El análisis
Poco antes
de su discurso de ayer, Mauricio Macri había hecho un
anticipo enigmático: "Hoy pondré el cuerpo entre dos gigantes" ,
dijo, y calló. Cuando caía la tarde, firmó el decreto de necesidad y urgencia
más progresista (en el buen sentido) sobre la libertad de expresión que se haya
dictado en el país en las últimas décadas. Los gigantes son el gobierno
nacional y el Grupo Clarín, pero ese decreto legisla también
sobre los problemas de otros medios y garantiza la libertad de
prensa y de expresión, y el acceso a ellas, de una manera casi irrestricta.
El único límite que coloca es el de la difusión de
contenidos sexualmente perversos para los menores de edad. Nadie puede estar en
desacuerdo con esa restricción.
El decreto, que también protege el derecho a la
diversidad en todos los órdenes y a la pluralidad política e ideológica, le
quitó jurisdicción al gobierno nacional para intervenir al Grupo Clarín. Esta
es la conclusión más inmediata y concreta de una disposición que creó un
tribunal especial de Defensa de la Libertad de Imprenta, Expresión y de Acceso
a la Información Pública.
El propio Macri
lo sintetizó de esta manera: "La justicia porteña decidirá si prevalece la libertad de
expresión o la Comisión Nacional de Valores ". La CNV es
Cristina Kirchner. Y la libertad de expresión está amenazada por la posibilidad
cada vez más real de que ese organismo disponga el desplazamiento del
directorio del Grupo Clarín.
El decreto también interviene directamente en el
proyecto de expropiación de Papel Prensa, presentado por los diputados
hipercristinistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Aunque no nombra ni al Grupo
Clarín ni a Papel Prensa, la decisión establece la jurisdicción de la Capital
para todos los casos en que la libertad de expresión y de prensa fuera
suspendida, interrumpida, demorada, dificultada o trabada.
En un artículo especial fijó esa jurisdicción para
"todas las materias relativas" a esas libertades. Esa alusión tiene
nombre y apellido: es Papel Prensa.
La CNV avanzó en los últimos días con varios
pedidos de informes al Grupo Clarín que presagian la decisión final de
intervenirlo. Tal vez el requerimiento más significativo haya sido el que
ordenó al multimedio el envío inmediato de la lista de todos sus apoderados.
Una posible intervención debería comenzar,
precisamente, por el relevo de todos los apoderados preexistentes. El
presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, fue ayer el orador central del almuerzo
del mismo congreso, el del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas, que
Macri había inaugurado por la mañana. Vanoli rechazó todas las preguntas
relacionadas con la intervención del Grupo Clarín. No dijo nada, lo que terminó
considerándose una confirmación de las insistentes versiones de los últimos
días.
La disposición en la que se respalda el gobierno
nacional es abiertamente inconstitucional. Ninguna empresa puede ser
intervenida, salvo que exista la resolución expresa de un juez. Es lo que dice
la Constitución.
En la avanzada noche de una reunión de la Cámara de
Diputados, el kirchnerismo reformó el año pasado una reforma (valga la
redundancia) e incorporó una facultad especial a la CNV por la que ésta puede
intervenir una empresa por 180 días y desplazar a su directorio. La reforma
original al mercado de capitales tenía el apoyo de partidos de la oposición,
pero éstos fueron sorprendidos en medio del debate con esa modificación. Y el
kirchnerismo aplicó entonces la "dictadura de la mayoría", según la
definición de Alfonso Prat-Gay.
La reforma a la reforma provocó la preocupación
inmediata de gran parte de los empresarios. Un alto funcionario kirchnerista
los calmó de esta manera: "No se preocupen; se aplicara sólo a las
empresas de medios periodísticos".
Con esas herramientas es innecesaria, como dijo
ayer Cristina Kirchner, una reforma de la Constitución. Violarla es más rápido
y eficaz que cambiarla.
En ese entrevero se metió de lleno ayer Macri.
Tanto el Grupo Clarín como Papel Prensa estarán ahora en condiciones de
resistir cualquier intervención del Estado nacional respaldados en el decreto
de necesidad y urgencia de Macri, que deberá ser aprobado por la Legislatura
porteña.
El Tribunal Superior de Justicia de la Capital, que
actuará como el tribunal especial que se creó hasta la constitución de éste,
será el fuero que entenderá en los casos en los que estén en disputa las
libertades de expresión o de prensa.
Es imposible imaginar a un gobierno nacional
aceptando mansamente esta decisión del jefe del gobierno porteño. Avanzará con
la decisión de intervenir el Grupo Clarín y de expropiar Papel Prensa (con
"las leyes de capitalismo", se mofó ayer Kunkel), pero el trasiego de
planteos por la jurisdicción será largo y seguramente terminará en la Corte
Suprema de Justicia.
La Corte nunca toma decisiones inmediatas sobre
temas tan controversiales. El decreto de necesidad y urgencia de Macri abre, en
resumen, un espacio de tiempo para el periodismo independiente que antes no lo
tenía.
¿Por qué lo hizo? El principal argumento de Macri
es que como funcionario está obligado a cumplir la Constitución nacional, que
prohíbe decisiones contra la libertad de prensa, y a respetar los tratados
internacionales que tienen jerarquía constitucional y la propia Constitución de
la Capital. El artículo 47 de la Constitución porteña señala expresamente que
"la Ciudad vela por la pluralidad de emisores y medios de comunicación,
sin exclusiones ni discriminación alguna", y garantiza "la libre
emisión del pensamiento sin censura previa".
También es cierto que el propio Macri estaba
cansado de ser él mismo víctima de la prepotencia cristinista. La intervención
del Grupo Clarín y la confiscación de Papel Prensa, que debilitará
sensiblemente a los dos principales diarios argentinos, hubieran convertido en
más frágil aún la situación mediática del jefe del gobierno capitalino. Macri
sufre un acoso constante de la prensa militante del cristinismo.
El decreto de Macri pone el acento también en las
garantías individuales de los ciudadanos de la Capital y prohíbe expresamente
la "incitación a la violencia y la apología al odio nacional". Es un
artículo directo contra ciertas prácticas del relato kirchnerista.
Tal vez sin que nadie lo haya querido, ayer quedó
expuesto un debate atrayente y curioso sobre el contenido de los términos
políticos. El decreto de Macri es una exposición de las mejores ideas del
liberalismo político, según su sentido universal y cultural.
Los que lo atacarán lo harán, sobre todo, en nombre
de un progresismo que no merece tener ese título. Una política que encoge las
libertades y que amenaza las garantías constitucionales es la contracara del
significado que tiene la palabra progreso o su derivado político, el
progresismo.
Cristina Kirchner se encontró con esa novedad, que
la desafía en un terreno donde está en inferioridad de condiciones, justo el
día en que se conoció que un viejo amigo suyo y de su familia, Cristóbal López,
se quedará con la mayoría de las acciones argentinas de Petrobras.
Pero, ¿acaso no había figurado López entre los
amigos enriquecidos de Néstor Kirchner? ¿Cómo hará el mayor empresario
argentino del juego para hacerse de cientos de millones de dólares en un país
en el que los dólares escasean y están vedados? ¿Tiene cuentas en el exterior?
¿Lo autorizó la AFIP a comprar esas cantidad monumental de dólares? ¿Fue el
primero que compró un Cedin con dinero no declarado? En el mundo cristinista
es, a pesar de todas las revelaciones, más lo que no se sabe que lo que se
sabe.
Ocurrió
también el mismo día en que la Presidenta nombró a los conjueces de la
Patagonia que deberán juzgar a Lázaro Báez. Algunos de esos conjueces fueron
abogados o socios de Báez. Es la esencia del cristinismo: gobierna con una
total indiferencia de la realidad. Nada lo detiene. Macri decidió incrustarse
en medio de ese torbellino de pasiones y de política. No lo aguardan días
serenos..
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