solo con la capital, superan la población de Uruguay. ¿O tienen dos discursos, uno para Uruguay y otro para los que son fuertes?", concluyó, en referencia a las legislaciones de los estados estadounidenses de Washington y Colorado.

La JIFE, cuya función es fiscalizar el cumplimiento de los tratados y convenciones vinculadas a drogas y recabar información para actualizar los listados de drogas prohibidas por la ONU, advirtió con severidad al gobierno uruguayo de que la norma viola tratados internacionales, a los que el país ha adherido.

En una nota emitida en Viena, Yans manifestó su “sorpresa” al conocer que “un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de Derecho internacional, haya decidido deliberadamente ignorar las disposiciones legales universalmente acordadas”. 

Lamentó que con la ley “Uruguay contravenga la Convención de 1961 sobre Narcóticos”, de la que forma parte. “El objetivo principal de ese tratado es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia”, indicó Yans. “La decisión del legislador uruguayo no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”. Destacó además que, “en particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente su desarrollo”. 

Fuente: Agencias 

Democracia en Argentina: treinta años para volver a empezar

 

 

La política nunca se recompuso desde la crisis de 2001.

 

 

HÉCTOR E. SCHAMIS/EL PAÍS 

Fue un 10 de diciembre de hace treinta años. Llegaba a la presidencia Raúl Alfonsín, de la mano del Partido Radical y el movimiento de derechos humanos. En un país de necios, su discurso fue revolucionario: la tortura y la desaparición no ocurren cuando la constitución está vigente. Su primera decisión fue derogar el decreto de auto-amnistía del gobierno militar y crear la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Sobre el informe de esa comisión actuó la justicia, condenando a las juntas. Si Mandela se conformaría con la verdad y la reconciliación, Alfonsin se animaba a más.

Pero esto era en los ochenta, y los militares conservaban una cuota importante de poder. Los intentos de golpe acorralaron a Alfonsín, obligándolo a terminar con los juicios (punto final) y limitar responsabilidades penales a las jerarquías militares (obediencia debida). La crisis de la deuda y la hiperinflación hicieron el resto, y Alfonsín dejó el poder antes de completar su mandato, y por no estar dispuesto a indultar a las juntas (lo cual haría su sucesor). No obstante, dejó un legado inigualable, una gramática y un vocabulario nuevos: la democracia, y la certeza de que ningún otro orden político garantiza los derechos fundamentales de las personas.

Lo sucedió Carlos Menem en julio de 1989. La inflación mensual era de 190 por ciento y las reservas del Banco Central habían descendido a 500 millones de dólares. Su discurso electoral hablaba de salariazo, pero su política económica fue estabilización, privatización y apertura comercial. Hacia 1991 la inflación se redujo a menos de 4 por ciento; y allí se quedó por el resto de la década. El tipo de cambio fijo apreció la moneda, y los argentinos viajaron y consumieron como nunca. También conocieron lo que era vivir sin inflación, pero se endeudaron como nunca, el problema fue que en moneda extranjera.

Menem sacó ventaja de ello y cambió la constitución para quedarse cuatro años más, gobernando ahora en la recesión. Cuando llegó la hora de partir, también se fue dejando un legado: los países prósperos, los socios de Argentina en inversión, comercio e integración, eran capitalistas. Con diferentes tamaños y tipos de estado, y distintas estructuras de distribución del ingreso y la riqueza, el capitalismo es el nombre del juego que se juega. Que, además, ese legado fuera de un peronista, no fue poca cosa. Argentina había arribado así a un amplio consenso social en favor de la democracia capitalista.

Llegó el radical Fernando de la Rúa en 1999, quien priorizó la estabilidad y mantuvo la misma política monetaria. Argentina comenzó a emitir deuda a tasas de interés exorbitantes para financiar el déficit de cuenta corriente acumulado. La devaluación y el default fueron inevitables. Produjeron la crisis económica más profunda de la historia del país, seguida de la implosión del sistema político. Se fue De la Rúa, pero la sociedad pedía “que se vayan todos”. En rigor de verdad, la política nunca se recompuso desde aquella crisis de 2001.

Eduardo Duhalde—un peronista que llegó a la presidencia en enero de 2002 por un acuerdo parlamentario con Alfonsin, ahora senador—le dio oxígeno al sistema y gobernó la transición. El radicalismo carecía de credibilidad, y con tres peronistas compitiendo entre sí por la presidencia en 2003, el sistema de partidos perdió toda cohesión. Néstor Kirchner llegó al Gobierno con un magro 23 por ciento de los votos, y eso lo obligó al acuerdo con otras fuerzas; la externalidad positiva de la debilidad. Esto hasta la elección parlamentaria de 2005, cuando creyó que un buen resultado electoral era una señal para ejercer el poder a voluntad.

Y así lo hizo, se reestructuró la deuda en default, los precios internacionales se fortalecieron a niveles sin precedentes, y la economía comenzó a crecer a “tasas chinas”, como solían decir los Kirchner. Así idearon un sistema por el cual el matrimonio gobernante se alternaría en el poder, ocho años cada uno por dieciséis años en la presidencia; el nepotismo en su expresión más acabada, el poder como bien ganancial.

De allí en más, la política y el estado se diseñaron en base a la arbitrariedad del matrimonio gobernante. Después de todo, los Kirchner nunca fueron fanáticos de la democracia, excepto en las elecciones ganadas por ellos, y siempre desconfiaron del capitalismo, excepto cuando se tratara de enriquecer a sus socios políticos. Reivindicaron a las víctimas de los setenta, derogando las leyes de punto final y obediencia debida, pero al mismo reduciendo a las organizaciones de derechos humanos a apéndices del estado, desvirtuando su esencia de sociedad civil y contaminándolas con corrupción. Reformaron la Corte Suprema, pero avanzaron sobre ella cuando esta intentó mantener su independencia, y sistemáticamente desobedecieron las sentencias adversas, supuestamente para “democratizar la justicia”. Cuando la inflación y el déficit fiscal comenzaron a crecer, y la pobreza y la desigualdad dejaron de descender, la solución fue inventar las estadísticas. Y cuando la prensa se hizo crítica, la solución fue destruir a las empresas periodísticas, e intimidar y difamar a los periodistas, en este caso para “democratizar la información”.

El legado es un país sin confianza en las instituciones estatales, con un capitalismo que funciona sólo para los amigos y con una economía desquiciada por la ausencia de reglas predecibles y al borde de la crisis. Peor aún, quedan dos años de un gobierno que deja en la sociedad una herencia de descomposición del tejido social, anomia e informalidad; esa es la “década ganada” de los Kirchner. No sólo han sido autoritarios sino también incapaces de administrar el estado y la economía.

La política, a su vez, es un campo de batalla, con un gobierno que por medio de la confrontación constante fragmentó el sistema político y destrozó todo vestigio de civilidad. La Argentina hoy es un monumental síndrome de Estocolmo. Un gobierno que ha tenido a la sociedad como rehén por diez años y que ahora, sin recursos fiscales ni capital político, se muestra sensato y dispuesto al diálogo. Demasiado poco, demasiado tarde para que el rehén crea que el secuestrador no era tan malo. Treinta años más tarde, una generación entera, la democracia argentina tiene que comenzar de nuevo.

Hector E. Schamis es profesor en Georgetown University, Washington DC 

México abre el petróleo a la inversión privada y extranjera

 

 

El PRI y la derecha aprueban en el Senado la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

 

La izquierda los califica de “traidores a la patria”.

 

La ley debe ser ratificada por los diputados.

 

LUIS PABLO BEAUREGARD México/EL PAÍS

 Senadores de la izquierda mexicana, en contra de la reforma energética / EFE

México pasó página a 75 años de nacionalismo en la industria energética. El Senado mexicano aprobó esta madrugada en lo general, en una maratoniana sesión que ha durado más de 12 horas, la apertura de la industria de los hidrocarburos a la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras. El Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido en el Gobierno) junto con el Partido Verde, aliados con la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN) pusieron fin, con 95 votos en favor y 28 en contra, a la política energética que Lázaro Cárdenas inauguró en 1938 con la expropiación petrolera.

La sesión tuvo algunos momentos de tensión por las protestas de la izquierda, que incluso tomó la tribuna al quejarse de ser orillada de la discusión. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) acusaron que se “privatiza” la industria y señalaron como “traidores a la patria” a quienes aprobaron la llamada reforma energética, la última de gran calado que el presidente Enrique Peña Nieto se propuso en su primer año de Gobierno.

La reforma modifica tres artículos de la Constitución, lo que fue una clara afrenta a la izquierda, que dejó claro desde el inicio de las negociaciones, en el seno de los acuerdos del Pacto por México, en septiembre de 2012, que no apoyarían leyes que tocaran textos de la carta magna referentes a la propiedad y explotación de los recursos energéticos. Con la modificación, se permite la entrada de las empresas de capital privado a la industria energética mexicana mediante contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias. Sin embargo, el texto de la reforma deja una puerta abierta a otras modalidades de asociación entre las empresas y el Estado, luego de que los senadores añadieran la frase "entre otras" en el artículo cuarto transitorio del proyecto de reforma. El Estado, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, será el encargado de otorgar los contratos a las compañías para exploración y extracción. La iniciativa aprobada la medianoche del martes es mucho más ambiciosa que la presentada por el presidente Peña Nieto en agosto pasado, que solo contemplaba los contratos de utilidad compartida. Fue la derecha la que buscó un modelo más abierto a la inversión privada y el PRI secundó esa propuesta.

La reforma no rompe con uno de los cimientos de la reforma cardenista, promulgada a finales de los 30 del siglo pasado. El petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Los senadores de izquierda, sin embargo, aseguran que esto es un engaño. “La licencia de contrato es lo mismo que una concesión. Se cede la propiedad del petróleo”, dijo la noche de este martes el senador Luis Sánchez Jiménez. Los senadores del partido en el Gobierno aseguran que las concesiones no podrán celebrarse en la explotación de petróleo, gas, minerales radioactivos ni en el sistema de distribución eléctrica del país. Las empresas extranjeras, no obstante, podrán incluir en sus informes contables las ganancias esperadas por explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos.

Durante más de ocho horas, los senadores que representan al partido en el Gobierno subieron a la tribuna a explicar el declive en la producción petrolera en el país en los últimos años y por qué la industria requiere una cirugía mayor. “El estado de Texas produce más barriles de petróleo que nosotros”, dijo Humberto Mayans, del PRI. Los senadores de la izquierda, en cambio, defendían a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa próspera, la 14 a nivel mundial, cuyas ventas en 2012 representaron el 11 por ciento del PIB mexicano. Solicitaron, en más de una ocasión, que se hiciera un referendo en todo el país para consultar la apertura del sector. Y criticaron que la reforma no combatiera la corrupción que se ha presentado en la empresa. Dos senadores de la derecha votaron en contra de la iniciativa, oponiéndose al voto mayoritario de su bancada. Javier Corral, uno de ellos, señaló que “esta reforma necesaria solo debía de aprobarse si combate la corrupción en la industria. Nada propone para erradicarla. Lo que se avista no es nada prometedor”.

La reforma le da un margen de dos años a las empresas públicas descentralizadas -Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- para convertirse en “empresas productivas de Estado”, un término ambiguo que las llama a ser más competitivas y adoptar las mejores “prácticas a nivel internacional”. El nuevo esquema dibujado en la reforma otorga a Pemex prioridad a la hora de elegir yacimientos, con el permiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta forma se asegura seguir siendo competitiva frente a otras empresas que podrían comenzar a trabajar con mayor capacidad y mejor tecnología.

Uno de los requisitos de la derecha para apoyar la reforma del Gobierno fue borrar al poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, donde tienen presencia desde hace más de 70 años y ocupan cinco de las 15 plazas que lo conforman. Este cambio, impulsado también por el PAN, probó la fama de pragmático que tiene Peña Nieto, que apoyó el golpe al sindicato que ha representado un bastión del partido tricolor al punto de enfrentar cargos penales por millonarios desvíos de recursos al PRI en campañas electorales.

La ley aprobada crea también el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una gran bolsa que gestionará las ganancias de Pemex. El dinero será destinado a pagar el gasto corriente, el presupuesto de egresos, a financiar proyectos de ciencia y tecnología y a cubrir la pensión universal, prometida por el ministro de Hacienda este año.

La izquierda ha reservado la totalidad de la reforma, proponiendo modificaciones a cada párrafo que compone el dictamen que se ha aprobado en lo general. La sesión ha durado doce horas y todavía continúa. Aún existe una lista suficiente de oradores para que transcurran 12 horas más de la histórica sesión. Cuando ésta finalice el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde el PRI y el PAN, que tienen mayoría, han acordado aprobarla sin que pase por comisiones y evitar así que sea congelada. Después, 17 de los 32 Congresos estatales deberán ratificarla por tratarse de una modificación constitucional.

 Los trabajos del Senado ocurrieron en medio de estrictas medidas de seguridad. La sede de la llamada Cámara Alta, en el centro de la capital mexicana, fue resguardada desde la semana pasada por un fuerte cordón policial. Los simpatizantes del excandidato Andrés Manuel López Obrador montaron desde el miércoles pasado un cerco para tratar de evitar el voto de la iniciativa de ley. El líder de la izquierda no pudo estar en las protestas pues sufrió un infarto hace ocho días. Aunque sus seguidores se apersonaron en los alrededores del recinto senatorial, nunca en un número que rebasara por mucho el millar, la protesta no escaló más allá de obligar a los senadores a pernoctar en hoteles adyacentes a su sede. Ahora la Cámara de Diputados se prepra para recibir tanto el dictamen de ley como las protestas. 

Cristina aseguró que los saqueos fueron planificados

POR GUIDO BRASLAVSKY/clarín

Dijo que la protesta policial fue una “extorsión a la sociedad”. Pero no se refirió a los muertos en los incidentes. La oposición le recriminó que no suspendiera el festejo, a pesar del grave conflicto social.

Reaparición. Cristina habla en el Museo del Bicentenario al celebrar el aniversario de la democracia. En primera fila: De la Rúa y Rodríguez Saá, Alfonsín, Zaffaroni y Domínguez. / JUANO TESONE

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A pesar de los muertos, los saqueos y de la tensión policial que no cedía en varias provincias, Cristina Kirchner decidió seguir adelante ayer con la celebración por los 30 años de democracia, donde todo estuvo preparado para su reaparición frente al público masivo, sobre el cierre del festival en Plaza de Mayo. Un rato antes, al hablar en el Museo del Bicentenario, la Presidenta se refirió largamente al conflicto: “No son hechos que se producen por contagio, son de una planificación y ejecución quirúrgica ”, definió, convalidando la explicación de tipo conspirativa que blanden en estos días sus funcionarios. Cristina expresó su solidaridad con los afectados, pero en ningún momento aludió a los muertos y cientos de heridos.

Aunque por su extensión a 17 provincias, muertes y daños a la propiedad, este conflicto es el más grave de estos años, la Presidenta lo inscribió en línea con los sucesos del Parque Indoamericano en 2010 y los saqueos de los dos últimos veranos, siempre en diciembre. “No sólo es por contagio, tienen fecha precisa”, dijo con ironía.

En este sentido sostuvo que “hay instigación política de los que quieren ganar una elección hablando de seguridad”. Sin dar nombres, pareció convalidar la acusación que lanzó hace tres días el secretario de Justicia, Julián Alvarez, contra el ex jefe policial y actual concejal de Lanús por el Frente Renovador que responde a Sergio Massa, Salvador Baratta. El massismo tuvo la seguridad como uno de sus ejes en la campaña. “Esas políticas han fracasado, la inclusión social y el control civil (de las fuerzas de seguridad) es lo que garantiza la verdadera seguridad de la ciudadanía”, aseguró Cristina.

Antes, la conducción de la UCR; el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, entre otros referentes de la oposición, le recriminaron a la Presidenta que no suspendiera los festejos en la Plaza, pese al grave conflicto social.

La Presidenta llamó a condenar “ la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas”, y acusó a las policías alzadas de “liberar zonas”. Un discurso duro que contrasta con las negociaciones que llevan adelante gobernadores K, que les aumentan los sueldos o prometen hacerlo, buscando llegar a las Fiestas en paz.

En alusión a encarar reformas democratizadoras, la Presidenta llamó a hacer “lo mismo” con las fuerzas policiales que se hizo con las Fuerzas Armadas. Un párrafo muy aplaudido, incluso por el cuestionado jefe del Ejército, el general César Milani. En un acto donde ministros, gobernadores, y autoridades tuvieron todos su sitial, a Milani y a los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea los sentaron entre funcionarios de menor rango.

La convocatoria por los 30 años de la democracia fue un acto K en el que Cristina no se privó de enumerar los “logros” de su gobierno. Homenajeó a Madres y Abuelas (los pañuelos blancos poblaron la primera fila) y fue generosa en el reconocimiento al ex presidente Raúl Alfonsín, cuyo gobierno abrió el camino en 1983. Sólo dos ex presidentes aceptaron el inusual convite con el que la Casa Rosada buscó darle tinte ecuménico al aniversario: Fernando de la Rúa, y Adolfo Rodríguez Saá. Cristina ni los mencionó en público, aunque los recibió unos minutos en su despacho antes de dirigirse todos al Museo. Cuando terminó su discurso no saludó a sus invitados, esperó a que se acercaran. A de la Rúa le dio la mano fríamente, mientras que el puntano se llevó un beso cálido.

Una barra radical convivió con grupos K y se dio el gusto de cantar por Alfonsín.

Evidencia de la crisis en casi todas las provincias, hubo sólo tres gobernadores: Daniel Scioli, Oscar Jorge (La Pampa) y Luis Beder Herrera (La Rioja, que cerró un acuerdo con la policía días atrás).

Por ser el Día Universal de los Derechos Humanos, se entregó el premio Azucena Villaflor (fundadora de las Madres, secuestrada en 1977), esta vez a Joan Manuel Serrat, que dialogó con Cristina por videoconferencia desde Barcelona. 

Las mayores empresas de Internet piden a EE UU regular las leyes de espionaje

 

 

Un grupo de presión que incluye a Microsoft, Apple y Google inicia una campaña de lavado de imagen tras ser cómplices de las peticiones del Gobierno.

 

 

YOLANDA MONGE Washington/EL PAÍS 

Servidores de Google en Oklahoma. / CONNIE ZHOU (AP)

En una campaña de lavado de imagen e intentando hacer contención de daños tras el escándalo sobre el espionaje norteamericano revelado por el exanalista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad, siglas en inglés) Edward Snowden, ocho prominentes compañías tecnológicas han unido sus fuerzas para pedir al presidente y al Congreso de EE UU que establezcan nuevos límites a la vigilancia que realiza el Gobierno sobre sus usuarios.

Rivales en los negocios pero tratando de defender a quien, al fin y al cabo, son quienes compran o utilizan sus servicios y se han sentido traicionados por el uso dado a sus datos –que las compañías entregaron sin pudor a la NSA-, Google; Microsoft; Apple; Yahoo; Facebook; Twitter; AOL y LinkedIn han decidido hablar con una sola voz al presentar un plan para regular el espionaje a través de la red y pedir al Gobierno de EE UU que sea quien lidere el esfuerzo para que el mundo siga el mismo ejemplo.

“El equilibrio en muchos países se ha inclinado demasiado a favor del Estado y en contra de los derechos de los individuos, derechos que están consagrados en nuestra Constitución”, se lee en la carta abierta a Obama y el Congreso, que ha sido publicada en forma de anuncio en varios periódicos nacionales por los ejecutivos y fundadores de unas compañías que son importantes donantes de las campañas electorales políticas y con profundos intereses en Washington.

El equilibrio en muchos países se ha inclinado demasiado a favor del Estado y en contra de los derechos de los individuos, derechos que están consagrados en nuestra Constitución”

La Administración de Obama ya tiene abierta una revisión de los procedimientos que sigue la NSA debido a la indignación que se desató entre los consumidores tras las revelaciones hechas por Snowden la pasada primavera. El presidente dijo la semana pasada en una entrevista en la cadena MSNBC que “tras haber hecho una revisión independiente –con abogados, expertos en libertades civiles, …-“ propondría que la NSA se contuviera en el acceso a cierta información y que se iniciarán ciertas reformas para dar a los ciudadanos una confianza que parecen haber perdido.

El tema es cuando menos espinoso, ya que el modelo de negocio de esas empresas se basa en tener conocimiento de los datos de sus consumidores, datos que a la vez son anhelados por las agencias de espionaje, quienes hasta el momento han estado en buena sintonía con las compañías de internet y han entregado al Gobierno la información en su poder sobre sus usuarios cada vez que este se la ha solicitado con la ley en la mano.

La campaña propone restringir la capacidad de los Estados para pedir a las empresas datos sobre sus usuarios, ya que se está dañando “la confianza” que los clientes tienen en internet, lo que según un estudio citado por el diario The New York Times podría costar a la industria para el año 2016 hasta 180.000 millones de dólares en perdidas, una cuarta parte de sus ganancias.

Las empresas no hacen ninguna promesa sobre las propias prácticas de sus compañías, que sin dudad hasta el momento tampoco han resultado beneficiosas para los usuarios, a los que han dejado al descubierto al colaborar sin pudor con los Gobiernos

En la carta abierta a Washington, los grandes tecnológicos también reclaman la prohibición de la captación de datos en masa y “el reforzamiento de la transparencia”, con la suspensión de los tribunales secretos que en la actualidad son los que aprueban el espionaje digital. En la misiva, las compañías insisten en que están luchando por la privacidad de sus consumidores, ya que esta ha sufrido un duro revés tras el caso Snowden. Todas y cada una de las empresas antes citadas han tomado medidas legales, tecnológicas y de relaciones públicas para asegurar a sus clientes que su información personal está a salvo e intentar que sus marcas no se vean dañadas y pierdan volumen de negocio, que es al fin y al cabo lo que las motiva.

“Creemos con firmeza que las leyes y prácticas actuales deben de ser reformadas”, dice la coalición en la página en la que presenta su iniciativa, sin que los principios generales esbozados hagan mención específica a ningún país. Los cinco principios en los que se basa la petición de los grandes tecnológicos para regular las leyes de espionaje digital son: limitar la autoridad del gobierno para recolectar información de los usuarios; la supervisión y rendición de cuentas; la transparencia sobre las demandas del gobierno; el respeto al libre flujo de la información y evitar conflictos entre gobiernos.

Sin embargo, en esos principios no hay ninguna promesa sobre las propias prácticas de las compañías de internet, que sin dudad hasta el momento tampoco han resultado beneficiosas para los usuarios, a los que han dejado al descubierto al colaborar abiertamente con los Gobiernos.

De la petición a la Administración han quedado fuera las compañías de telecomunicaciones, que desde hace tiempo practican el acuerdo no firmado de entregar información sobre sus clientes así como obvian la transparencia a la hora de hacer público que se les ha solicitado.

Protesta policial en 17 provincias y cinco muertos

Al fallecido en Córdoba la semana pasada, se agregan un muerto en Jujuy, uno en Entre Ríos y tres en Chaco. En diez distritos las protestas siguen y en otros siete se aplacaron con subas salariales.

Protesta con bombos. Centenares de policías bonaerenses organizados por dos agrupaciones sindicales se manifestaron ayer en La Plata y forzaron una mejora salarial. /MAURICIO NIEVAS

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El conflicto policial que se inició la semana pasada en Córdoba se propagó por gran parte del país. Las policías de diez provincias mantenían protestas en distintos niveles y otras siete habían logrado encaminar la solución con propuestas de aumento salarial formuladas por los gobernadores. A raíz de los violentos saqueos que se produjeron en diferentes localidades de Jujuy, Entre Ríos y Chaco, se registraron cinco víctimas fatales.

En Jujuy murió un joven y otros dos permanecían muy graves por choques durante episodios de saqueos. La muerte ocurrió en Perico, mientras que en San Pedro, donde hubo 40 comercios destrozados y 60 detenidos, dos heridos seguían graves anoche.

En Resistencia, Chaco, murieron al menos tres personas. El director del Hospital Perrando de Resistencia, Cristian Obregón, confirmó en declaraciones al canal TN la muerte de un joven de 23 años que ingresó sin signos vitales a ese centro asistencial y de otras dos personas que murieron en los lugares donde se produjeron los saqueos.

Obregón detalló que una de las  víctimas habría muerto a causa de impactos de bala recibidos durante los asaltos que se sucedieron desde las 21,30 en inmediaciones a la avenida Castelli y calle 15, y el otro falleció en los saqueos registrados sobre la avenida Edison y calle 8 de Resistencia, donde se produjeron intercambios de disparos entre asaltantes, comerciantes y policías.

En Concordia, Entre Ríos, el domingo a última hora murió electrocutado un hombre que intentó robar un electrodoméstico enchufado durante un saqueo y ayer la ciudad seguía cruzada por barricadas callejeras. En Tucumán y Santa Fe la salida de las fuerzas de seguridad de las calles o su actitud pasiva fueron acompañadas también de saqueos a supermercados y casas de electrodomésticos. A su vez, en varios distritos del conurbano bonaerense los comerciantes cerraron sus locales a media tarde, temerosos de que la noche disparara una ola de robos. En distritos al sur y al oeste de la Capital Federal, esa inquietud se agravó además por los cortes de luz.

En Salta se registraron saqueos a comercios, aunque la policía no estaba en protesta. Hasta anoche, las policías provinciales que se mantenían en protesta o acuarteladas eran las de Jujuy, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Luis.

En Entre Ríos, los policías que habían tomado sedes de la fuerza consiguieron que el gobernador Sergio Urribarri llevara el sueldo inicial a 8.536 pesos y les diera tres cuotas de 3.700 pesos en noviembre, diciembre y enero. Según los negociadores de la policía, Urribarri admitió que la provincia no cuenta con fondos para solventar el aumento prometido pero aseguró que “los conseguiría para poder pagarlo”. Anoche, sin embargo, los policías rechazaron ese pacto.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli anunció que el salario inicial para un policía será de 8.570 pesos y con esa oferta logró desactivar el conflicto con la fuerza de seguridad más grande del país, con 57.000 agentes. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, miles de comercios en el interior bonaerense y en el conurbano cerraron sus puertas anticipadamente.

Esas dos negociaciones mantuvieron el nivel de lo acordado en Córdoba la semana pasada. Además, de Buenos Aires y Córdoba también habían conseguido un pacto salarial San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro y Neuquén. En Salta hubo saqueos en el centro de la capital y policías retirados y familiares comenzaron anoche una protesta, aunque sin participación de oficiales activos.

Desbordado por una situación que consideró “provincial”, el Gobierno nacional tuvo que trasladar gendarmes desde provincias que iban solucionando sus conflictos a las que comenzaban a mostrar contextos más violentos.

En el Ministerio de Seguridad siguieron con especial atención la situación en Jujuy y en Entre Ríos. Ayer llegaron 300 gendarmes a Concordia y la Prefectura comenzó a patrullar en la ciudad. Para el Gobierno, el mayor foco de tensión estuvo en la capital de Santa Fe. Allí, los policías rechazaron el ofrecimiento de 8.100 pesos.

En Seguridad, a su vez, aseguraron que la Nación no admitirá la sindicalización policial. Eso mismo sostuvo el ministro de Seguridad, Julio Alak, en una conferencia en la que consideró ilegal el reclamo y denunció un complot contra las instituciones en la víspera del trigésimo aniversario de la restauración democrática. Como prueba, Alak mostró una página en Facebook y denunció al massismo.