El presidente venezolano alaba a las Fuerzas
armadas y les sube el sueldo.
EWALD
SCHARFENBERG Caracas
Un soldado monta guardia hoy en Caracas. / BORIS VERGARA (EFE)
Ayer
arrancó en Caracas la décimoquinta operación en 14 años de revolución
bolivariana para combatir el crimen, el asunto que, incluso en medio de una empinada
crisis político-electoral, más preocupa a los venezolanos. El plan,
denominado Patria segura, es la nueva respuesta que el Gobierno del presidente
Nicolás Maduro da al problema, pero a fin de cuentas se parece mucho a lo que
hacían los viejos gobiernos de la denostada IV República (nombre que el
fallecido Hugo Chávez acuñó para las administraciones democristianas y
socialdemócratas del período 1958-98): desplegar a los militares en las calles.
Venezuela se ha convertido en uno de
los países más violentos del mundo. El informe anual del Ministerio
del Interior admitía más de 16.000 asesinatos en toda Venezuela durante 2012.
Caracas, la capital, se mantiene en el podio de las tres ciudades más letales
del planeta. En lo que va de mayo, en su área metropolitana se registraron 186
homicidios. Solo durante este fin de semana ingresaron 41 cadáveres en la
principal morgue de la ciudad.
Estas
cifras de guerra civil dan sustento a un clima persistente de verdadero pánico
entre la población, que el Gobierno por mucho tiempo buscó caricaturizar como
“una sensación” propiciada por el amarillismo de la prensa, mientras intentaba
paliarla en la calle con diversas iniciativas de abordaje “social” del
problema.
Sin
embargo, en su última campaña electoral, Hugo Chávez entendió que ya no era posible
eludir el tema. En junio pasado lanzó una misión —las operaciones paraestatales
de atención social que tanto rédito electoral le dieron desde 2004— bajo el
nombre de A toda vida, Venezuela,
que incluía la transformación del sistema penitenciario, la municipalización de
la justicia y la atención integral a las víctimas del hampa. El comandante se
cuidó entonces de precisar que la misión evitaría incurrir en los tics represivos de otros planes de
seguridad.
Ahora
Maduro sustituye esa consigna con una operación de clara impronta militar. En
su fase de prueba, el plan prevé el despliegue de cerca de 3.000 militares en
500 puntos de control, sobre todo en los municipios de Sucre y Baruta del área
metropolitana, gobernados por alcaldes locales de oposición. Esa suerte de
ocupación ha activado las alarmas de los grupos de defensa de derechos humanos,
que señalan la falta de adecuación del Ejército para atender situaciones de
desorden civil, lo que podría dar pie a excesos.
La
inquietud llegó hasta la cadena informativa regional TeleSur —que el gobierno
venezolano financia—, en cuyo plató principal la periodista colombiana Patricia
Villegas, su directora, preguntó a
Maduro al respecto durante una entrevista el viernes. “Esta es otra
fuerza armada”, dijo descartando el riesgo el presidente Maduro, que ese día
cumplía tres semanas en el poder. “Es la fuerza armada de Hugo Chávez”.
El giro
hacia la disuasión y, eventualmente, la represión, coincide con la llegada al
despacho de Interior del director por muchos años de la policía política, el
general retirado del Ejército Miguel Rodríguez Torres. Se atribuye al exoficial
la concepción del plan, que pondrá bajo su comando todos los cuerpos policiales
de los municipios, lo que cancela una autonomía fundamental de los gobiernos
locales.
La
jornada fue pródiga en lauros y prebendas para el sector militar. Maduro
inauguró la sede de un nuevo batallón de infantería blindada en Caracas, ciudad
de la que dijo que “ya queda bien protegida militarmente”. En el mismo acto,
dio inicio a una misión especial para mejorar la seguridad social de las
tropas, incluyendo nuevas prestaciones de atención médica, subsidios de
alimentación, facilidades de créditos para la adquisición de vehículos y
viviendas, entre otras mejoras, que incluyeron el decreto de aumento de los
salarios. Así mismo, ofreció al alto mando militar la asignación de una
frecuencia para un canal de televisión de las fuerzas armadas para el que pidió
se le presentara un proyecto de parrilla de programación en un mes. Por último,
tanteó la posibilidad de que el sector armado gestione “zonas económicas
especiales” en las que produzca alimentos y equipo militar.
Todo esto
debió sonar como música para los oídos de la cúpula castrense, que por mucho
tiempo fue columna vertebral de la ecuación de gobierno del teniente coronel
Hugo Chávez, pero que paradójicamente parece haberse vuelto
indispensable para la continuidad en el poder de un civil, Nicolás Maduro.
Éste afronta una virtual situación de resistencia civil de una mitad del
electorado que no le votó en las elecciones del 14 de diciembre y que, para más
inri, está convencida de que ocurrió un fraude en contra del candidato
opositor, Henrique Capriles Radonski. El agudo desabastecimiento de productos
alimentarios y de primera necesidad refuerza el malestar social.
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