El proyecto del oficialismo incluye el divorcio
exprés y la fertilización asistida para parejas del mismo sexo; excluye el
alquiler de vientres.
Sanz, Fuentes, Conti y Domínguez, en la reunión del plenario de comisiones que sesionó ayer; el oficialismo busca la media sanción en dos semanas. Foto: Emiliano Lasalvia
Pese a los reclamos de la Iglesia, el oficialismo
no introdujo cambios sustanciales al proyecto de modificación y unificación del
Código Civil y Comercial, al que pretende dar media sanción en el Senado en
apenas 15 días.
Según el texto dado a conocer ayer, el
kirchnerismo mantendrá en pie el divorcio exprés, la fertilización asistida
para matrimonios del mismo sexo, la gestación post mórtem y las uniones
convivenciales, entre otros puntos, que las autoridades eclesiásticas
cuestionan abiertamente. Las únicas concesiones que aceptó el oficialismo son,
principalmente, dos. Una, la eliminación del texto del artículo sobre gestación
por sustitución, conocido como alquiler de vientres. La otra, el reconocimiento
de que la existencia de la persona humana comienza con la concepción.
No obstante, en este último punto se trata de una
concesión a medias, ya que el nuevo Código nada dice sobre los embriones
concebidos por fertilización asistida y que no fueron implantados en el útero
de la mujer. El oficialismo prometió una ley especial sobre este tema
específico, que todavía no presentó ni precisó.
El texto tampoco exhibe cambios en aspectos
polémicos que reclama la oposición. Uno de ellos se refiere a la
responsabilidad del Estado: el oficialismo confirmó que cualquier hecho, sea
lícito o ilícito, que cometa el Estado en perjuicio de un ciudadano deberá
atenderse por vía administrativa, no por vía civil, que establece sanciones más
estrictas. Este criterio quedó expresado en un proyecto de ley especial que el
Gobierno presentó ayer y que la Cámara de Diputados tratará el martes próximo.
El texto tampoco exhibe cambios en aspectos
polémicos que reclama la oposición. Uno de ellos se refiere a la
responsabilidad del Estado: el oficialismo confirmó que cualquier hecho, sea lícito
o ilícito, que cometa el Estado en perjuicio de un ciudadano deberá atenderse
por vía administrativa, no por vía civil, que establece sanciones más
estrictas. Este criterio quedó plasmado en un proyecto de ley especial que el
Gobierno presentó ayer y que la Cámara de Diputados tratará el martes próximo.
Además, incorpora en el artículo 15 de la iniciativa una figura que promete
controversia: la de la "función social de la propiedad". Según el
artículo, toda propiedad tiene una función social y, por lo tanto, debe estar
"sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien
común".
El kirchnerismo presentó su propuesta de dictamen
en la Comisión Bicameral encargada de revisar e impulsar la sanción del nuevo
código. En esa reunión, los legisladores no discutieron la letra chica del
proyecto, sino cómo serán los tiempos de aprobación: en este sentido, el
oficialismo, mayoría en ambas cámaras, blanqueó su intención de darle media
sanción el 27 de este mes en el Senado, pocos días antes de la asunción de los
nuevos legisladores.
Semejante apuro obedece, explicaron los
oficialistas, a que con la renovación legislativa se volvía a fojas cero todo
el trabajo que elaboró la Comisión Bicameral en dos años. "No tenemos
ningún apuro externo -dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Julián
Domínguez, en un intento por disipar las sospechas de que actuaban por orden de
la Casa Rosada-. Sólo queremos cerrar un proceso: hay varios legisladores de
esta comisión que terminan su mandato y se rompieron el alma para ver
sancionado el nuevo código."
Así las cosas, y pese a las críticas de la
oposición (ver página 7), el oficialismo está decidido a terminar el año
parlamentario con la media sanción del nuevo código. Lo convertiría en ley el
año próximo pero, llamativamente, no dio mayores precisiones de fechas.
"La sanción de ley dependerá de cómo se comporte (Ricardo)
Lorenzetti", acicateó un importante referente opositor.
Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, es
uno de los autores, junto con Elena Highton de Nolasco, también ministra del
alto tribunal, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, de la reforma y
unificación del Código Civil y Comercial. El trío presentó el proyecto en marzo
de 2012 y, pocos meses después, el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso, no sin
antes aplicar importantes modificaciones al texto que elaboraron los juristas
(de lo que se informa aparte).
Una vez en el Parlamento, los diputados y senadores
que integran la Comisión Bicameral convocaron a audiencias públicas y
recorrieron el país para escuchar los testimonios de los actores interesados en
la reforma. La actividad se paralizó con la campaña electoral, y se retomó
recién ayer: fue entonces cuando el oficialismo anunció su vocación de apurar
los tiempos.
"Podría haber nuevos cambios. Veremos qué
propuestas acerca la oposición", confió anoche a este diario un importante
diputado oficialista.
En el kirchnerismo confían en que la Iglesia no
hará demasiados reproches por las escasas concesiones que se les realizaron a
sus planteos. "Lo más importante es que el texto preserva la doctrina
filosófica de la Iglesia. Por eso se enfatizó que la vida comienza con la
concepción. También se eliminó el alquiler de vientres, que era otra de sus
peticiones más fuertes. En lo que no se dará marcha atrás es en las cuestiones
civiles como el matrimonio o el divorcio. Pero, visto así, se accedieron a los
planteos medulares de la Iglesia", exaltaban ayer en el kirchnerismo.
Así las cosas, en lo que respecta a divorcio se
mantendrá lo que había propuesto la comisión redactora: el proyecto original
propone simplificar los trámites -de ahí el calificativo "exprés"-,
estableciendo que puede solicitarse también con el único deseo de uno de los
cónyuges. Además, para tomar la determinación no sería necesario que el cónyuge
invoque causas. Así, cuestiones como el adulterio o la falta de convivencia ya
no tendrían efectos jurídicos adversos. Asimismo, el nuevo código reconoce el
matrimonio igualitario, en línea con la ley que se aprobó hace tres años. Por
eso, no se realizarán distinciones entre varón y mujer para definir quiénes
pueden casarse.
Además, los cónyuges podrían optar entre el régimen
de comunidad de ganancias y el régimen de separación de bienes, a través de
acuerdos prenupciales.
PUNTOS SALIENTES
Se conservan en el texto
El divorcio exprés, la gestación post mórtem y las
uniones convivenciales. También, la responsabilidad sólo administrativa y no
civil cuando el Estado perjudica a un ciudadano
Se eliminó
El alquiler de vientres. Otra concesión fue el reconocimiento de que hay vida humana desde la gestación.
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