Las nuevas promesas de mejora llegan en plena transición de
poder en el PCCh.
Las empresas estatales deberán aportar un mayor porcentaje
de sus beneficios al Gobierno.
También se reformarán los tipos de interés bancarios para
fomentar el ahorro.
El
presidente chino, Hu Jintao, cederá
la jefatura del Estado al
vicepresidente y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi
Jinping, en la sesión anual del Parlamento, que tendrá lugar el mes
que viene. La transferencia de poder ya está en marcha, y, con ella, las promesas
de mejora del nivel de vida de
la población. El Gobierno ha desvelado un ambicioso plan para reducir las
desigualdades sociales, que incrementará el salario mínimo y gravará más a las
empresas estatales, con objeto de financiar la seguridad social. El programa
asegura que el salario mínimo deberá situarse en el 40% del salario medio
urbano en la mayor parte de China para el año 2015.
La puesta
en marcha del plan se produce después de que los líderes chinos dejaran clara
su preocupación por el creciente descontento ciudadano con los excesos del
partido, la corrupción oficial y las grandes disparidades sociales en sus
discursos durante el 18
Congreso del PCCh, celebrado en noviembre. Hu Jintao prometió
en el cónclave reformas
económicas y mayor riqueza para la gente, y dijo que para 2020 China duplicará
los ingresos per cápita de la población tanto urbana como rural con respecto a
2010.
El país
asiático es uno de los más desiguales del mundo. El coeficiente Gini —que mide las disparidades en una
escala de 0 a 1— fue del 0,474 en 2012; por encima del 0,4%, la cifra que los
analistas consideran como el punto a partir del cual existe un peligro
potencial de disturbios sociales.
“La
brecha entre las zonas urbanas y las rurales y la diferencia de ingresos entre
ciudadanos es relativamente grande, estos están distribuidos irregularmente,
hay problemas obvios de ingresos no claros e ilegales, y algunos grupos viven
en condiciones difíciles”, señala el documento publicado a última hora del
martes por el Consejo de Estado.
Reequilibrar
la sociedad china ha
sido uno de los objetivos declarados por el partido desde que Hu
Jintao llegó al poder hace
10 años, aunque ha tenido poco éxito en su cumplimiento. Pekín ha
tomado ahora medidas más contundentes, que pasan por una reforma de los
impuestos. Empresas estatales, especuladores inmobiliarios y ricos deberán
pagar más para intentar disminuir el abismo entre las élites urbanas y los
cientos de millones de pobres que viven en las regiones rurales. El plan
aprobado por el Gobierno incluye también la reforma de los tipos de interés
bancarios para orientarlos al mercado y permitir que los ahorradores obtengan
mayores réditos de sus depósitos y más seguridad.
Una de
las principales medidas adoptadas exige a las empresas estatales para 2015 un
incremento del 5% en el porcentaje de los beneficios que deben aportar al
Gobierno. Se trata de un paso crucial para financiar el desarrollo de los
sistemas de pensiones y seguridad social, sin los cuales las familias se
resisten a consumir para disponer de ahorros con los que hacer frente a la
vejez o problemas de salud. Además, los aumentos de sueldo de los altos
ejecutivos en las compañías estatales deberán ser inferiores a los de los
empleados.
Los
partidarios de las reformas aseguran que reducir la brecha de riqueza requiere
no solo gastos sociales, sino cambios fundamentales en la estructura económica,
para frenar el dominio de las empresas públicas, que controlan un amplio
abanico de sectores, como la banca, el petróleo y las telecomunicaciones, y
tienen numerosos apoyos del Estado de los cuales carece el sector privado.
Con el
incremento del salario mínimo y la mejora del retorno en los depósitos
bancarios, el Gobierno da pasos claves en la necesaria transformación del
modelo económico para ligarlo más al consumo interno y menos a la inversión y
las exportaciones. El plan promete más gasto en sanidad y educación, y crear
más oportunidades para que los trabajadores emigrantes de las zonas rurales
transfieran su residencia legal a las ciudades, donde los sueldos y los
servicios sociales son mejores.
Los
expertos consideran que incrementar los ingresos de la población rural no solo
es necesario para mantener la estabilidad social sino también para impulsar el
consumo y garantizar un crecimiento económico continuado a largo plazo.
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