El acuerdo
fundamental propuesto por el líder conservador Álvaro Gómez, asesinado hace 18
años, está definiéndose en las negociaciones con las FARC.
El Pacto por Colombia que propuso nuevamente Luis Alberto Moreno, el
colombiano presidente del BID, se está haciendo en La Habana muchos años
después de que también lo planteara el asesinado líder conservador Alvaro Gómez
Hurtado, con un Acuerdo sobre lo fundamental para lograr propósitos superiores
de justicia social y desarrollo económico.
Si le hubieran hecho caso, de pronto no lo habrían matado, y si su
crimen, hace 18 años, no siguiera en la impunidad, no estaríamos hablando
todavía de pactos por Colombia.
Pero nuestros líderes no lo hicieron y en cambio, algunos prefirieron
sellar otros pactos como el de Ralito en 2001 entre los jefes paramilitares,
asesinos y narcotraficantes y políticos de todas las vertientes, para
supuestamente “refundar el país”.
Los pactos en Colombia no han sido precisamente de buen balance. El
Pacto Nacional entre liberales y conservadores para
alternarse el poder desde 1958 y hasta mediados de los 70, cerró los espacios
que hoy se busca abrir y por eso nos están haciendo el Pacto por Colombia en La
Habana, y les está quedando bien hecho, porque lo firmado esta semana sobre
participación en política entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC,
es un acuerdo sobre lo fundamental: la democracia.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz, para darle espacios en el Congreso a las regiones más afectadas por el
conflicto armado; un Estatuto para la Oposición que ni el Polo Democrático
logró hacer desde la Izquierda; garantías para la creación de nuevos partidos y
movimientos políticos que no dependan del umbral para conservar la personería
jurídica, lo que tanto pidieron los actuales partidos minoritarios, y seguridad
para que no los asesinen como hicieron con los integrantes de la Unión Patriótica.
Se acordó la revisión integral de la organización y el régimen
electoral, para acabar con la corrupción. Y el tema de fondo, que implica “la
dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción
política para todos los colombianos”.
A algunos le duele y a otros escandalizan estos pactos hechos sin ellos,
prefieren los que inspiran a Moreno como en otras latitudes. El de México que
lo hizo un renovado PRI, el otrora más corrupto de los sistemas políticos
electorales de América Latina o el de Chile, para garantizar el tránsito de la
dictadura a la democracia, o el de Corea del Sur en 1987 para la inclusión de
partidos de oposición que habían sido vetados y la restauración de las
libertades individuales. Pero el de Colombia se está haciendo en la Habana y
sin los que han debido hacerlo hace muchos años.
Y ojalá se llegue hasta el fin, porque con eso se esperaría que nunca
más un partido pueda tener en sus filas a un gobernador como Francisco “Kiko”
Gómez, capturado en octubre pasado mientras festejaba con las autoridades
civiles y militares de su pueblo Barrancas, mientras era investigado por
concierto para delinquir y homicidio agravado.
El pacto que ahora propone el conservador Luis Alberto Moreno, de quien
se dice empieza a visibilizar sus ganas de meterse en el abanico de
presidenciales en Colombia pero de la mano del Uribismo porque su antiguo
aliado, otro ex presidente, Andrés Pastrana, ya no es más su amigo, debería ser
otro.
Debería ser un pacto para aplicar la justicia con o sin reforma y
meterle tan solo un poco de pudor o de decencia al ejercicio de gobernar
mientras el Pacto Definitivo se firma en La Habana. Y ese pacto debe empezar
por hacer justicia a los propios guerrilleros porque si a ellos no se les juzga
tampoco habrá posibilidad de materializar los acuerdos.
Me explico. Se habla de la necesidad de un pacto para reformar la
Justicia. El único pacto posible insisto, es hacer justicia, que se castigue a
los magistrados corruptos como Henry Villarraga, quien esta semana renunció a
su cargo y niega que lo hayan grabado mientras conversaba con un coronel del
Ejército interesado en que su caso pasara de la justicia ordinaria a la militar
que lo procesa por el asesinado de civiles cobrados como trofeos.
Se investiga 1571 casos de ejecución extrajudicial ocurridos entre 2002
y 2008. 1405 casos (88,9%) se encuentran en etapa de investigación, 45 en
acusación (2,8%) y 30 en juicio (1,9%), habiéndose proferido sentencia en tan
solo 16 casos (1%) entre ellos.
Se necesita un pacto para sacar adelante una reforma a la salud. Pero
quienes se la robaron siguen usufructuando de sus negocios en carros de gama
alta con la plata que les giraron para garantizar la prestación del servicio a
los enfermos. Las EPS (empresas promotoras de Salud) deben 14. 1 billones de
pesos a los hospitales y sobre la cifra no hay acuerdo tampoco.
Se necesita un Pacto Nacional Agrario pero mientras se habla con los
campesinos sobre la tenencia de la tierra, vías de acceso y precios de insumos,
se pretende presentar un proyecto de ley para perdonar y no juzgar como
corresponde, a quienes hicieron esguince a la ley para acumular las unidades
agrícolas que le correspondían a los campesinos en la altillanura colombiana.
El pacto no es hacer trampa es ser decentes.
Necesitamos un pacto para generar empleo? O necesitamos que los patronos
paguen a sus propias empleadas domesticas, que les sirven.
Tenemos un movimiento político que se levanta con las banderas de la
transparencia y la no entrega del país a los terroristas, pero algunos
ministros y funcionarios del expresidente Alvaro Uribe, que lo lidera, siguen
investigados por perseguir y chuzar sin tantas herramientas como las de la NSA,
a magistrados y periodistas, a sus opositores.
La Fiscalía vinculó a más de 35 personas y abrió más de 18 procesos en
el escándalo por las llamadas chuzadas del DAS durante el gobierno del
ex Presidente Álvaro Uribe. María del Pilar Hurtado la exdirectora del DAS, hoy
está asilada en Panamá; el exsecretario de presidencia Bernardo Moreno, sigue
en un proceso en una instancia en la que son escuchados los testigos de las dos
partes.
El pacto en Colombia mientras se termina de hacer el de la Habana debe
ser también por las víctimas, las de esa misma guerrilla con quienes se firman
los acuerdos.
Los pactos valen y se pagan con impuestos….Ya lo reconoció el actual
ministro de Hacienda de Colombia y en buena hora vendrá la tan impopular
reforma tributaria. No hay pacto sin empresarios, quiénes tendrán que meterse
la mano al bolsillo. La paz es un buen negocio. Según dicen los que saben,
Colombia podría crecer mucho más de ese proyectado 4 por ciento si logra la
paz.
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