La cúpula del
Partido Comunista inicia la reunión secreta para delinear las reformas
económicas.
JOSE
REINOSO Pekín
Una pareja china pasa ante el hotel de Pekín se reúnen los líderes. / MARK RALSTON (AFP)
Cuando los nuevos líderes chinos, encabezados por Xi Jinping, ascendieron al poder en el 18º
Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) en noviembre de 2012, prometieron llevar
a cabo profundas reformas económicas y construir una sociedad más rica. Xi fue
designado en aquel cónclave secretario general del PCCh, y en marzo pasado fue
nombrado presidente del país. Desde entonces, ha ido asentando su poder y ha
despejado algunos últimos obstáculos heredados de su predecesor Hu
Jintao, como el escándalo del ex líder del PCCh en la municipalidad de Chongqing
y potencial rival Bo Xilai. Bo fue condenado a cadena perpetua
en septiembre por soborno, malversación y abuso poder.
Un año después del congreso, ha llegado el momento de tomar decisiones y
anunciarlas. China celebra desde este sábado y hasta el martes en el más absoluto
secreto una importante reunión del partido en la cual se prevé que fije la
agenda de las reformas que deberá llevar a cabo durante los próximos años con
objeto de bascular del actual modelo de desarrollo, basado en la inversión y
las exportaciones, a otro más ligado al consumo interno, y hacer el crecimiento
más sostenible después de tres décadas de expansión vertiginosa. Algunas
cuestiones sociales y políticas serán abordadas también en el conciliábulo,
pero se da por descontado que no se producirán reformas democráticas de estilo
occidental.
El Tercer Pleno del 18º Comité Central del PCCh —organismo integrado por
205 personas— debe revelar hasta qué punto la nueva dirección china está
comprometida con la necesidad de modificar un sistema, que, según ha reconocido
el propio Gobierno, ha llegado a un punto de inflexión: ha perdido fuelle, y
sufre exceso de capacidad industrial, un alto nivel de endeudamiento y precios
inmobiliarios astronómicos.
“El proceso de reformas chinas se ha estancado en la última década, lo
cual ha causado una grave crisis en la política china”, asegura Yao Zhongqiu,
investigador y vicepresidente del Comité Académico del Instituto de Economía
Unirule, un organismo privado con sede en Pekín.
Las posiciones coinciden dentro y fuera del país: sin reformas
profundas, China corre el riesgo de caer en la llamada trampa de los ingresos
medios, situación en la cual un país se estanca debido a la entrada en
competición de otros países con costes de producción inferiores, mientras aún
se encuentra lejos de economías que fabrican bienes de alto valor añadido. El
Gobierno se ha fijado como objetivo que para 2020 toda la población —urbana y
rural— duplique los ingresos per cápita respecto a 2010 (eran 7.519 dólares,
según la OCDE; la renta per cápita de España era ese año de 31.904 dólares).
El Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado —un
organismo de reflexión estatal— ha resaltado ocho áreas clave de reforma para
construir “una economía de mercado dinámica, liderada por la innovación, global
y pacífica bajo el gobierno de la ley”. En el núcleo del plan, está “gestionar
de forma adecuada las relaciones entre el Gobierno y el mercado”.
Las ocho áreas que cita son: las industrias monopolio, el suelo, las
finanzas, los sistemas de impuestos y fiscal, la apertura de la economía, la
administración del Gobierno, los activos de propiedad estatal y el impulso de
la innovación y el desarrollo ecológico. El informe sugiere la necesidad de
mejorar el acceso al mercado y la competencia en industrias cruciales como la
ferroviaria y la petrolera. Se prevé que el denominado tercer pleno proporcione
el marco amplio de las políticas, más que detalles de cómo va a transformar
China su economía.
Las empresas estatales serán uno de los temas fundamentales de la
reunión. Los expertos creen que las autoridades no están preparadas para
modificar profundamente la situación de los gigantes que dominan desde el
sector energético a la banca, y que las privatizaciones están fuera de la
agenda, aunque podrían adoptar decisiones audaces para hacer frente a los
poderosos grupos de interés en los monopolios estatales, que pueden resistirse
a los cambios.
Sí se esperan más detalles en otras áreas importantes, como las reformas
financiera, fiscal, del suelo, de la administración del Gobierno, los precios
de los recursos y la seguridad social, y la apertura de sectores protegidos a
la competencia extranjera.
Entre los principales cambios que se prevén hay medidas para liberalizar
los tipos de interés bancarios —el mercado jugaría un papel mayor— e introducir
mayor participación privada en el sector. Más lenta parece la transformación
del sistema fiscal para permitir a los Gobiernos locales gestionar mejor su
endeudamiento y no tener que confiar en las expropiaciones y la venta de suelo
para obtener dinero.
En el ámbito social, uno de los temas candentes es el proceso de
urbanización. El Gobierno quiere que la economía dependa menos de la inversión
y las exportaciones, y más de los servicios y el consumo interno. Esto implica
impulsar la urbanización del país, asentar a cientos de millones de habitantes
de las zonas rurales en ciudades y modificar el sistema actual de registro de
residencia o hukou, que impide en la práctica a los emigrantes instalarse con
sus familias en las ciudades porque no tienen los mismos derechos sociales,
educativos y sanitarios que los locales. Se esperan medidas para relajar
progresivamente estos controles. El pleno podría estimular también reformas
para permitir algún día a los campesinos vender la tierra cuando dejan el
pueblo.
“No es probable que el tercer pleno termine con compromisos ejecutables
para reducir la malversación o los privilegios de las empresas estatales. Lo
máximo que se prevé son medidas orientadas a incrementar la transparencia de la
financiación de los gobiernos locales y a facilitar la entrada de más capital
privado en las empresas estatales”, afirma en un documento Mario Esteban,
investigador sobre Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, en Madrid. “Algo
más factible parece el establecimiento de un nuevo régimen de propiedad de la
tierra en el mundo rural, que elevaría el nivel de ingresos de los campesinos y
la oferta de viviendas. Donde sí se esperan avances más concretos es en
cuestiones menos controvertidas como la progresiva liberalización de los tipos
de interés y del yuan, el incremento del gasto social y la relajación de la
política del hijo único y del sistema de registro de residencia”.
Los mandatarios chinos han prometido una sociedad más armoniosa, lo cual
implica reducir las grandes brechas sociales y atajar los crecientes problemas
medioambientales. La creación de una economía más equilibrada ya fue un
objetivo de la generación previa de dirigentes, pero no hubo grandes avances en
este sentido. Xi Jinping y su primer ministro, Li Keqiang, parecen más
decididos a alcanzarlo, ya que han declarado públicamente que tolerarán un
crecimiento económico menor mientras llevan a cabo las reformas. Para Xi y Li,
lo importante es la estabilidad del crecimiento, no tanto que el ritmo sea
alto. Desarrollo con más calidad, aunque sea más lento. Aun así, Li ha
recordado esta semana que China necesita crecer un 7,2% anual para garantizar
suficientes puestos de trabajo. La economía subió un 7,7% el año pasado, y se
prevé que en 2013 lo haga un 7,5%, el menor valor en 23 años.
Como es norma de la casa, la aproximación a los cambios será gradual. La
estabilidad económica y social continúa siendo la prioridad del Ejecutivo. Los
próximos meses mostrarán la rapidez con la que quieren o pueden avanzar Xi
Jinping y su cohorte.
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