La reforma de la
Carta Magna marca las presidenciales del domingo.
RODRIGO
CEA / WALDO DÍAZ Santiago de Chile
Una mujer camina al lado de la propaganda política de Bachelet. / HECTOR RETAMAL (AFP)
El 11 de marzo de 1981 —después de que el año anterior se realizara un
plebiscito sin registros electorales ni acceso de los medios de comunicación—
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)
puso en vigencia una nueva Constitución en Chile. Se trataba de asegurar el
papel tutelar de las Fuerzas Armadas, afianzar el régimen militar y legitimar
el nuevo orden social y económico impuesto por la Junta Militar.
Treinta y dos años después, la reforma de la Constitución de Pinochet ha
marcado la agenda de la campaña presidencial. De cara a las elecciones de este
domingo, —a las que la ex Presidenta Michelle Bachelet se presenta con una
holgada ventaja en todas las encuestas—, ocho de los nueve candidatos proponen
reformar la Carta Magna. Su legitimidad está en tela de juicio y la idea de
realizar una Asamblea Constituyente se ha instalado con fuerza en los grupos
más duros de la izquierda chilena.
Los últimos cambios a la Constitución los firmó el ex Presidente Ricardo Lagos, que en 2005 eliminó algunos de sus artículos de
carácter autoritario, como la designación de senadores, y estableció
la facultad del presidente de la República para destituir a los comandantes en
jefe de las Fuerzas Armadas. La reforma, sin embargo, ya no es suficiente a
ojos de un amplio sector de la izquierda. “Lagos se equivocó y él mismo lo ha
reconocido”, sostiene el ex senador socialista Carlos Ominami, ex jefe de
campaña del otrora gobernante.
Desde que dejó Nueva York y la jefatura de ONU-Mujeres, en marzo pasado,
Bachelet colocó la reforma de la Constitución como uno de los tres pilares de
su campaña, junto a las reformas en educación y el régimen tributario. A esas
alturas, las movilizaciones estudiantiles habían convulsionado a la clase
política. Una de sus exigencias pasaba precisamente por desmantelar la Carta
Magna heredada de Pinochet.
Bachelet ha dicho que realizará una reforma por una vía “participativa,
democrática e institucional”, pero no ha dado luces sobre los detalles de dicha
iniciativa. Así es como no ha descartado públicamente convocar a una Asamblea
Constituyente, pese a que en su entorno se afirma que su apuesta pasa por
realizar los cambios en el Congreso y luego convocar a un referéndum para confirmarlos.
La idea es que la nueva Constitución ponga fin al sistema electoral “binominal”
y elimine los elevados números de votos que requieren algunas leyes para ser
aprobadas en el Parlamento, entre otras cosas.
Con el rechazo de la derecha y el fantasma de otros procesos
constituyentes en los países de la izquierda más dura de América Latina, como
Bolivia, Ecuador o Venezuela, el bacheletismo estima que ese mecanismo sólo es
aplicable cuando los países no tienen “principios de legitimidad” y, a su juicio,
Chile está lejos de esa posición. La ex Presidenta es consciente de que
convocar a una Asamblea Constituyente puede tener altos costos a la hora de
implementar otras reformas que pretende poner en marcha, en la medida que
abriría un escenario político incierto y altamente polarizado.
El programa de Bachelet es reformista, pero ella no ha renunciado al
principio de la gradualidad y gobernabilidad, según señala un influyente
miembro del equipo electoral de la ex Presidenta, quien, sin embargo, añade que
la gran incógnita apunta a si la derecha bloqueará el camino para cambiar la
Constitución. Solo en ese caso entra en escena la posibilidad de convocar a una
Asamblea Constituyente y, precisamente por este motivo, la ex mandataria ha
comenzado a poner presión sobre sus adversarios al no descartar el uso de esa
herramienta.
“Sólo en el escenario de que una reforma total a la Constitución
fracase, la ex Presidenta se abre a la posibilidad de que se recurra al poder
Constituyente originario de un pueblo”, afirma el abogado Francisco Zúñiga, ex
Presidente de la comisión a la que Bachelet encargó una propuesta para reformar
la Carta Magna.
Un sector de la izquierda, sin embargo, ha aumentado su presión para
establecer una Asamblea Constituyente: consideran la reforma “ilegitima” por
ser heredada de la dictadura y rechazan que sea incubada en el Parlamento.
El movimiento Marca Tu Voto está tratando de conseguir 40.000
observadores y vocales de mesa en todo el país para las elecciones de este
domingo con el objetivo de que un millón de chilenos marquen la sigla AC
(Asamblea Constituyente) en el sufragio. Se trata de un grupo de ex dirigentes
de los movimientos estudiantiles de las movilizaciones de 2011 y dirigentes de
sindicatos y algunos partidos de la izquierda extraparlamentaria y la Nueva
Mayoría, que apoya a Bachelet.
Las posiciones están divididas en el propio bacheletismo. Uno de los
adherentes del movimiento Marca Tu Voto es el abogado Fernando Atria, quien
participó en la comisión que estableció la ex Presidenta para reformar la
Constitución. Una visión diferente tiene otro ex integrante del grupo, Javier
Couso, quien, sin embargo, sostiene que “si la ex Presidenta no intenta cambiar
la Constitución su gobierno va a estar en serios problemas. Primero, porque no
va a poder hacer prácticamente nada de su programa sin el acuerdo de los
herederos de Pinochet. Segundo, va a quedar ante los movimientos sociales como
alguien que los traicionó”.
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