Siete jóvenes serán ejecutados por crímenes que
cometieron cuando eran menores.
El proceso ha estado plagado de irregularidades.
Los
activistas de derechos humanos saudíes se han movilizado para intentar salvar a
siete jóvenes que, si una intervención de última hora no lo remedia, van a ser
ejecutados este martes por un delito que presuntamente cometieron cuando eran
menores de edad. Su condena es aún más problemática porque el proceso ha estado
plagado de irregularidades y los jóvenes aseguran que fueron torturados para
confesar. El supuesto cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, será además
crucificado, uno de los crueles castigos físicos que aún contempla el sistema
penal saudí.
“Vivimos
en una sociedad medieval, aunque estemos en los albores del tercer milenio”,
lamenta Mohammad al
Qahtani, el director de la Asociación por los Derechos Civiles y
Políticos en Arabia Saudí (ACPRA), en conversación telefónica. Este activista
explica que la crucifixión “se reserva para los crímenes más odiosos y que
crean alarma social”. No dispone de cifras. “Es infrecuente, pero se dicta,
aunque a veces el Gobierno, consciente de la degradación del sistema judicial,
conmuta ese tipo de condenas”, añade.
¿Cuál es
el delito odioso que cometieron los siete condenados? Al parecer, una serie de
atracos a joyerías en la ciudad de Abha, al sur del país, por los que fueron
detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006. La sentencia de muerte se
pronunció hace tres años, pero las autoridades probablemente han esperado para
que todos sean mayores de edad en el momento de su aplicación. En Arabia Saudí,
esa pena se ejecuta por el procedimiento de decapitación a espada. En el caso
de Sarhan, después se procederá a la crucifixión.
“Le
dejarán expuesto [en la cruz] durante varias horas, como medida de escarnio”,
explica Al Qahtani. “No es solo la severidad del castigo, sino que no han
tenido acceso a un abogado, ni un juicio justo; además les han intimidado y
torturado para que confiesen”, subraya. Lo que su organización y otros
activistas están pidiendo es que se repita el juicio y se les permita contar
con defensa letrada.
“El caso
es tan débil que han tenido que recurrir a la intimidación para conseguir las
confesiones; si tuvieran pruebas sólidas, no hubiera sido necesario”, añade
este activista que lleva años denunciando los abusos de la Dirección de
Investigación General —los servicios secretos saudíes— y su interferencia en el
sistema judicial.
Amnistía Internacional se ha hecho eco de esas preocupaciones
y ha lanzado un llamamiento urgente para que se frene la ejecución. Ali al
Ahmed, un opositor saudí que dirige el Institute for Gulf Affairs en Washington, ha escrito a varios
embajadores europeos en Riad pidiéndoles su intervención ante las autoridades
saudíes.
“Estos
hombres van a ser ejecutados después de un juicio que duró tres horas y en el
que no contaron ni con abogado ni con asistencia letrada. Entre los motivos de
su ejecución está que son originarios del Sur, una región marginada por el
Gobierno saudí”, explica en su misiva.
Al Ahmed
insiste en la minoría de edad de los condenados cuando se produjeron los
hechos. A la fecha de la sentencia a muerte, Sarhan al Mashayekh y Saeed al
Omari tenían 22 años, Ali al Shehri, 20, Naser al Qahtani y Ali al Qahtani, 24,
Saeed al Shahrani, 21, y AbdulAziz al Amri, 23. Dado que los delitos se
cometieron entre 2004 y 2005, sus edades rondaban entonces entre los 15 y los
19 años.
Además de
Arabia Saudí, solo Irán, Yemen y Sudán continúan ejecutando a personas que
delinquieron cuando eran menores, algo que prohíbe la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
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