Cerca de un tercio de los comités del Congreso de
EEUU investigan actuaciones de la Administración demócrata.
YOLANDA
MONGE Washington
Sin duda
no es esta la mejor semana del presidente y acaba de comenzar. A las audiencias
en el Congreso sobre el atentado de Bengasi se unió el escándalo del escrutinio
a grupos políticos conservadores por parte de Hacienda (léase Tea Party y
asociados) y ahora el espionaje telefónico de la agencia de noticias Associated
Press. Todo lo anterior sin mencionar la detención
y expulsión de Rusia de un supuesto espía norteamericano que se dedicaba a reclutar los
servicios para Washington de un agente ruso.
En su
persecución de las filtraciones como ninguna otra Administración lo había hecho
antes, el
departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de al menos 20
líneas telefónicas de periodistas de la agencia de noticias Associated Press durante los meses de abril y mayo de
2012, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa
de la Cámara de Representantes en el Capitolio, según ha informado la propia
AP.
El
presidente de la agencia, Gary Pruitt, en una airada respuesta en forma de
carta enviada el lunes por la noche al fiscal general de EEUU, Eric Holder,
calificó lo sucedido como “una intromisión masiva y sin precedentes” en el
trabajo de los periodistas. “No hay justificación posible para una recolección
tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”, afirmó Pruitt.
La
incautación de los registros –de la que no se avisó y que se efectuó en algún
momento de este año- formaría parte de una investigación criminal llevada a
cabo por el Departamento de Justicia para descubrir la posible fuente dentro de
la Administración de Barack Obama que filtró actividades antiterroristas del
Pentágono en Yemen.
A las audiencias en el Congreso sobre el atentado de Bengasi se unió el
escándalo del escrutinio a grupos políticos conservadores por parte de Hacienda
(léase Tea Party y asociados) y ahora el espionaje telefónico de la agencia de
noticias Associated Press
En una
noticia que conmocionó a los medios de comunicación y evocó al malogrado
Richard Nixon, AP comunicó el lunes por la noche que el Departamento de
Justicia le informó el pasado viernes que investigadores federales habían
obtenido los registros de las llamadas salientes –no está claro si también los
números entrantes y la duración de las llamadas- de al menos 20 líneas de sus
oficinas de Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut), así como teléfonos
móviles y números privados de los hogares de algunos periodistas.
“Estos
registros potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales en
todas las actividades noticiosas de AP durante un período de dos meses, ofrecen
un vistazo a las operaciones de recopilación de información de AP y revelan
información sobre las actividades y operaciones de la AP que el gobierno no
tiene derecho a conocer", expresó Pruitt.
Tanto el
portavoz de Barack Obama, Jay Carney, como el propio fiscal general, Eric
Holder, han sido hoy bombardeados con preguntas a este respecto por los
reporteros. Carney, como antiguo periodista que es, dijo entender la
preocupación que existía pero se refugió en que el presidente no se involucra
en las investigaciones criminales que efectúa Justicia. Aunque fue tan
insistente y repetitiva su siempre misma respuesta que llevó a la conclusión
negativa por parte de la prensa reunida en la sala de la Casa Blanca de que el
mandatario parece no conocer nada que suceda más allá de los muros de su
residencia (la misma respuesta valió para el escándalo de Hacienda).
Holder ha justificado que la filtración que se investigaba estaba entre
“las tres más importantes” que han puesto en peligro la vida de
norteaemericanos
Holder
fue más concreto pero no lo suficiente como para despejar interrogantes que
colocan en una pésima situación a la Casa Blanca –con un tercio de las comités
del Congreso investigando actuaciones de la Administración Obama-. El fiscal
general ha expresado su preocupación sobre por qué no se había solicitado a AP
que cooperase en la investigación y voluntariamente entregasen esos registros,
algo que ha sucedido en otras ocasiones. Holder ha justificado que la
filtración que se investigaba estaba entre “las tres más importantes” que han
puesto en peligro la vida de norteaemericanos. También ha dicho que él se
recusó en ese caso, por lo que su firma no está en esa investigación.
A AP no
se le ha informado de la razón concreta por la que el departamento de Justicia
se ha incautado de esos registros telefónicos pero todo indica que se trata de
la filtración que hace un año sacó a la luz cómo la CIA había abortado un
atentado en un avión que viajaba de Yemen a EEUU. Entre los números telefónicos
obtenidos por el Gobierno están los de cinco reporteros y un editor vinculados
con la noticia
del 7 de mayo de 2012 que informaba del ataque frustrado.
El año
pasado en junio, Holder anunciaba dos investigaciones especiales sobre dos
casos de filtraciones en medio de una petición del Congreso para que se acabara
con ellas (guerra cibernética contra Irán; la caza y captura de Osama Bin
Laden; cómo se configuraba la lista de los terroristas que debían de ser
eliminados…) Entonces, los republicanos acusaron a la Casa Blanca de filtrar
esas informaciones en un intento de engrandecer a Obama a los ojos de la
opinión pública en plena –y reñida- lucha por la Casa Blanca. También dijeron
que Holder estaba siendo muy flojo y que se había quedado corto. Hoy, algunos
de esos mismos republicanos acusaban a la Casa Blanca de haber ido “demasiado
lejos”. Y la semana solo acaba de empezar en Washington.
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