A menos de seis meses del inicio de su segundo período de
gobierno, el presidente de EE.UU. es noticias por los grandes problemas que
afronta.
Barack Obama es cuestionado ultimamente por un amplio sector ciudadano y político en los EE.UU.. Foto: AP
A menos de seis meses del inicio
de su segundo período de gobierno, Barack Obama está inmerso en una seguidilla
de escándalos que bien podrían terminar definiendo cómo pasará a la historia.
Una serie de filtraciones relativas
a la seguridad nacional tienen
al gobierno a la defensiva y dejan en evidencia el nivel de discrecionalidad y
de secretismo con el que se administran las polémicas leyes que autorizan
vigilancias cuando se sospecha de actividades extremistas.
El caso
de la masiva obtención de datos de la telefónica Verizon o el seguimiento de
usuarios de Internet que se conoció la semana pasada por la información que
suministró a la prensa el ex asistente de la CIA Edward Snowden han aumentado
la presión sobre Obama, al tratarse de operaciones de vigilancia estatal que
tienen al menos el potencial de abarcar a segmentos grandes de la población
sobre los que no recae evidencia de actividad ilegal.
Más allá
de las consideraciones políticas y naturales reacciones partidistas, cada caso
toca el área de los derechos ciudadanos de una manera distinta, desde la
libertad de expresión y presunción de inocencia, hasta el derecho a la
privacidad y la igualdad ante la ley. Y cómo se supeditan o no al "máximo
interés" de la seguridad nacional.
Para
muchos resulta irónico que un presidente que llegó al poder cuestionando los
excesos cometidos en nombre de la llamada "guerra contra el
terrorismo" esté siendo señalado por sus propios excesos al usar las
herramientas legales que tanto criticó antes de llegar a la Casa Blanca.
1. LOS TELÉFONOS DE AP
A principios de mayo, el
Departamento de Justicia le informó a la agencia de noticias Associated Press
(AP) que el gobierno había obtenido registros de
llamadas de 20 líneas de la agencia, entre números de oficinas y teléfonos
personales de algunos periodistas.
Aunque
AP aseguró que no se le explicó la razón de la investigación, la agencia lo
vínculo a un artículo publicado en mayo del 2012 en el que se revelaba el
desmantelamiento de un supuesto plan de atentado por parte de al-Qaeda que se
originó en Yemen.
El
presidente de AP Gary Pruitt, calificó la acción del departamento de Justicia
como "una intrusion masiva y sin precedentes" y "una seria
interferencia con los derechos contitucionales de AP".
Los
profesionales de la prensa han visto en la acción del gobierno un indebido
intento de identificar una fuente de información que se supone protegida por la
sacrosanta confidencialidad que establece cuando entra en relación con un
periodista. Para el gobierno se trata de capturar a un "soplón" que
consideran que ha puesto en riesgo la seguridad nacional revelando secretos
clasificados.
2. VERIZON E INTERNET
Lo que involucraba a unos pocos
números telefónicos en el caso de AP se convirtió en millones en el de la
filial estadounidense de la telefónica Verizon y potencialmente más aún en el
de la vigilancia de usuarios de
internet.
La
semana pasada el diario británico The Guardian y el estadounidense The
Washington Post presentaron datos obtenidos del ex asistente técnico de la CIA,
Edward Snowden, que evidenciaban que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)
mantenía un sistema regular de obtención de datos telefónicos aprobado por una
corte secreta.
La
reacción de la Casa Blanca y del Congreso dejó en claro que se trataba de una
práctica común, de vieja data y que cuenta con respaldo legal en las polémicas
Ley Patriota y la Ley de Vigilancia de Información Extranjera (FISA) heredadas
de tiempos de George W. Bush.
"Nadie
está escuchando sus llamadas", aseguró el fin de semana el presidente Barack
Obama aclarando que no se trata de "escuchas telefónicas", sino que,
al igual que en el caso de AP, lo que se recoge es la llamada
"metadata". Además, el mandatario defiende la legalidad de la medida
argumentando que está "aprobada por todas las ramas del Estado".
Pero los
grupos de derechos civiles han cuestionado la laxa interpretación que asegura
que hace el departamento de Justicia de las de por si polémicas leyes, del
secreto en el que se mantiene todo el proceso y del amplio alcance, cosa que
estaría reñida con la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a los
ciudadanos de "búsquedas injustificadas".
3. LOS IMPUESTOS DEL TEA PARTY
En mayo pasado, casi
simultáneamente con la noticia sobre AP, un informe interno de la Oficina de
Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) reveló que se habían usado "criterios
inapropiados" para otorgar estatus especiales de rebaja de impuestos a
organizaciones sin fines de lucro vinculadas al llamado Tea Party, el ala más conservadora del Partido
Republicano.
El
reporte del Inspector de Administración de Impuestos indicaba que se había
represado solicitudes de estas organizaciones cuando aparecían en sus nombres
alusiones al Tea Party o su retórica o sus agendas eran consideradas
ultraconservadoras.
Una de
las preocupaciones del IRS era que estos grupos, al declararse como
"promotoras del bienestar social", se acogieran a exenciones a las
que no tendría derecho de reconocer que realizan actividades de proselitismo
político. Aunque esas prácticas ya habrían sido descontinuadas y el comisionado
interino Steven Miller renunció a su cargo, el FBI abrió una investigación
criminal sobre el caso.
Sin
embargo, para los demócratas el escándalo podría complicarles las elecciones de
medio término para el Congreso y, por lo pronto, han revivido el movimiento
conservador que tras sus éxitos del 2010 había perdido influencia dentro del
Partido Republicano. De hecho, diferentes sondeos de opinión indican que el del
IRS y el Tea Party es el escándalo que más preocupa a los estadounidenses,
mientras que el de las escuchas telefónicas les resulta el menos importante.
4. ATAQUE EN BENGASI
Antes de esta cadena de
escándalos, el flanco preferido de los ataques republicanos al gobierno era los
fallos de seguridad que en noviembre de 2012 facilitaron un ataque al
consulado estadounidense en Bengasi, Libia, causándole la muerte al
embajador estadounidense en Libia Christopher Stevens y otros tres
estadounidenses.
El
recuerdo de Bengasi se reactivó en días pasados con el nombramiento de la
actual embajadora ante la ONU, Susan Rice, como nueva asesora de seguridad
nacional del presidente Obama.
Varios
congresistas republicanos recordaron que Rice no pudo sustituir a Hillary
Clinton en el departamento de Estado, porque la Casa Blanca sabía que no
contaría con la aprobación del Comité de Exteriores y cuestionaron el nuevo
nombramiento.
Rice es
vista por los republicanos como una de las principales promotoras de lo que
consideran una campaña de desinformación del ejecutivo que no reconoció en
primera instancia que el ataque a la embajada había sido una acción premeditada
y que hubo un fatal fallo de inteligencia.
Como
consecuencia de la polémica cinco comités del Congreso abrieron sendas
investigaciones. En abril los integrantes republicanos presentaron un informe
preliminar en el que aseguran que el gobierno no reforzó la seguridad de los
diplomáticos en Libia pese a contar con información que así lo aconsejaba.
Además señalaron que la Casa Blanca construyó un relato impreciso de los
eventos y al final culpó a las agencias de inteligencia por los huecos que la
versión oficial presentaba.
5. RÁPIDO Y FURIOSO
Los casos de AP y de Verizon han
renovado la presión sobre el secretario de Justicia, Eric Holder, quien en
junio de 2012 se convirtió en el único miembro de gabinete de un gobierno
estadounidense en ser declarado en desacato acusado de obstruir una
investigación del Congreso.
La
investigación era sobre Rápido y Furioso, el fallido plan de la oficina de
Alcohol, Tabaco y Armas, dependiente del departamento de Justicia, con el que
intentaban rastrear armas ilegales en su ruta hacia carteles de la droga
mexicanos.
El
rastreo no tuvo éxito y 2000 armas usadas en el programa desaparecieron, hasta
que dos de ellas fueron usadas en un tiroteo en diciembre de 2010 en Arizona el
que murió un agente de la Patrulla de Fronteras estadounidense.
La
muerte del oficial aceleró una investigación parlamentaria abierta desde 2009
-y que Holder consideró un decisión "políticamente motivada", por
tratarse de año electoral- en la que su oficina no suministró toda la
información que se le solicitó sobre el programa.
Incluso
cuando Holder quiso limar asperezas con la prensa tras el escándalo de AP su
oficina convocó a reuniones off the record, lo que a muchos medios les pareció
irónico y un intento de ocultar cosas a la esfera pública por lo que algunos no
asistieron a los encuentros.
Muchos observadores en Washington
piensan que la confluencia de todas estas tormentas políticas sobre el
departamento de Justicia bien podrían resolverse con la salida de Holder del
cargo, una movida que sería vista por algunos como una manera de la Casa Blanca
calmar las exigencias de responsabilidad que hace parte importante del público..
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