La sentencia supone
una victoria para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Obliga a Clarín y
otros grupos a dejar parte de sus empresas a cambio de una indemnización.
Ciudadanos argentinos y organizaciones sociales y periodísticas se congregaron, el pasado miércoles 28 de agosto de 2013, afuera del Tribunal Supremo en Buenos Aires en apoyo a la Ley de Medios. EFE/Archivo
La Corte Suprema de Argentina (máximo
tribunal de este país) falló este martes a favor de la constitucionalidad de cuatro
artículos de la ley de medios audiovisuales que eran rechazados
por el mayor grupo argentino de comunicación, y quizá máximo enemigo del
kirchnerismo, Clarín. La norma obliga a este conglomerado y a
otros a desprenderse de parte de sus empresas. Los jueces establecieron que
Clarín, el único grupo que había recurrido a los tribunales contra la norma,
tendrá que cumplirla, pero introdujeron un elemento nuevo al conflicto: las
desinversiones deberán ser indemnizadas por el Estado. La sentencia supone una
victoria para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había
impulsado esta ley en 2009 junto con otras fuerzas de centroizquierda y con
movimientos sociales. Clarín, el grupo que más medios deberá dejar con este
fallo, había invocado que se violaría la libertad de expresión y ya había
anticipado que recurriría a tribunales internacionales en caso de que la Corte
Suprema decidiera en contra de sus intereses.
La norma limita la cantidad de licencias de radio, televisión y
servicios de TV de pago. Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de
330 licencias. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín.
La ley se aprobó hace cuatro años, pero el capítulo referido a los
límites de licencias y a la obligación de los grupos de desinvertir en ellas
había permanecido congelado por un recurso judicial presentado por Clarín. En 2012, un
juez de primera instancia falló a favor de la ley, pero en abril pasado un
tribunal de apelaciones dictaminó en contra. Finalmente, seis de los siete
miembros de la Corte Suprema votaron por la constitucionalidad de la norma.
El máximo tribunal de Argentina ha ganado prestigio en los últimos años,
después de que el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) impulsara la
remoción de magistrados sospechados de corrupción y su reemplazo por juristas
de trayectoria destacada e independiente. Si bien muchas veces, los nuevos
jueces supremos fallaron a favor de intereses de los Kirchner, en otras
oportunidades lo hicieron en contra, como este año cuando vetaron la reforma judicial
que empujaba Fernández, actualmente de excedencia por problemas de salud hasta
el 8 de noviembre. En este caso, de los cuatro artículos discutidos de la ley
de medios, tres fueron ratificados por seis de los siete magistrados y el
restante, referido a a que los grupos como Clarín deben desinvertir en el plazo
de un año, fue confirmado por un voto dividido de cuatro contra tres.
El fallo marca el final de la disputa jurídica en Argentina de una
batalla librada desde 2008 entre los Kirchner y el grupo de medios propiedad de
Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Hasta entonces habían mantenido
una estrecha relación, pero el conflicto agrario de aquel año dividió aguas y
entonces Fernández se enfrentó sin cuartel contra lo que ella llamaba “monopolio”.
Así es que impulsó la ley de medios audiovisuales, que según algunos de sus
impulsores ha servido solo para perseguir a Clarín, pero no a otros
conglomerados que supuestamente debían dejar más licencias de las ya acordadas
con el Gobierno. El kirchnerismo también promovió una ley de regulación del
papel para periódicos en un país donde solo una empresa de Clarín lo fabrica,
se volvió atrás con la autorización que había dado Kirchner en 2007 a la fusión
de la operadora de televisión por cable del grupo con su principal competidora
e impulsó la investigación judicial para determinar si los hijos de Herrera
habían sido bebés robados por la última dictadura militar (1976-1983),
hipótesis que por ahora ha sido descartada en los análisis oficiales de ADN. Este
martes, dos días después de las elecciones legislativas que ratificaron la
mayoría parlamentaria kirchnerista, pero marcaron el triunfo de la dividida
oposición en los principales distritos, el fallo de la Corte Suprema cierra la
historia, o tal vez abra otra. En el medio, la sociedad argentina ha defendido
o criticado la ley con los mismos argumentos, unos decían que favorecía la
libre expresión y otros, que la atacaba.
La Corte Suprema aprovechó el fallo de la ley de medios para dar algunas
advertencias al Gobierno de Fernández. Los jueces afirmaron que deben existir
políticas transparentes en las subvenciones y el reparto de la propaganda
gubernamental entre los medios, que los medios públicos "no deben ser
meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar
voces disidentes", que la autoridad gubernamental de regulación del sector
audiovisual "debe ser independiente" y que la ley en cuestión
"debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
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