Un grupo
irresponsable ha cerrado el gobierno federal porque ha antepuesto sus obsesiones
ideológicas al bienestar de Estados Unidos. Pero no ha logrado su máximo
objetivo, paralizar la reforma sanitaria de Obama.
EVA VÁZQUEZ
La sanidad esencialmente privada estadounidense tiene los mayores costes
internacionales, pero también indicadores a la zaga en el mundo desarrollado;
48 millones de personas carecen de seguro, la burocracia es exuberante y el
fraude masivo. Las aseguradoras privadas (HMO) cargan altas primas y copagos,
excluyen enfermedades crónicas y seleccionan riegos para reducir costes y
aumentar ganancias. No hay un seguro nacional sanitario, como en la Unión
Europea, Canadá y la mayoría de Iberoamérica, donde el Estado es el asegurador
o juega un rol crucial en la provisión, regulación y supervisión del sistema
privado. En Chile, pionero en la privatización sanitaria, solo un 16% de la
población está cubierta por ese sector y el resto por el sistema público. En
1966, enfrentando un boicot de los médicos, el presidente Johnson creó el
seguro de sanidad para retirados (Medicare), obligatorio y con financiación
federal, pero con atención por instalaciones privadas y seguro suplementario en
HMO. Hoy es el segundo programa público más popular en el país.
La Ley de Atención Sanitaria Asequible (ASA o Obamacare) aprobada
por el Congreso en 2010, que comenzó a operar el 1 de octubre, enfrenta los
severos problemas descritos. No cambia el sistema privado pero hace obligatoria
la cobertura, garantiza prestaciones mínimas, provee subsidios a los
necesitados y multa a los infractores, lo cual es tildado de “socialización de
la medicina” por los extremistas republicanos del Tea Party. Estos solo cuentan
con unos 40 miembros en el Congreso pero han cerrado el Gobierno federal, al
vincular la aprobación del presupuesto a su demanda de recortes de fondos o
demoras en Obamacare. Unos 800.000 funcionarios quedaron
parados mientras que un millón pueden trabajar sin salario, y están cerrados
desde el Parque Nacional del Gran Cañón hasta la Estatua de la Libertad (¿signo
ominoso?). Un grupito irresponsable antepone sus obsesiones ideológicas al
bienestar del país; al no poder derrotar a Obama en las elecciones de 2012,
ahora intentan cobrársela cerrando el Gobierno. La ironía es que la ley no ha
sido bloqueada porque tiene financiamiento obligatorio.
Bajo Obamacare, las aseguradoras deberán garantizar 10
prestaciones esenciales a todos: atención preventiva, ambulatoria, emergencia,
hospitalaria, maternidad y neonatal, pediátrica, mental, dental y ocular, de
enfermedades crónicas, rehabilitadora y de laboratorio y fármacos. El Gobierno
federal abonará subsidios para cubrir a los pobres y personas de bajo e incluso
mediano ingreso (con una escala decreciente); se predice que siete millones
recibirán el subsidio. Las HMO no podrán negar cobertura por enfermedades
preexistentes pero podrán cargar extra a los fumadores. La prima promedio sin
subsidio se estima en menos del 1% del salario.
La cobertura es obligatoria para lograr la universalidad y un pool muy
amplio de asegurados que equilibre riesgos; aquellos que ya están cubiertos por
HMO, planes de empresa o Medicare pueden conservar sus planes y no tienen que
inscribirse. El registro ya se abrió y habrá que inscribirse a final de año
para tener cobertura en 2014. Los que rehúsen registrarse pagarán una multa del
1% del salario o 70 euros anuales, pero creciente. Para aumentar la competencia
y reducir la prima, funciona un mercado de planes de seguro gestionado por el
Gobierno federal en el que los habitantes comparan prestaciones y primas, y
seleccionan el plan privado que más les guste (por Internet, correo, teléfono o
en persona). Los empresarios con menos de 50 trabajadores también podrán
comparar opciones y escoger un plan; los empresarios grandes sin un plan
adecuado para sus empleados serán multados. Hay fondos federales para entrenar
a “navegadores” que ayuden de forma gratuita a consumidores y empresas a
estudiar los planes y hacer decisiones.
No todo es Jauja: aún se están promulgando regulaciones y guías
federales, no se comenzó la educación al público con suficiente antelación y
existe confusión, el programa para pequeños empresarios fue pospuesto para
noviembre, y las multas a los empleadores grandes que no cubran a sus empleados
hasta 2015. Estos son dificultades lógicas en un programa grande que comienza,
pero las bondades capitales de la ley son indudables y el mercado de planes se
ha iniciado con vigor inesperado: seis millones de visitas en dos días, que han
atascado Internet.
El jefe de la mayoría republicana en la Cámara, John Boehner,
inicialmente fue conciliador pero, arrastrado por el vociferante Tea Party, se
unió a su esfuerzo para abolir un impuesto de 2,3% o posponer un año el registro
en Obamacare. La ofensiva conservadora alcanzó su cénit con el
maratón oratorio del senador Ted Cruz de Texas, que habló 21 horas sin parar a
fin de atrasar el debate y criticar laObamacare, así como a sus
colegas moderados acusándoles de que aceptar la ley era igual que apaciguar a
los nazis. Su meta era ganar puntos con los extremistas en Texas y para su
posible nominación presidencial en 2016, sin importarle un bledo el daño al
país; pero al final su pataleta —según el New York Times— lo
convirtió en “el hombre más impopular en Washington”.
Boehner ha perdido estatura, ha sido incapaz de enfrentarse a Cruz y
está siendo perjudicado por el impasse.
El Tea Party aduce que representa al pueblo norteamericano, pero las
cifras prueban que no hay tal mandato. Según encuestas recientes,
el 44% se opone a la ley (debido a la escasa información ciudadana y la masiva
y aviesa propaganda conservadora), pero el 71% está en contra de cerrar el
Gobierno para bloquear a Obamacare. La elección presidencial
de 2012 fue ganada por cinco millones de votos demócratas (con esta ley como
una conquista clave de Obama), y la “victoria” republicana en la Cámara fue
manipulada con su previo rearreglo de distritos electorales y los demócratas
ganaron por 1,4 millones el voto popular.
Los republicanos más racionales y moderados, como el senador John
McCain, saben que los kamikazes perderán la batalla y que el cierre
gubernamental les perjudicará como ocurrió en 1995-96, cuando ayudó a la
reelección de Clinton, porque la población los culpará de ello, dañando así sus
posibilidades en 2014 de mantener la mayoría en la Cámara y ganarla en el
Senado. Varios ya han declarado públicamente que el cierre del Gobierno es una
locura irresponsable y se están pasando al otro bando. Harry Reid, jefe de la
mayoría demócrata en el Senado, ratifica que su bloque se opondrá a un recorte
o demora en la ley, y Obama advierte de que vetará cualquier presupuesto que se
le someta con dichas cortapisas.
El miércoles Obama se reunió con los cuatro dirigentes del Congreso pero
no se llegó a un acuerdo. Paliativos que se barajan son: pasar una “resolución
continua” para mantener el Gobierno funcionando o un presupuesto por un periodo
corto (stop gap), o financiar sectores como la
investigación sanitaria y los parques, pero estos son parches que no resuelven
el problema. Peor aún, el 17 de octubre es posible que, por primera vez en la
historia, la Cámara se niegue a alzar el tope a la deuda federal (porque los
republicanos demanden concesiones sobre regulación ambiental y bancaria,
recortes presupuestarios, etcétera), desatando la insolvencia federal para
pagar sus obligaciones, una vuelta a la recesión y la agravación de la crisis
económica mundial. Los economistas predicen una caída en el valor de los bonos
del Tesoro, un disparo en los intereses, una pérdida de 15.000 millones de
euros en un decenio, y el derrumbe en los mercados de valores en el mundo. En
fin, la catástrofe a fin de derrotar a esta ley y a Obama.
A la larga saldremos de esta crisis, aunque pagando un coste; Obamacare mejorará
la sanidad norteamericana y llegará a ser tan popular como Medicare. Pero la
división profunda en el Congreso y en la nación es un grave reto al progreso
democrático y económico de EEUU.
Carmelo Mesa-Lago es catedrático emérito de Economía y Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, autor de una docena de libros
sobre reformas sanitarias en el mundo y finalista al Premio Príncipe de
Asturias en Ciencias Sociales en 2009.
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