ECONOMIA › TEMAS DE
DEBATE: LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y DISTRIBUCION DEL INGRESO
Los autores debaten sobre la estrategia del Gobierno
para conseguir una sociedad más igualitaria, con los límites para lograrlo y la
falta de vocación para ir más allá. Unos advierten sobre las dificultades,
otros ofrecen una estrategia alternativa.
Igualdades
Por Sandra Guimenez* y Paula Aguilar**
Circula
en las redes sociales una suerte de esquema que contrapone la igualdad que
estaría configurando el “modelo Nac & Pop” (así titula el folleto), versus
una propuesta a ese modelo que emana de quien armó el anónimo bosquejo bajo el
título “¿No sería mejor así?”.
¿Qué
se contrapone en el folleto? A dos sectores sociales que podríamos encuadrar
dentro del universo de pobres y vulnerables: beneficiarios de planes y
subsidios por un lado, y a empleados y trabajadores autónomos por el otro. Las
viñetas muestran en todos los casos un grupo familiar (matrimonio y un hijo)
sobre los que se indican las ventajas y desventajas que enfrentan.
A los
primeros se los coloca en el lugar de objetos clientelares de las políticas
oficiales, que reciben planes (los varones), vivienda, bolsones de alimentos,
netbooks y Asignación Universal por Hijo (las mujeres) a cambio de no pagar
impuestos ni servicios y cuyo único trabajo consistiría en asistir a los actos
del Gobierno. A los segundos se los coloca en el lugar de trabajadores que
cobran el salario mínimo por 12 horas diarias de trabajo, que viven en una casa
alquilada y que no reciben ninguna política pública. En el caso de las mujeres
“tienen que trabajar porque no alcanza el sueldo de su esposo”.
Los
primeros no trabajan, son “mantenidos” del modelo Nac & Pop a cambio de
rédito político, y los segundos son trabajadores que no son premiados por ello,
sino castigados al recibir malos servicios públicos y no tener netbooks por “no
poder pagar la cuota”. Por lo tanto, se indica, no habría igualdad porque
dichos grupos quedan desparejos respecto de lo que dan y reciben; incluso,
quienes más “pagan” (léase, al Estado) menos recogen. Queda claro, que, para
quien armó este bosquejo, los derechos se escinden de su efectivo cumplimiento
convirtiéndolos en dádiva, y la “igualdad” puede reclamarse sólo entre quienes
menos tienen. Omisión importante en la representación de la sociedad: los que
más tienen no figuran.
¿Qué
se propone para igualar? Que unos y otros accedan a un trabajo estable, que las
mujeres puedan quedarse en sus casas si así lo desean, que saquen crédito
hipotecario si lo prefieren, que paguen impuestos y puedan elegir la netbook
por sí mismos y que con su salario puedan ahorrar, invertir o irse de
vacaciones.
¿Qué
no mira esta propuesta? Que la sociedad incluye otros sectores además de los
más pobres, es decir, lógicamente incluye a los más ricos. Y por lo tanto, la
igualdad o la mayor cercanía a ella debe establecerse como resultado de un
arbitrio entre los distintos sectores sociales, requiriendo que quienes más tienen
aporten más a la sociedad para emparejar las desigualdades de origen.
¿Qué
no dice esta propuesta? El esquema intenta acercar una idea de igualdad que
empareja absolutamente a todas las personas frente al mercado y a su decisión
de elegir qué hacer con su ingreso y con sus vidas. Esta idea de igualdad
esconde o desconoce que desde mediados del siglo XVIII la vida social,
política, económica, cultural, se desenvuelve bajo los términos del sistema
capitalista, y que este sistema implica per se desigualdades de condiciones de
producción y reproducción de la vida. Que la única condición que nos iguala a
todos y cada uno de nosotros es que en los términos de este sistema no existe
como tal la posibilidad de “elegir”: no elegimos el lugar social donde nacemos,
y por lo tanto esa desigualdad de origen acompaña nuestro derrotero a lo largo
de la vida. Por ello, la situación más común en el sistema capitalista es que
quien nace pobre continúe siéndolo toda su vida, o que a lo sumo logre mejorar
un poco sus condiciones de vida, y que quienes nacieron ricos continúen
siéndolo y que incluso multipliquen sus riquezas.
Y
dada dicha desigualdad de origen, resulta necesario que el Estado actúe como
regulador en la disputa social por la distribución del ingreso, inclinando la
balanza hacia el lado de quienes menos tienen.
En
nuestro país se han llevado a cabo diversas políticas en los últimos años que
tienen como objetivo reparar los derechos económico-sociales y
político-culturales que fueron vulnerados en los últimos treinta años bajo las
políticas neoliberales. La Asignación Universal por Hijo, la política de
vivienda (que aún es insuficiente), o la entrega de netbooks no son más que
avances en esa reparación que merecen los sujetos que fueron esquilmados y que
sufrieron las implicancias y resultados de aquellas políticas, y un pasito al
que le faltan muchos más, hacia aquello que una sociedad igualitaria podría
ofrecer a todos sus integrantes distribuido de la manera más equilibrada
posible.
*
Socióloga, doctora en Ciencias Sociales, UBA.
**
Socióloga, UBA / Centro Cultural de la Cooperación.
Límites del
neodesarrollismo
Por Equipo de Economía Política del Cecso *
El proyecto
neodesarrollista en la Argentina atravesó dos grandes etapas. En el primer
lustro se produjo un proceso de recuperación productiva y distributiva, en que
el Estado recuperó su capacidad hegemónica reconstruyendo la legitimidad del
proceso social de acumulación de capital. Con contradicciones, las clases
dominantes recrearon las expectativas de un desarrollo capitalista “exitoso”.
Ese proceso comenzó a encontrar sus límites a partir de 2007: el proceso de
recuperación industrial se frena (la participación de la industria en el PBI se
estanca), la inflación elevada comienza a estancar el progreso de los ingresos
populares y las dificultades del Estado para avanzar en la democratización del
acceso a los recursos económicos se hacen manifiestas. A pesar de algunas
medidas económicas importantes (reestatización del sistema previsional,
Asignación Universal por Hijo), el “modelo” muestra su incapacidad de combinar
la acumulación de capital con una inclusión social creciente (límites a la
negociación salarial, persistencia de una política tributaria regresiva).
El
modelo de crecimiento basado en la extracción de las riquezas naturales
(minería, soja, hidrocarburos) y el control del gran capital transnacional
impide avanzar en un proceso de industrialización que produzca bienes y
servicios de consumo popular y reduzca el número de puestos de trabajo no
precarizados. Por un lado, esa política supone concentrar los recursos
económicos (y las ganancias) en la producción para la exportación (y ramas
vinculadas), negando la posibilidad de dedicar suficientes recursos a la
producción para el consumo popular. Por otra parte, la mayoría de las ramas
industriales busca mantener su competitividad sobre la base de la precarización
del empleo y sosteniendo una política inflacionaria para devaluar los salarios.
En una economía excesivamente abierta y ubicada como proveedora de insumos para
potencias industriales periféricas (Brasil, China e India), la
reindustrialización se bloquea.
Este
proyecto de desarrollo es enmarcado en el plano ideológico a través de la
construcción discursiva de una nueva alianza nacional-popular que busca
defender esas bases estructurales. Ante la ausencia de la arquetípica burguesía
nacional, esa alianza tiene como actor privilegiado al gran capital
transnacionalizado (GCT) que –junto a un pequeño grupo de capitalistas
“nacionales” amigos– son apoyados con subsidios, exenciones impositivas, obras
de infraestructura, una política exterior y de integración funcional a sus
intereses, etcétera. El pueblo aparece como actor secundario, siendo convocado
a apoyar, sin participar en su ejecución ni diseño, un proyecto de desarrollo
que subordina la inclusión social a las necesidades de la acumulación.
Las
fuerzas políticas dominantes otorgan primacía al GCT como agente dinámico. Esa
es la principal traba para desarrollar un programa de inclusión social radical
que suponga la participación popular activa en la democratización de la
producción y apropiación de la riqueza social.
Ese
programa supondría al menos tres reformas –en el contexto actual–
revolucionarias. Primero, avanzar en una reforma impositiva que comience por
gravar la renta extraordinaria minera, sojera, hidrocarburífera y financiera,
en particular aquella apropiada por el gran capital transnacional. Esa política
debería ir acompañada de eliminación de los subsidios al gran capital y una
reforma en el impuesto a los ingresos (“ganancias”) que desgrave los salarios y
aumente la carga global sobre las grandes rentas.
Esa
reforma permitiría avanzar en el segundo pilar del programa que supondría
concentrar la inversión pública en obras de infraestructura ligadas a los
servicios públicos de consumo popular (transporte, energía, hospitales,
escuelas) y la reconstrucción del hábitat urbano en los barrios populares. Este
cambio en la política fiscal permitiría promover la producción masiva de bienes
y servicios de producción nacional destinados a la satisfacción de esas
necesidades populares.
En
tercer lugar se debe avanzar en un proceso de reformulación de la inserción
regional y global del país, privilegiando una integración de base cooperativa,
complementaria y equilibrada (tipo ALBA) en lugar de una asociación subordinada
al subimperialismo brasileño y chino. El cambio en la política fiscal y la
estrategia de integración permitirían avanzar en un proceso de
industrialización orientado a la satisfacción de las necesidades populares.
Avanzar
en un proyecto de desarrollo incluyente requiere alterar las alianzas sociales
hoy dominantes, para ubicar los intereses del pueblo y su participación activa
como eje director de un programa de redistribución radical de la producción y
apropiación de la riqueza.
*
Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico:cecso.argentina.2011@gmail.com
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