A
principios de año, un juez de la Corte Suprema vaticinó: "La próxima
guerra será contra nosotros". Anteayer, desde Santa Cruz, Cristina Kirchner confirmó el presagio. Está en
guerra declarada contra la Corte. Su
proyecto es cambiarla. Subiendo o bajando el número de miembros, quiere otro
tribunal en la cima del Poder Judicial. Por ahora, está ejecutando lo que mejor
sabe hacer su gobierno: presionar, descalificar, manipular algunos datos de la
verdad.
La Presidenta vislumbra que su reforma judicial no tiene buen
pronóstico en la
Justicia. De alguna manera, esa intuición fue confirmada anoche por la jueza
electoral María Servini de Cubría, que declaró inconstitucional la elección
popular y partidaria de los consejeros de la Magistratura. Es la sentencia que
esperaba la Corte Suprema, porque es el primer fallo sobre la cuestión de
fondo. No es una cautelar, como lo fueron todas las anteriores resoluciones de
los jueces que frenaron aquella elección. La jueza Servini de Cubría dictaminó directamente que el contenido de la
reforma cristinista es, en lo que se refiere al Consejo de la Magistratura,
inconstitucional. Ese
expediente terminará en la Corte Suprema. Esto explica la dura ofensiva de
Cristina contra los máximos magistrados del país.
Esas
personas son jueces. No están acostumbradas a las agitaciones ni a los
maltratos de la política. El clima que ayer se vivió en la Corte era de un
especial malhumor. "¿Qué hemos hecho para merecer este destrato?", se
preguntaban con insistencia entre los máximos jueces del país. La Presidenta ha
perdido ya cualquier noción de la moderación institucional. Nunca, en 30 años
de democracia, el jefe del Poder Ejecutivo se refirió de manera tan ofensiva a
la cabeza de otro poder del Estado.
El
cristinismo toca los límites de la Constitución con el propósito de violarlos.
Dos importantes ministros, Juan Manuel Abal Medina y Julio De Vido, dijeron en
los últimos días que no hay otra solución electoral que la continuidad de
Cristina Kirchner después de 2015. Esas cosas no se dicen sin la aprobación de
la Presidenta. La Constitución obliga a Cristina abandonar su cargo dentro de
dos años. ¿Alguien podría imaginar a ministros norteamericanos pidiendo que
Barack Obama se quede en la presidencia más allá de los únicos dos mandatos que
le permite la Constitución de su país? Imposible. La anomalía se ha convertido
en la normalidad argentina.
El
problema de la Presidenta es que su capacidad de ataque es cada vez menor.
Agranda sus ofensas en la medida en que el impacto de ellas es crecientemente
escaso. A veces, consigue exactamente lo contrario: convertir en víctimas a los
destinatarios de su furia. Le sucedió el lunes con el cruel ataque al juez
Carlos Fayt, a quien llamó "el centenario". Hizo explotar las redes
sociales, pero en mayoritario apoyo de Fayt. A los 95 años, Fayt es un juez
independiente incluso de sus propios colegas de la Corte Suprema. La semana
anterior, en un caso que debía decidir si se continuaba o no con el embargo en
la Argentina de las cuentas de la petrolera Chevron, escribió una posición
solitaria contra la resolución firmada por los seis miembros restantes del
tribunal. El caso era especialmente sensible para el Gobierno. Fayt votó contra
los intereses del Gobierno.
Irónica
y agresiva, Cristina no se priva ni de cometer el pecado de la discriminación.
Entre otros sectores sociales discrimina a los discapacitados, a los obesos, a
los que profesan credos diferentes del mayoritario o a los viejos, entre muchos
más. El deber de los líderes es impedir esas segregaciones, en lugar de
provocarlas. Fayt es miembro de la Corte porque asumió en 1983, mucho antes de
la reforma constitucional de 1994 que estableció los 75 años como edad máxima
para los jueces. Tiene derechos adquiridos, como los tiene también otro juez de
la Corte de 1983, Enrique Petracchi. La Presidenta, que es abogada, a pesar de
lo que parece, detesta los derechos adquiridos porque le impiden aplicar sus
revanchas en tiempos perentorios.
No
sólo Fayt fue blanco de sus ataques, aunque fue la mención más ofensiva.
También le echó en cara al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, haber
llegado al tribunal por decisión del matrimonio Kirchner. Otra vez, Cristina
cambió los términos de la verdad. Dijo que Néstor Kirchner había designado al
"presidente de la Corte" sin conocerlo. En rigor, el ex presidente
promovió el nombramiento de Lorenzetti como juez de la Corte. El cargo de
presidente se lo ganó el propio Lorenzetti, a quien eligieron titular del
cuerpo los otros jueces supremos. El resabio más peligroso de la queja
presidencial es cierto reproche porque no le agradecieron la designación. Si
tuviéramos una Corte agradecida a los Kirchner por su nombramiento, ¿qué
diferencia habría entonces con la Corte menemista? ¿Qué mérito falso se les
habría adjudicado a los Kirchner durante diez años cuando se valoró la
designación de una Corte honesta e independiente?
También
los jueces Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni fueron mencionados por la
Presidenta como hombres con antecedentes de militancia política. Defendió, de
ese modo, su proyecto de elección popular y partidaria de los consejeros de la
Magistratura, que tendrán la capacidad de nombrar, ascender o desplazar a los
jueces. Ni Maqueda ni Zaffaroni llegaron a sus puestos actuales en boletas
partidarias. Ésa es la diferencia. Maqueda se ha dedicado a ser juez y
Zaffaroni prefirió militar en el cristinismo. Es la decisión de cada uno de
ellos. Ninguno se sintió obligado por partido alguno a ser lo que son o a hacer
lo que hacen.
Cristina
se molestó porque al Poder Judicial lo llaman "contrapoder". La
Justicia no es un contrapoder, porque es un poder del Estado. La Justicia sí
es, en su esencia, contramayoritaria. Su función es aplicar las leyes sin
importarle el pensamiento circunstancial de la mayoría. Su deber (sobre todo el
de la Corte) es garantizar la vigencia de la Constitución para impedir la
arbitrariedad y reponer en sus derechos a los ciudadanos. Ese sistema es la
mejor defensa de las minorías y responde a los frenos y contrapesos propios de
la división de poderes. División de poderes que es, en definitiva, la garantía
más eficiente de la libertad. Es casi imposible, de todos modos, analizar a la
Presidenta con parámetros normales. Su caso tal vez no pertenezca sólo a la
política. La actual presidenta es la misma persona que como senadora defendía
las instituciones y que llegó al poder, en 2007, prometiendo una mejor calidad
de vida democrática. Nadie hubiera imaginado entonces que seis años después
compararía a su esposo con San Martín y Belgrano, como lo hizo anteayer en
Santa Cruz. Fue una función única del culto a la personalidad desde los tiempos
de Perón y Eva.
Cristina
Kirchner hace trascender, al mismo tiempo, que está dispuesta a cambiar la
Corte Suprema, ya sea aumentando el número de sus miembros o sacando a varios
de los actuales jueces. No puede hacerlo si no a través de la presión pública.
No tiene Congreso, ni lo tendrá, para descabezar al máximo tribunal de justicia
del país. La expulsión de los jueces de la Corte Suprema necesita de los dos
tercios de las dos cámaras del Congreso mediante un juicio político. La
decisión política del cristinismo de presionar duramente a la Corte fue
explícita cuando ayer se sumó Hebe de Bonafini, que ya a principios de año
había empezado una campaña personal contra cada uno de los jueces supremos.
El país vive las horas
tensas que deparan los momentos finales de las inscripciones electorales. Sin
embargo, la democracia es un sistema de vida que abarca principios más amplios
que las elecciones esporádicas de legisladores. Cristina Kirchner está más
preocupada en derrocar al Poder Judicial que en seleccionar candidatos. Su
liderazgo político se ha encontrado, por fin, con una causa revolucionaria..
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