En las últimas dos semanas, 29 personas murieron
en ese Estado por la violencia del narcotráfico.
INÉS
SANTAEULALIA México
Operativo policial en Aguililla (Michoacán) el pasdo 25 de julio. / RONALDO SCHEMIDT (AFP)
El Gobierno de Enrique Peña Nieto centrará todos sus esfuerzos en
restaurar la paz en el Estado de Michoacán (suroeste del país). “Vamos a ir
municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolverles la paz, la
estabilidad y el control a los michoacanos”, asegura en un comunicado el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La región se ha convertido desde hace
meses en una coctelera fatal, incontrolable para un frágil Gobierno
estatal priísta dirigido por un gobernador
interino al que muchos
tachan de ilegítimo. A la lucha despiadada de los carteles en un territorio
codiciado por las redes de narcotráfico se ha sumado la proliferación de los
grupos civiles armados de autodefensa, que buscan protegerse del crimen
organizado.
Osorio
Chong aseguró este jueves que el Gobierno federal “entrará en pleno” en el
Estado. Más allá de lo que la frase conlleve en la práctica, lo que queda claro
por el momento es que el Gobierno no piensa perder
la batalla en Michoacán.
Este
jueves, el propio secretario de Gobernación se reunió en la capital con un
nutrido grupo de michoacanos. Por primera vez, el debate traspasó la política y
al propio PRI. A la cita fueron convocados todos los partidos de la región,
legisladores, empresarios y representantes de movimientos civiles.
A la vez
que en la capital se firmaba el llamado Acuerdo por Michoacán, el Gobierno
estatal comenzó este jueves a hacer cambios en el poder. El gobernador interino
exigió la renuncia del tesorero y el fiscal, lo que podría suponer un punto de
inflexión en la crisis política que se arrastra desde la ausencia por enfermedad
del gobernador electo Fausto Vallejo. El Estado atraviesa además una
delicada situación financiera, con deudas por valor de 40.000 millones de pesos,
(3.114 millones de dólares) informa Efe.
El
Gobierno de Peña Nieto quiere controlar la situación, una tarea que se anticipa
complicada. Ya el pasado mes de mayo se lanzó un operativo con miles de
soldados del Ejército y de la Marina para frenar la violencia en el Estado con
la confianza de estabilizar la zona en un mes. Cumplido el plazo, la situación
está aún lejos de parecer bajo control. Solo en las últimas dos semanas 29
personas murieron por la violencia del crimen organizado, entre ellos el vicealmirante
Carlos Miguel Salazar. Este jueves nadie se ha puesto plazos.
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