El malestar por las diferencias sociales y el
agotamiento del modelo económico obligan a la nueva cúpula que se dispone a
tomar el mando a emprender profundas reformas.
Cada año,
al llegar el mes de marzo, los alrededor de 3.000 diputados chinos, llegados de
todo el país, se reúnen durante dos semanas en Pekín para celebrar la sesión
anual del Parlamento. Es el ritual periódico de la política china. Pero este
año, el plenario, que arranca este martes — ayer domingo comenzó la sesión de
su órgano asesor, la Conferencia Consultiva Política, que debatirá miles de
propuestas de reforma—, reviste una especial importancia. Tras una década en el
poder, el presidente chino, Hu Jintao, cederá al final del cónclave el
testigo a Xi Jinping, actualmente vicepresidente, y Wen Jiabao será
sustituido en la jefatura del Gobierno por Li Keqiang, ahora viceprimer ministro. Culminará
así el proceso de transición a la quinta generación de líderes, tras las de Mao
Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, que quedó sellado en el 18º
congreso del Partido Comunista Chino
(PCCh), celebrado en noviembre pasado, en el que fueron designados
los siete miembros del Comité Permanente del PCCh, con Xi Jinping a la cabeza
como secretario general del partido.
Los
nuevos dirigentes heredan un país más fuerte desde el punto de vista de la
política exterior y la economía —China es la segunda potencia económica del
mundo tras Estados Unidos—, pero con mayores tensiones internas y algunos de
los desafíos que encontró Hu a su llegada, en 2002, más exacerbados, lo que les
obligará a acometer
profundas reformas para intentar garantizar la continuidad del desarrollo
y del gobierno único del PCCh.
Xi, de 59
años, y su equipo tendrán que hacer frente a un amplio abanico de problemas: la fuerte
corrupción, la degradación
medioambiental, las
suspicacias de los vecinos asiáticos por el creciente poderío militar y
económico chino, la tensión
con Estados Unidos, las
ambiciones nucleares de Corea del Norte, el agravamiento
del conflicto étnico en Tíbet, las crecientes demandas de reformas
políticas de la población y, en particular, las extremas diferencias sociales y
el agotamiento del modelo económico.
Los
expertos piensan que los líderes saben que el país ha alcanzado un punto de
inflexión en su desarrollo económico y político. Sin reformas, China corre el
riesgo de caer en “la trampa de los ingresos medios”, después de tres décadas
de crecimiento meteórico, según el Banco Mundial. El producto interior bruto
(PIB) chino creció un 7,8% en 2012, el ritmo más lento de los últimos 13 años.
Muchos analistas creen que si Pekín no lleva a cabo cambios ambiciosos, el
aumento anual de la economía estará más cerca del 5% que del 10% a finales de
esta década, lo que hará aún más difícil reducir las diferencias sociales. Pero
no será fácil llevar a cabo las reformas, debido a la existencia de grupos de
interés poco partidarios de ellas y el temor en la cúpula dirigente a que
cualquier movimiento pueda ser fuente de inestabilidad. Durante la sesión
inaugural del Parlamento, Wen Jiabao leerá su último discurso del estado de la
nación a los parlamentarios, entre los que hay líderes políticos, presidentes
de empresas, militares, monjes y algunos de los empresarios más ricos del país.
Aunque la Asamblea Popular Nacional es un órgano que aprueba, más que critica,
las políticas decididas previamente por los altos dirigentes del partido,
algunos de los temas candentes en discusión este año serán el intento de
redistribuir de forma más equitativa la riqueza, la lucha contra la corrupción,
el medioambiente, los planes de llevar a cabo una profunda reestructuración de
los ministerios, el proceso de urbanización del país, y la posibilidad de
reforma del hukou, el certificado de
residencia que tienen los chinos y que impide a los trabajadores que emigran a
otras provincias gozar de los mismos derechos de sanidad o educación que los
locales.
El pasado
enero, el Gobierno desveló un
ambicioso programa para reducir las desigualdades sociales —entre las mayores del mundo—, que
prevé incrementar el salario mínimo y gravar más a las empresas estatales, con
objeto de generar fondos con los que financiar la seguridad social. Durante el
congreso del partido, en noviembre, Hu Jintao prometió reformas económicas y
mayor riqueza para la gente, y fijó como objetivo que para 2020 la población,
tanto de las zonas urbanas como las rurales, duplique los ingresos per cápita
con respecto a 2010. Para ello, las corporaciones públicas y los más ricos
deberán pagar más impuestos. Además, se modificarán los tipos bancarios para
que los ahorradores puedan obtener más beneficios de sus depósitos.
Los
defensores de las reformas argumentan que la reducción de la brecha social
exige, además, reformas fundamentales de la estructura económica para limitar
el dominio de las empresas estatales, que gozan de numerosos privilegios frente
al sector privado. El Gobierno
pretende bascular hacia un modelo de desarrollo más basado en el consumo
interno y menos en las
exportaciones y la inversión, imprescindible para garantizar un crecimiento
económico continuado a largo plazo.
Otro
asunto a debate podría ser la modificación del controvertido sistema de campos
de reeducación por el trabajo, que permite a la policía detener a supuestos
criminales hasta cuatro años sin necesidad de juicio. El sistema ha sido muy
criticado por los defensores de los derechos humanos, que lo consideran una
fuente continua de abusos.
Además
del presidente y el primer ministro, en la sesión parlamentaria serán
designados otros altos cargos, como los presidentes de la Asamblea Popular
Nacional y de la Conferencia Consultiva Política, los viceprimeros ministros,
los ministros, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general del
Estado. Los parlamentarios aprobarán el informe del Gobierno de 2012 presentado
por Wen Jiabao y el borrador del plan de desarrollo económico y social nacional
para 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario