Nueve meses de pérdidas y la construcción de un
ducto transfronterizo ponen presión al debate de la apertura de la petrolera a
la inversión privada.
SONIA
CORONA México
Un pozo petrolero de Pemex en el Estado de Tabasco. / EFE
Petróleos Mexicanos (Pemex) llega en uno de sus peores momentos al
debate de la reforma energética que comenzará en los próximos días en el
Congreso mexicano. Al cierre del tercer trimestre, la petrolera estatal informó
que en los últimos nueve meses ha registrado pérdidas por 92.584 millones de
pesos (7.121 millones de dólares) como resultado de la caída de un 13% de las
exportaciones de hidrocarburos, principalmente hacia Estados Unidos. Además, la
compañía no logra reponerse de la caída de su producción que es de 2,5 millones
de barriles de crudo diarios, el nivel más bajo en 24 años.
El pasado
agosto, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa para modificar los artículos 27 y 28
de la Constitución para permitir la inversión privada –a través de contratos de
utilidad compartida-- en la exploración y explotación de los hidrocarburos en
México. La propuesta ha sido analizada en los últimos meses en el Senado en un
foro en el que han participado tanto el director de Pemex, Emilio Lozoya, así
como el fundador de Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda) y
opositor de la reforma, Cuauhtémoc Cárdenas.
La
administración de Peña Nieto ha insistido en que las pérdidas de la petrolera
seguirán hasta que la reforma no se apruebe y la entrada de la inversión
privada reanime las finanzas de la compañía. La reforma energética ha esperado
su turno para discusión durante dos meses, desde que los legisladores mexicanos
iniciaron la legislatura el pasado 1 de septiembre y se concentraron primero en
sacar adelante la reforma educativa y –en los últimos días-- a analizar y
aprobar la reforma hacendaria.
“Estamos
seguros que un periodo muy corto la reforma energética será aprobada”, ha dicho
esta semana el director
de Pemex, Emilio Lozoya, a la revista económica Forbes. Para lograr
los cambios constitucionales, la propuesta de Peña Nieto deberá conseguir tres
cuartas partes de los votos de los legisladores. Sin embargo, la discusión y
posible aprobación de la reforma energética se ha visto como moneda de cambio
entre las diferentes fuerzas políticas, que habían cerrado filas en torno al
Pacto por México, un acuerdo para sacar adelante las reformas estructurales.
El debate
de la reforma hacendaria ha desgastado la relación entre algunos partidos
políticos. El PAN ha denunciado que el PRI no ha valorado las modificaciones
propuestas por la derecha para los cambios en la legislación fiscal y ha
señalado que revisará su apoyo a las reformas de Peña Nieto. “A nosotros nos
hace revalorar precisamente nuestra relación con el mismo Gobierno de Enrique
Peña Nieto y por supuesto que modifica y altera los términos e incluso los
tiempos que se habían pensado de procesar la reforma energética", ha
amenazado este miércoles el senador del PAN, Javier Corral, en una radio
mexicana.
La
petrolera estatal también llega al debate en el Congreso mexicano en medio de
una serie de irregularidades internas. Por un lado, está la detención de 39
trabajadores en Salamanca (Estado mexicano de Guanajuato), el pasado 30 de
octubre, acusados de sustraer y abastecer de hidrocarburos de forma ilícita. Un
hecho que refleja el robo de producción que la compañía padece y que se suma
una fuga de gas de un pozo en el Estado de Tabasco, que desde el 28 de octubre
ha causado incendios en una torre de perforación y pérdidas por siete millones
de dólares, que podrían aumentar si la fuga no es controlada en las próximas
semanas.
Además
del déficit financiero y el debate político alrededor de la reforma de Pemex,
la petrolera ha enfrentado, en el último mes, el fiasco de no poder licitar la
construcción de la segunda fase del ducto transfronterizo Los Ramones, un
proyecto que mejoraría el abastecimiento de gas natural desde Estados Unidos
hacia México. El plan contempla la construcción de un ducto de 740 kilómetros
de longitud desde el Estado de Nuevo León al Estado de Guanajuato con un costo
de 1.800 millones de dólares.
Al
concurso para su construcción solo se presentó una alianza entre la española
Eneagás y la francesa GDF Suez, pero su propuesta fue rechazada el 15 de
octubre porque “no reunía los requisitos necesarios” en términos económicos y
técnicos. Pemex ha anunciado que TAG Pipelines, una filial de la misma
petrolera mexicana, se encargará de la construcción de una primera fase del
proyecto y que las propuestas para la segunda fase del ducto serán analizadas
nuevamente. La falta de propuestas de varias compañías está relacionada con las
condiciones de los contratos con Pemex que piden al constructor un 100% de
capital para el proyecto, mientras garantizan solo el 90% de las ganancias.
Los
inversores han mostrado su preocupación por la ambigüedad de la reforma
energética propuesta por Peña Nieto, que refuerza la presencia de Pemex en los
proyectos y garantiza la propiedad de los hidrocarburos al Estado. La petrolera
mexicana ha contemplado la
posibilidad de ofrecer a las grandes compañías que participan en los mercados
de valores, el
registro de sus ganancias esperadas ante la Comisión del Mercado de Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), para hacer más atractiva la
inversión en el sector de hidrocarburos mexicano, si la reforma energética es
aprobada.
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