La Corte
Suprema declaró la constitucionalidad de la ley
de medios. Es posible que con ese fallo haya redactado también la
partida de defunción de la nueva norma. El trámite de adecuación que presentó
el Grupo
Clarín ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Afsca) es otro caso que pone en duda si la ley es susceptible de
ser aplicada.
Clarín ofreció segmentar su conglomerado en 6
empresas. Una de las claves de ese rediseño es la constitución de una nueva
Cablevisión, que pertenecerá en un 60% a un nuevo accionista sin vinculaciones
con Clarín, y en el 40% restante a Fintech, el fondo de inversión de David
Martínez. Al mismo tiempo, este financista está negociando la compra de los
activos de Telecom Italia en Telecom Argentina, lo que pone en tela de juicio
la prohibición de operar medios audiovisuales para los accionistas de empresas
de servicios públicos, que establece la nueva ley.
Para identificar a los dueños de las licencias a
las que Clarín renunciará hace falta esperar los 120 días que se fijó la Afsca
para aceptar el nuevo esquema.
Durante ese
lapso debe expedirse también la Comisión de Defensa de la Competencia, que, por
orden de Néstor Kirchner, autorizó en 2007 la formación de la misma gran
empresa de TV por cable que el Gobierno ve hoy como un demonio. La resolución
lleva la firma de Guillermo
Moreno.
Aun cuando Martín
Sabbatella admita la fragmentación propuesta por Clarín, esta
empresa tendrá derecho a pedir las mismas prórrogas concedidas a otros grupos
sometidos a la adecuación. La fase preliminar del desguace podría así durar más
de un año. Ya lo recordó la Corte, en el apartado 74 de su sentencia:
"Debe respetarse la igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la
revocación de licencias...".
La
advertencia tiene un significado estratégico. Una vez que la Afsca acepte
el nuevo formato de Clarín, comenzará a develarse el misterio: ¿habrá una
enajenación de licencias a personas o sociedades ajenas por completo a los
actuales titulares? ¿O el cambio consistirá en una recomposición accionaria
entre los mismos propietarios y personas allegadas?
Estas preguntas tienen sentido porque la Afsca ya
aceptó -aunque aún no autorizó- varios planes de adecuación en los que los
socios de un multimedios se distribuyen las acciones para cumplir con los cupos
de licencias permitidos por la nueva normativa. A lo sumo, incorporan como
accionistas a sus parientes.
El ejemplo
más notorio es el del segundo holding audiovisual del país:
Supercanal, del grupo Vila-Manzano. Sabbatella estuvo a punto de autorizarle un
rediseño de ese tipo, con la peculiaridad de que entre los beneficiarios de su
resolución también están Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto,
socios minoritarios de esa empresa.
A la Afsca le va a ser muy difícil medir a Clarín
con una vara distinta de la que tuvo en cuenta para las demás compañías. Por lo
tanto, la adecuación de Clarín podría dar a luz un nuevo Clarín, idéntico al
anterior, pero dividido en seis fragmentos. La "democratización de la
palabra" terminaría siendo, por obra de una ley enmarañada y una autoridad
de aplicación cínica, una exhibición de gatopardismo. Un desenlace como ése no
debería sorprender. La política de medios del kirchnerismo es una historia de
hipocresía. Basta con leer la propuesta de Clarín. Allí se descubre que explota
muchísimas licencias a título precario por la demora del Comfer, y más tarde de
la Afsca, para analizar los expedientes. Hay por lo menos tres grandes
adecuaciones de Clarín a la vieja ley cajoneadas hasta hoy por las autoridades.
Esa lentitud tal vez no se deba a la desidia. La incertidumbre jurídica hace
que los licenciatarios sean más susceptibles a las presiones.
Sin embargo, la ley de medios no debe su
esterilidad a las muchas imperfecciones de su texto o al doble estándar con que
se la aplica. El factor que más conspira contra ella es la política económica.
El negocio genuino de los medios de comunicación se rige por las pautas de
todos los mercados. Los inversores demandan allí las mismas reglas y garantías
que en cualquier otro sector. Por lo tanto, en la eventualidad de que Clarín o
cualquier otro grupo quisiera poner en venta alguno de sus activos, ¿habría
compradores? ¿Será fácil encontrar quien, fuera de motivaciones políticas,
compre la licencia de una gran emisora, susceptible de ser revocada sin
indemnización apenas el Gobierno la declare "de interés público",
molesto con su línea editorial? Exquisita paradoja: el mismo fallo de la Corte
que convalidó la ley de medios conspira contra su efectiva aplicación.
La discusión del caso Clarín, otra vez, vuelve a
distraer de los problemas relevantes. También en el campo de la comunicación.
Ayer se anunció que Telecom Italia se desprenderá del 68% de Sofora, la empresa
que controla Nortel, sociedad dueña del 54,74% de Telecom Argentina. Es el
negocio más interesante que ofrece el país a quienes apuesten a que a partir de
2015 se normalizará la economía.
La conducción de Telecom Italia fue autorizada ayer
por el directorio de la empresa a discutir con Fintech, el fondo de Martínez,
una oferta de 960 millones de dólares. Según fuentes inmejorables, en Milán
tironearán por un dólar más, pero el negocio ya está hecho. Martínez, un
mexicano con carrera rutilante en Wall Street, tiene buena relación con los
italianos, que alimentó desde Buenos Aires: fue mediador cooperativo cada vez
que algún grupo local -Clarín primero, Kirchner y sus amigos después- quiso
comprar la parte de Telecom que hoy tiene al alcance de la mano. Además, su
fondo posee acciones preferidas, sin derecho a voto, de Nortel.
Martínez tiene intereses muy variados en la
Argentina. Administra una voluminosa cartera de bonos reestructurados, que está
dispuesto a someter al cambio de jurisdicción que propuso el Gobierno para
eludir las sanciones de la justicia neoyorquina. Mucho más importante: como
socio de Clarín en el 40% de Cablevisión, ha prestado servicios invalorables a
Cristina Kirchner aceptando la nueva ley de medios, mientras Héctor Magnetto
denunciaba su inconstitucionalidad. Una disonancia que lastimó la relación
entre los socios. Y que acaso facilite a Martínez que la Secretaría de
Comunicaciones apruebe la compra de la parte italiana de Telecom.
La oferta de Martínez por ese activo desafiaría el
artículo 24 inciso j de la ley, que prohíbe ser "radiodifusor" al que
participa de la explotación de servicios públicos. ¿Obligará el Gobierno a
Fintech a vender su participación en Cablevisión? Si, como quiere la Corte,
aplica un único criterio para todos los casos, le resultaría imposible: la
Afsca ha venido tolerando que Telefónica siga en posesión de Telefé. Martínez
podrá alegar, como los directivos de Telefónica, que Fintech no es dueño de
Telecom, sino sólo de parte de una sociedad que interviene en su negocio.
Los casos Telefónica-Telefé y Telecom-Cablevisión
abren una hendija en una muralla levantada por la ley de medios: las empresas
de telefonía, con sus extensas redes de fibra óptica y legiones de abonados,
tienen prohibido ingresar al sector de la TV por cable. Esta restricción no fue
pensada por Kirchner. Fue una imposición del Congreso. A Kirchner le hubiera
encantado entregar a las telefónicas el negocio de la televisión. Su objetivo
no era desmonopolizar el mercado. Era vengarse de Clarín, su antiguo aliado.
Cristina
Kirchner y Sabbatella diseñaron una estrategia inesperada para sus pruritos
ideológicos: limitan a las compañías nacionales y liberan de trabas a las
multinacionales. Si se salvan de esa incoherencia es porque la realidad no les
hace caso. Lo más probable es que fracasen en el desguace de Clarín. Pero, si
lo logran, el mercado podría corregirlos. Ya está sucediendo: el kirchnerismo
empresarial colaboró, con su desembarco en las radios porteñas, para que Marcelo
Longobardi obtenga un éxito de audiencia sin precedente en
Radio Mitre, de Clarín.
Ya es tarde
para aplicar la solución más aceptable al problema que se pretendía corregir.
Los países progresistas en materia de medios alientan la competencia de todos
contra todos, fijando ventajas iniciales para que los cables puedan lidiar con
las telefónicas. Eso sí: también establecen organismos de regulación severos,
idóneos e independientes. Como los que pidió la Corte..
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