El presidente
mexicano defenderá su propuesta de materia energética en un entorno con altas
expectativas y múltiples obstáculos.
SONIA
CORONA México
Una protesta contra la reforma de Pemex, el pasado marzo. / ALEXANDRE MENEGHINI (AP)
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presentará este lunes la
iniciativa de reforma energética que enviará al Congreso de la Unión. Con ello
el mandatario comenzará una batalla que podría marcar el futuro de su gobierno
e incluso su lugar en la historia. De conseguir los cambios legislativos para
la apertura del sector energético en México, como se adelanta que propondrá la
iniciativa, la reforma de Peña Nieto significaría una revolución no sólo por
sus posibles consecuencias económicas, sino por los alcances políticos y
simbólicos para la identidad nacional que suponen modificar el régimen de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pero el futuro para la reforma
energética en México es de pronóstico reservado. De arranque,
el texto de la propuesta presidencial en materia de petróleo, gas y energía
eléctrica tendrá que demostrar que cuenta con los méritos para rescatar a una
compañía petrolera estatal en completa crisis. Pemex es la séptima petrolera
del mundo, pero desde 2004 ha disminuido sus ganancias hasta en un 30%. Tan
sólo en el primer semestre de 2013 la paraestatal ganó un 3,4 % menos que en el
mismo periodo de 2012. A ello se suma un pasivo laboral de 1,3 billones de
pesos (102.000 millones de dólares), del que penden las pensiones de 140.000 trabajadores del Sindicato
de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana (STPRM) que
no están dispuestos a ceder en sus derechos. La petrolera vive asfixiada y sin
posibilidades de modernización cuando un 67% de sus ingresos por renta
petrolera van directamente al fisco.
Ante este panorama, desde hace años partidos y actores políticos han
coincidido en que una intervención en Pemex es no
solo necesaria sino urgente. El problema es que no se ponen de
acuerdo en cómo emprender ese rescate. Y el Pacto por México, el
esquema de consenso que el gobierno firmó con la oposición para sacar adelante
95 reformas estructurales, entre las que está la energética, podría reventar
por las diferencias entre los firmantes sobre lo que hay que hacer en la
petrolera nacionalizada en 1938.
Peña Nieto comenzará una batalla que podría marcar
el futuro de su gobierno y su lugar en la historia
Peña Nieto ha tenido en las dirigencias del Partido Acción Nacional
(PAN, derecha) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda),
los apoyos necesarios para romper el inmovilismo que se había instalado en
México desde 1997, cuando el PRI perdió por vez primera la mayoría en la Cámara
de Diputados. Así, el presidente -que asumió el poder en diciembre pasado- pudo
concretar en un tiempo récord dos grandes reformas, una educativa y una en
telecomunicaciones. Sin embargo, el tema petrolero ha hecho crujir el acuerdo.
Los panistas quieren una reforma energética de apertura total, mientras que los
perredistas han adelantado su oposición a cualquier cambio a la Constitución en
esta materia.
Las posibilidades de Peña Nieto de sacar un acuerdo de consenso se ven
aún más comprometidas por el desgaste que han sufrido al interior de sus
partidos los líderes nacionales del PRD, Jesús Zambrano, y del PAN, Gustavo
Madero, por pactar con el PRI. Este fin de semana en el Consejo Nacional del
perredista, en un acalorado debate, algunos de sus dirigentes denunciaron que
el Pacto no es una mesa de negociación, sino una serie de mandatos
presidenciales a los que los legisladores deben de ceder. Por su parte,
integrantes del PAN acusaron a su dirigencia de estar al servicio de Peña Nieto
y en una agitada Asamblea Nacional, convocada para renovar los estatutos, quedó
evidenciada la debilidad de Madero.
Ese es el prólogo de la presentación este lunes de la iniciativa de Peña
Nieto, que según algunos legisladores del PRI propondrá al Congreso modificar
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Para conseguirlo se requieren de
tres cuartas partes de los miembros del Congreso, suma que se alcanza con los
votos de los legisladores del PRI y del PAN. Pero el PRD ha advertido a sus
socios en el Pacto por México que renunciar a una fórmula de consenso en este
tema podría despertar al “México bronco” (según diversos analistas el 70% de la
población se opone a la modificación constitucional para la apertura de Pemex).
Los perredistas han dicho que esperarán a conocer la propuesta del gobierno
antes de poner su iniciativa en la mesa.
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el PRI y el PAN han hecho
alianza en detrimento del PRD, pero si eso ocurre en esta ocasión, Zambrano ha
amagado con dejar definitivamente el Pacto por México, lo que complicaría aún
más el actuar del Congreso mexicano donde hay ahora 14 reformas
constitucionales pendientes de leyes secundarias (mecanismos legales que
permiten su aplicación), algunas tan recientes como la reforma educativa.
Además, la oposición quiere que junto con la reforma energética se
tramite una reforma político-electoral para entre otras cosas evitar abusos de
los gobernadores. El calendario legislativo está además pendiente de sacar
adelante diversas iniciativas que dotarían al Estado de mayores controles en
transparencia o que buscarían evitar la corrupción e irresponsabilidad en la
contratación de deuda de los Estados de la República. Y Peña Nieto por su parte
quiere que de la mano de la reforma energética vaya la reforma fiscal.
El obstáculo menos predecible será
Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato presidencial
de la izquierda. Respaldado por el naciente Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA), López Obrador ha insistido en que la solución para Pemex no pasa por
su apertura a la iniciativa privada sino por el combate a la corrupción y a los
malos manejos al interior de la paraestatal.
López Obrador ha convocado a una protesta el próximo 8 de septiembre
para mostrar a Peña Nieto que no sólo sus seguidores se oponen a la reforma,
sino también el resto de los mexicanos que cada marzo celebran la expropiación
petrolera decretada por el expresidente Lázaro Cárdenas. En las calles de
México, la reforma de Pemex tiene un componente sentimental enfocado hacia la
reafirmación de la soberanía. La expropiación petrolera de 1938 ha sido parte
de la construcción de la identidad nacional desde hace 70 años. Y el principal
impulsor de eso durante décadas fue el PRI, el partido que hoy quiere cambiar
el régimen de producción y explotación de gas, petróleo y energía eléctrica.
El riesgo que asume Peña Nieto al presentar la reforma energética es que
si ésta fracasa o se ejecuta a medias, su proyecto quedará como la que el
expresidente Felipe Calderón emprendió en 2008: una reforma energética
cosmética e intrascendente, en buena medida porque López Obrador se opuso y el
PRI no apoyó al presidente panista.
Toca el turno al presidente Peña Nieto y su partido de tratar de
convencer a México de que saben qué se necesita en Pemex. Sus argumentos se
conocerán a partir de este lunes.
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