Presentaciones de bonistas que entraron en el canje
y del país.
WASHINGTON.- Porque "viola normas
constitucionales"; porque, por momentos, parece "deliberadamente
ciego" y porque está llamado a provocar "daños irreparables por
65.000 millones de dólares" en beneficio de "especuladores" que
compraron "bonos por valor de 428" millones y a afectar la
credibilidad futura del sistema financiero internacional.
Con esos argumentos, entre otros, llegó anoche a la
justicia norteamericana el primer pedido de revisión de la lapidaria resolución
que, el 23 de agosto pasado, ratificó en su totalidad el fallo inicial del juez
Thomas Griesa en favor de los llamados "fondos buitre" y que, según
dijo en su momento la defensa argentina, el país "no piensa acatar".
El pedido de revisión fue firmado por los bonistas
que sí aceptaron el canje (los llamados Exchange Bondholders - EBG) y que
defienden la posición del país porque, de prosperar el fallo en favor de los
"buitres", sus intereses se verían afectados ya que podrían ser
embargados fondos destinados a pagarles.
Anoche también se esperaba la llegada a la Justicia
norteamericana de un recurso de similar intención del gobierno argentino.
Pero si bien los bonistas defienden en este caso no
otra cosa que la continuidad de los pagos que, por intereses, reciben del
Estado nacional, lo hacen, en todo caso, en línea con argumentos a los que
apela la Argentina.
Por caso, aseguran que, de prosperar el criterio
exhibido por el juez Thomas Griesa y ratificado por la Cámara de Apelaciones de
Nueva York, se abriría paso a "consecuencias devastadoras por la economía
global y para el sistema de reestructuración de deuda soberana".
Un argumento similar expuso en su momento el Fondo
Monetario Internacional (FMI), cuando intentó presentar un recurso en contra de
la demanda de los "buitres", opción de la que desistió luego de que
Estados Unidos le retirara su apoyo para hacerlo.
Con eso, insisten por la vía de que lo que está en
juego es mucho más que el futuro de la deuda argentina, algo que la Cámara ya
desestimó.
Son pocas las apuestas en el foro local en favor de
que el pedido de revisión prospere. Pero de lo que sí hay certeza es de que,
con eso, la defensa argentina gana tiempo.
Previsiblemente, la Cámara tiene ahora, por lo
menos, hasta fines de mes para dar una respuesta y todo eso incide en los
plazos procesales de eventuales futuras etapas.
Firmado por los abogados Sean O'Shea y David Boies,
el escrito sostiene que el fallo de la Corte peca, por momentos, de una
"formalidad que roza la ceguera voluntaria".
El reproche apunta a la defensa que hace el fallo
de los contratos de "especuladores" que compraron bonos por valor de
428 millones de dólares en perjuicio de quienes, por su buena fe, podrían verse
afectados "en forma irreparable" en más de 65.000 millones. Sostiene,
además, que es "violatorio" de normas constitucionales de los Estados
Unidos porque afecta la "propiedad indiscutible" de los integrantes
del EBG sin darles "compensación alguna".
El pedido de revisión aspira al difícil objetivo de
lograr un "en banc", tal como se llama al proceso por el que los
trece jueces de la Corte revisan un fallo producido, en este caso, por sólo
tres de ellos. Los antecedentes indican que son muy pocos los recursos de ese
tipo que se otorgan.
Si el recurso no prospera, la carta procesal más
firme que le quedará al país será la de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En esa instancia, se considera crucial lograr un -hasta ahora- incierto
pronunciamiento del gobierno norteamericano en favor de la posición del país.
Todo es parte del proceso por la demanda abierta por
los fondos NML Capital y Aurelius Capital, así como por una decena de
inversores privados, entre ellos, argentinos.
El fallo, cuya revisión se solicita, condenó al
país a pagar 1300 millones de dólares a los demandantes.
Pero la
Argentina sostiene que eso abriría paso a una catarata de juicios para cuya
atención "no alcanzarían ni siquiera" todas las reservas del Banco
Central. "Si el fallo se ratifica, mi cliente no lo acatará",
anticipó el abogado Jonathan Blackman ante los jueces, una afirmación que no
fue bien recibida..
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