El PRI y el PAN eliminarán la prohibición a la
reelección de diputados y senadores. El PRD asegura que es una reforma
"tramposa" porque limita los derechos de los ciudadanos.
LUIS PABLO BEAUREGARD México/EL PAÍS
El
dictamen de la reforma política avanzó este lunes en las comisiones del Senado
mexicano en una discusión en la que no participó el Partido de la Revolución
Democrática (PRD, de
izquierdas). Las modificaciones constitucionales incluyen, entre otras, el fin
al veto a la reelección de legisladores y alcaldes, la creación de un Instituto
Nacional Electoral, la conversión de la actual Procuraduría a una Fiscalía
general y la anulación de elecciones en las que los candidatos rebasen los
techos de financiamiento. El proyecto será debatido en el pleno del Senado este
martes, donde se espera que los legisladores de izquierda muestren su rechazo a
una reforma que “limita los derechos de los ciudadanos”. Por este proyecto de
ley el PRD abandonó el pasado jueves el
Pacto por México y las mesas de negociaciones de las reformas
política y energética.
Cinco
comisiones del Senado aprobaron este lunes en lo general las 25 modificaciones
a artículos constitucionales que componen la llamada reforma política. Dos
senadores del Partido del Trabajo (PT) fueron los únicos representantes de la
izquierda presentes en los salones del Congreso. La mayoría estuvo conformada
por legisladores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y
del Partido Acción Nacional (PAN, de derechas). Omar Fayad, del
PRI, lamentó la ausencia de la izquierda y dijo que se "perdió la gran
oportunidad de impulsar todos juntos la reforma".
Alejandro
Encinas, del PRD, presidente de una de las comisiones que trabajan con el
dictamen, apareció de forma breve en la sesión para fijar el punto de vista de
su partido. Habló de las principales diferencias que se mantienen con sus
adversarios políticos. “Es inaceptable la pretensión de establecer la
reelección inmediata de diputados y senadores. Nadie puede legislar en su
propio beneficio”, señaló. El PAN, uno de los principales impulsores de esta
reforma, desea que los actuales legisladores puedan ser reelectos hasta por 12
años en cuanto termine su periodo (en 2015 para diputados y en 2018 para
senadores). A esto también se opone el PRI. “Fuimos electos sobre normas y
leyes claras que definen con toda precisión el término de nuestro mandato”,
dijo Encinas.
La
reforma que desea hacerse al artículo 59, que permitirá la reelección, señala:
“la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera
de los partidos integrantes de la coalición… tratándose de candidatos
independientes solo podrán postularse con ese mismo carácter”. Esto ha sido
interpretado como un candado para bloquear a aquellos ciudadanos que deseen
aspirar a un cargo sin estar cobijados por un partido. “Esto hace imposible
competir de forma exitosa a los candidatos independientes”, dice el senador del
PRD Manuel Camacho Solís. La redacción del artículo es vista, por algunos, como
una garantía para los partidos, que podrán limitar a los militantes que se
quieran reelegir sin el permiso de las cúpulas políticas que los postularon.
“¿Qué pasa si un legislador se queda sin partido antes de que termine su
encargo”, preguntó Javier Corral, del PAN, al resto de los integrantes de las
comisiones.
Las
elecciones en las que se demuestre que un candidato haya rebasado el techo de
financiamiento serán anuladas. El candidato que haya incurrido en la falta será
sancionado y no podrá volver a competir. También serán castigados aquellos
postulantes a puestos de elección popular que hayan usado dinero ilícito o que
hayan disfrazado propaganda como información en medios de comunicación.
La
reforma va más allá de lo electoral: también decreta la sustitución de la
Procuraduría General de la República por una Fiscalía Nacional de Justicia.
Permite la figura de Gobierno de coalición y otorga nuevas atribuciones y
funciones a las cámaras para aprobar y ratificar a los miembros del gabinete.
El actual Instituto Federal Electoral será sustituido por el Instituto Nacional
Electoral, un organismo semi centralizado que formará a los consejeros
estatales encargados de organizar las elecciones en las 32 entidades del país.
La mayoría de estos cambios entrarán en vigor en 2018, algo que también ha
creado polémica. “¿Para qué se hace una reforma si no se va a aplicar?”,
reflexiona Camacho.
Críticas
a la reforma
A la
sesión en el Senado acudieron miembros del movimiento #ReformaPolíticaYa, que
lucha por los derechos de los candidatos independientes y la posibilidad de
reelección para legisladores y alcaldes. “Esta reforma está poniendo piedras en
el camino a los candidatos ciudadanos”, dice Gonzalo Ibarra, integrante del
colectivo. Este tipo de candidaturas deben reglamentarse antes de julio de
2014, pero esta reforma quiere ampliar ese límite. Si esto sucede las próximas
elecciones se llevarán a cabo con las mismas reglas que las de 2012, cerrando
la posibilidad a los candidatos independientes. “Esto es una simulación”,
aseguró Ibarra vía telefónica desde Guadalajara.
Manuel
Camacho Solís, ex priista y hoy senador por el PRD, señala que la legislación
que se quiere adoptar es “tramposa” ya que limita los derechos ciudadanos. “Si
algo necesita la democracia mexicana es la inclusión y esta reforma parece que
no quiere que haya participación ciudadana”, dice. El senador lamenta que se
quiera bloquear la propuesta, del PRD, de incluir la figura de la Consulta
popular. “Como en Europa, donde se hace un referendo a los ciudadanos para
preguntarles si sus Estados deben de formar parte de la Unión Europea o de la
OTAN”, señala. La polémica, asegura Camacho, es que el PRI y el PAN “quieren
agregar un artículo que indica que no se puede someter a consulta algo ya
aprobado”.
Fayad,
del PRI, recuerda que el PRD estuvo presente en las negociaciones del dictamen.
"Si están en desacuerdo que lo debatan. No se vale levantarse de la mesa.
A veces hay que recordarles que no ganaron la presidencia. Esto se construye
con consensos", apunta. El senador, originario del estado de Hidalgo, pone
el ejemplo del Instituto Nacional de Elecciones. "Es un tema que propuso
el PRD y que no me termina de gustar porque centraliza funciones. Debemos ceder
ante nuestras posiciones, eso es importante en democracia", dice.
José
María Martínez, del PAN, señaló que el PRD “no debe tomar de rehén la reforma
política” y que las objeciones que pueda tener “deben verse en otra cancha y en
otro momento”. El PRI y sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza junto con
el PAN suman 100 de los 128 legisladores que conforman la cámara alta y quienes
previsiblemente aprobarán la reforma este martes.
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