Las
primarias de agosto inauguraron un ciclo que, como toda transición, está
definido por la fragmentación del poder. A una oposición segmentada se agregó
un kirchnerismo disperso. En el oficialismo se desató una lucha sucesoria de la
que, por ahora, participan Sergio Massa, Daniel Scioli, Jorge Capitanich,
Sergio Urribarri y, desde ayer, Florencio Randazzo .
Como ha
sucedido tantas veces a lo largo de la historia, esta división da lugar a una
mayor incidencia de las instituciones de la sociedad civil. Un fenómeno que Cristina
Kirchner llamaría "el avance de las corporaciones".
Por razones muy distintas, la Iglesia, los sindicatos y las Fuerzas Armadas
están adquiriendo un protagonismo inesperado.
La
influencia de la jerarquía católica se ha potenciado muchísimo desde que Jorge Bergoglio es el jefe de la Iglesia. Se
presta más atención a la voz de los obispos y el propio Bergoglio mantiene otro
vínculo con el Gobierno. Por ejemplo, conversa por teléfono con la Presidenta
cada vez más a menudo, sobre todo desde que ella está convaleciente. De modo
que los líderes eclesiásticos están en condiciones insuperables para intervenir
en la confección de la agenda pública y, por esa vía, en la selección de la
próxima administración.
En ese contexto, la Iglesia produjo dos novedades
relevantes en las últimas 72 horas.
El viernes lanzó una estridente señal de alarma
sobre el avance del narcotráfico y el sábado organizó una reunión
multisectorial para, con motivo de los 30 años de la recuperación de la
democracia, promover la "cultura del encuentro".
El documento de los obispos sobre el tráfico de
drogas se inscribe en un paisaje sombrío. Scioli intervino por segunda vez en
18 meses la comisaría de José León Suárez, atacada por los vecinos que
denuncian la complicidad de la policía con los dealers . En
Santa Fe salió a luz una combinación entre narcotraficantes y agentes policiales.
En Córdoba un escándalo similar provocó la renuncia del ministro de Seguridad y
del jefe de policía. Tres carreras presidenciales, las de Scioli, Hermes Binner
y José Manuel de la Sota, comienzan a depender del combate con el crimen
organizado.
El primer reflejo de la clase política es utilizar
el problema como insumo de la puja electoral. El "Chino" Fernando
Navarro, aliado de Scioli, acusó al intendente de San Martín, Gabriel
Katopodis, por la crisis de José León Suárez. Navarro acaso ignora que desde
hace muchos años José León Suárez es uno de los vértices de una zona liberada
que integran también las comisarías de Eufrasio Álvarez y Billinghurst.
Katopodis y los demás intendentes que rodean a Sergio Massa se quejan de que el
Gobierno retiró la Gendarmería de sus municipios. El "Cuervo" Andrés
Larroque, de La Cámpora, caracterizó al gobierno santafecino como
"narcosocialismo". Y, en Córdoba, De la Sota y el intendente de la
capital, Ramón Mestre, se reprochan uno al otro el avance de las mafias. Frente
a este panorama los narcos se hacen una fiesta.
El gobierno nacional carece de una estrategia para
detener esta degradación. La prueba más evidente es que, como consignaron los
prelados, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico está vacante desde
marzo, cuando renunció Rafael Bielsa.
Desprovista de una política general, la Casa Rosada
juega al tatetí con las fuerzas policiales. Es decir, juega con fuego.
Interviene a la bonaerense con la Gendarmería y ordena a la Policía Aeronáutica
investigar a la de Santa Fe. Mientras tanto, el Ejército aprovecha el
debilitamiento del Estado y del Gobierno para rebasar sus facultades: desde que
tomó el mando César Milani, los militares sustituyeron a los gendarmes en el
control policial de la frontera norte, que sigue sin radares, como apuntó la
Iglesia.
La oposición tampoco tiene una idea clara. Massa,
por ejemplo, propone combatir organizaciones que se extienden desde México
hasta Buenos Aires con policías más pequeñas, de escala municipal. Scioli, es
muy curioso, lo secunda.
El interés de los obispos por este drama tiene
puntos de contacto con otra preocupación: la vertiginosa expansión del negocio
de los juegos de azar durante la "década ganada". El papa Bergoglio
tiene un interés específico en el tema desde que uno de sus íntimos amigos,
integrante de su grupo de trabajo, comenzó a ser atacado desde ese sector.
Al día siguiente del llamado de atención sobre el
narco, la Iglesia porteña convocó en San Cayetano a dirigentes de distintos
partidos y sectores para hablar de la "cultura del encuentro",
fórmula con la que Bergoglio se liberó de la carga histórica de la palabra
"reconciliación". El dúctil Carlos Accaputo, responsable de la
Pastoral Social diocesana, reunió a Carlos Tomada con Hugo Moyano y Héctor
Méndez (UIA). Y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con
Federico Pinedo (Pro), Ricardo Alfonsín (UCR) y Roy Cortina (socialismo). La
platea, además de nutrida, fue también variada: había radicales como Enrique
Nosiglia, kirchneristas como Eduardo Valdes y massistas como Pedro Del Piero.
Antonio Caló, el secretario general de la
CGT-Balcarce, no entendió la jugada: faltó. A Accaputo, al arzobispo Mario Poli
y al propio Francisco les interesaba que se fotografiara con Moyano. Cuando la
jerarquía católica alienta el "encuentro como expresión de la diversidad,
no de la uniformidad", sugiere que, al cabo de diez años de polarización,
la política debe ir hacia el centro. Pero esa crítica al oficialismo también
cobija un auxilio: ¿a qué gobierno en retirada no le sirve que prevalezca el
diálogo?
Bergoglio está prestando servicios muy concretos a
esa pacificación. Volvió a postergar la recepción a Massa, prevista para esta
semana. Y derivó para el año próximo la de Moyano. El camionero pensaba poner
la jefatura de la CGT opositora a los pies del Papa para que éste bendijera la
unificación con Luis Barrionuevo y con "los Gordos" alineados con
Massa.
Pero al
Pontífice no le interesa apadrinar convulsiones. Al contrario, en estos días le
preocupa que no fracase un acuerdo con la señora de Kirchner que para el Episcopado
es decisivo . Como sucedió con la ley de medios y la reforma
judicial, la Presidenta ordenó la sanción urgente del nuevo Código Civil y
Comercial. La Bicameral redactora se reunirá este jueves en el Salón Azul del
Congreso. Como viene reprochando Ernesto Sanz, el kirchnerismo mantiene en
secreto el texto que Diputados aprobaría el próximo 27. Hasta Ricardo
Lorenzetti, uno de los autores de la nueva versión, está inquieto por el
resultado.
Visto desde Roma, el proceso está bajo control. El
hombre clave es Julián Domínguez. Católico ferviente, el presidente de la
Cámara baja recibió la orden presidencial de coordinar con la curia los
aspectos de la reforma más sensibles para la moral cristiana: definición de
persona, derecho de familia, alquiler de vientres, etc. Que el país del Papa
caminara hacia la despenalización del aborto sería nefasto para la Iglesia a
escala global.
Domínguez tiene conexiones inmejorables con
Francisco. Comienzan en el peronista histórico Aldo Carreras y llegan al
uruguayo Guzmán Carriquiry, un laico encumbrado desde hace 40 años en la Santa
Sede, a quien el entonces cardenal Bergoglio prologó el libro Una
apuesta por América latina en el año 2005.
El encargado
de guiar a Domínguez en el control del nuevo código es el arzobispo Víctor
Fernández, rector de la Universidad Católica y uno de los canonistas preferidos
de Francisco. "Tucho" Fernández editó en agosto del año pasado un
voluminoso Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil y Comercial 2012 (http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/analisis-proyecto-nuevo-codigo-civil.pdf ),
que reúne decenas de artículos de juristas afines al pensamiento de la Iglesia.
La indiferencia kirchnerista, la tensión
inflacionaria, el levantamiento de Massa y el avance electoral del trotskismo
se combinaron, en distinta proporción, para precipitar la unificación opositora
del sindicalismo peronista. Los artífices de esta confluencia volverán a
reunirse entre hoy y mañana. Son Barrionuevo, Moyano y Rafael Mancuso,
continuador de las gestiones de Oscar Lescano, su fallecido antecesor en Luz y
Fuerza. Hay otros dirigentes decisivos: son Carlos West Ocampo -enojado con
Massa por su prematuro agasajo al camionero- y Guillermo Pereyra, el petrolero
que arrasó en las elecciones de Neuquén. Cristina Kirchner perderá la
obediencia de los sindicatos del transporte. Pero seguirá controlando a Caló
(UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), José Luis "Mr. Cloro" Lingeri
(AySA), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés "Centauro" Rodríguez (UPCN)
y Víctor Santa María (encargados de edificios).
El lunes
pasado Barrionuevo vaticinó el desenlace de la conciliación gremial en la que
está involucrado: un plan de lucha progresivo de 24, 36 y 72 horas. Como se ve,
hay maneras muy distintas de entender la "cultura del encuentro"..
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