Si no se llega a un acuerdo antes del 1 de marzo, se producirá una
drástica reducción del gasto en programas sociales y de defensa.
Superado el abismo fiscal in extremis el
primer día de este año retrasándolo dos meses, el presidente se
enfrenta ahora a lo inevitable: su segunda parte. Hoy ha comenzado una cuenta
atrás de diez días hasta el próximo 1 de marzo, fecha en la que si no se llega
a un acuerdo en el Capitolio sobre cómo financiar el gasto debe de entrar en
vigor el mecanismo conocido como sequester y que básicamente
consiste en una reducción drástica del gasto en programas sociales y de defensa
por valor de 1,2 billones de dólares en los próximos diez años —empezando ya
por un tijeretazo de 85.000—.
Hablando desde la Casa Blanca y rodeado por bomberos y personal de las
fuerzas del orden y primeros auxilios —grupo que, según la Casa Blanca, se
vería muy afectado por el sequester—, Barack Obama ha presionado a
los legisladores republicanos para que lleguen a un acuerdo con los demócratas
para evitar unos recortes que “no ayudarán a la economía”. “No crearán
trabajos, harán lo contrario a lo que queremos”, ha enfatizado el presidente,
quien aterrizó en la noche del lunes en Washington tras tres días de descanso en
Florida aprovechando el largo fin de semana de President´s Day —con
fuertes críticas por parte del cuerpo de prensa por la nula accesibilidad que
ha tenido a él en esos días—.
Obama ha comparado la maniobra que el Congreso se dispone a efectuar el
próximo día 1 con la imagen gráfica de lo que hace el afilado cuchillo de un
carnicero. “Estos recortes no son inteligentes, no son justos”, ha declarado
Obama al insistir en que la gente perderá sus puestos de trabajo. La aproximación
cuchillo de carnicero supondrá sobre todo el despido de profesores;
recortes en el sistema del control aéreo de los aeropuertos; vacaciones
forzosas —sin paga— a miembros de agencias de seguridad como el FBI; cierre de
casos federales con la puesta en la calle de supuestos criminales; y la puesta
en peligro de la seguridad nacional, ya que la mitad de los recortes
corresponden a Defensa.
De momento, y según ha dejado saber el presidente, la sóla amenaza de estos
recortes ya ha impedido el traslado de un portaaviones al Golfo Pérsico. “Como
nuestros líderes militares han dejado claro, cambios como este —que no han sido
meditados a fondo— afectan y reducen nuestra capacidad de responder a
amenazas”.
Obama ha propuesto evitar esos salvajes recortes con una reforma del
sistema de recaudación impositivo que contribuya a la reducción del déficit sin
impedir el desarrollo de programas de financiación pública —como el Medicare y
el Medicaid, la ayuda sanitaria a los mayores y a los más desfavorecidos—. El
presidente ha insistido en que la solución a la situación actual pasa por la
reforma del sistema de recaudación de impuestos, cuyos errores y mal diseño
permiten a los más ricos evitar pagar cuotas más altas mientras que es la clase
media la que hace una mayor aportación al gasto público.
Así las cosas, es bastante probable que el temido sequester entre
en vigor el próximo 1 de marzo. En estos momentos, el Congreso se encuentra de
vacaciones y las sesiones no se retoman hasta el próximo lunes. Pero también
puede suceder que ambas cámaras lleguen a un acuerdo para retrasarlo, como
sucedió el 1 de enero cuando se llegó al acuerdo para evitar el abismo fiscal.
Cabe recordar que la actual situación viene heredada del enfrentamiento que
sufrió la Casa Blanca y la Cámara de Representantes en agosto del año 2011,
cuando el déficit amenazó con bloquear el funcionamiento del país.
Entonces se llegó a un pacto que
lo que hizo básicamente fue aplazar un acuerdo definitivo sobre los impuestos y
el presupuesto de programas federales hasta después de las elecciones del
pasado noviembre esperando que los comicios fueran un refrendo para las
políticas demócratas —subida de impuestos a los más ricos— si era reelegido
Obama o las republicanas si llegaba a la Casa Blanca el candidato conservador.
El sequester forma parte de la Ley de Control Presupuestario
que el presidente firmó en 2011 y que establece que, si el Congreso es incapaz
de llegar a un acuerdo para reducir el déficit, se aplicará de manera
automática y a lo largo de 10 años una serie de recortes del gasto público por
un total de 1,2 billones de dólares.
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