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El
enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial alcanzó ayer una nueva y muy
peligrosa cima. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti, podría denunciar penalmente en los próximos días al jefe
de la AFIP, Ricardo
Echegaray, por extorsión y amenazas contra su persona. En la
habitual reunión de los martes de la Corte, Lorenzetti expuso
ante los máximos jueces del país que analiza esa posibilidad después de
enterarse de que Echegaray abrió
una investigación impositiva contra él, contra sus hijos y contra un cercano
colaborador suyo en el tribunal.
La embestida
de la AFIP contra el presidente de otro poder del Estado es un hecho que no
había sucedido en los casi 30 años de vida democrática. También es difícil
encontrar un hecho análogo en cualquier otra experiencia democrática de la
Argentina. La decisión de Echegaray se
da en un contexto de extrema tensión del Gobierno con la Corte, sobre todo
después de que ésta declarara inconstitucional toda la reforma judicial referida al Consejo de la Magistratura.
Esa
resolución, tomada por el tribunal el martes pasado, ya motivó que Cristina
Kirchner criticara abiertamente a la Corte dos días después, al hablar por cadena
nacional durante el acto del Día de la Bandera en Rosario. Esa proclama se convirtió
en el más ofensivo discurso de un presidente democrático contra el Poder
Judicial.
El relato de Lorenzetti de
ayer se limitó a dar cuenta a los otros jueces supremos de lo que está haciendo
Echegaray. No nombró a la Presidenta. Sin embargo, es absolutamente improbable
que el jefe de la AFIP haya decidido investigar al presidente de la Corte sin
consultar con Cristina
Kirchner. "Echegaray estaría ya en la calle si hiciera eso por
decisión propia", dijeron funcionarios que conocen la férrea disciplina
interna que impone la Presidenta.
De la reunión de ayer participaron casi todos los
jueces de la Corte.
Estuvieron Elena Highton de Nolasco, Carmen
Argibay, Juan
Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos
Fayt. Sólo estuvo ausente, porque se encuentra de viaje, Eugenio
Raúl Zaffaroni.
El tribunal
comenzó a tratar también el reciente dictamen de la procuradora general, Alejandra
Gils Carbó, sobre la expropiación del predio ferial de La Rural en
Palermo. Gils Carbó opinó que la Cámara Civil y Comercial dejó al Estado en
situación de "indefensión" al suspender aquella decisión de Cristina
Kirchner. La jefa de los fiscales le pidió a la Corte que acepte el
recurso extraordinario y se aboque de inmediato al caso.
Sobre la decisión de Echegaray, Lorenzetti contó
que aquél ordenó una investigación contra él y sus dos hijos directamente desde
Buenos Aires, aunque la pesquisa se está haciendo en Santa Fe, provincia de la
que es oriundo el presidente de la Corte. Lorenzetti tiene todavía una casa en
Rafaela, donde nació y adonde suele ir casi todos los fines de semana. Uno de
sus hijos es abogado y el otro es contador. Ambos son muy jóvenes.
"Nunca, en 30 años, recibí una intimación de
la AFIP y jamás fui investigado por ninguna oficina impositiva", aseguró
Lorenzetti. El presidente de la Corte aseveró que pagó siempre en tiempo y
forma todos sus impuestos. "Es una presión más por las decisiones que ya
se han tomado y por las que el tribunal tendrá que tomar en adelante",
señaló otro juez que escuchó a Lorenzetti.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, evalúa denunciar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por
extorsión y amenazas. Foto: Archivo
La Corte
Suprema tiene en sus manos varios asuntos sensibles para el Gobierno. Sobresale
el expediente sobre la
ley de medios audiovisuales, que la Cámara Civil y Comercial
consideró inconstitucional en varios de sus artículos.
Pero no es el único. Hay también pleitos
impositivos entre la Nación y varias provincias (Córdoba y Santa Fe, por
ejemplo), e innumerables casos de jubilados que pidieron acogerse a la
jurisprudencia de la Corte, que ordenó nuevas liquidaciones previsionales en
muchas sentencias.
Éste es un tema que irrita especialmente a la
Presidenta porque exhibe la insensibilidad de su gobierno, que decidió usar los
fondos de la Anses para fines políticos o para financiar al Estado.
Lorenzetti notificó
también a sus pares de que está siendo investigado por la AFIP el secretario
general de administración de la Corte, el contador Héctor Marchi. Marchi,
también oriundo de Rafaela, es un hombre de absoluta confianza de Lorenzetti y
fue designado por éste en el cargo que tiene en el máximo tribunal.
El caso de
Lorenzetti se inscribe también en un escenario en el que otro juez de la Corte, Maqueda,fue agredido verbalmente hace una semana, cuando
el magistrado caminaba solo hacia su casa, por un joven que se identificó como
militante de La Cámpora. El joven le exigió a los gritos que la Corte fallara a
favor del Gobierno en el caso del Consejo de la Magistratura y le pronosticó un
futuro rodeado de policías de seguridad si la sentencia afectaba al gobierno de
Cristina Kirchner. Fue un día antes de que el tribunal decidiera contra los
intereses políticos de la Presidenta. La resolución fue firmada por todos los
jueces de la Corte con la única excepción de Zaffaroni.
Ayer se
conoció también que el juez federal Sebastián Casanello, que investiga el
presunto lavado de dinero de Lázaro Báez, se encontró el fin de
semana con una rueda casi suelta de su automóvil oficial. Los
autos de los jueces federales son flamantes. El propio Lorenzetti se los
entregó hace unos 20 días.
La decisión
de Lorenzetti de
exponer el caso de Echegaray ante el plenario de la Corte y de anunciar la
posibilidad de una denuncia penal por extorsión contra el jefe de la AFIP
permite dos deducciones. Una: el presidente de la Corte Suprema no tiene nada
que esconder de su vida privada ni de su situación patrimonial. La otra: no
está dispuesto a dejarse presionar por el gobierno nacional, ya sea por los
discursos públicos de éste o por sus acciones soterradas, como las de
Echegaray.
El Gobierno,
por su parte, exterioriza nuevamente la decisión política de no reconocer
ningún límite institucional, aunque también muestra su debilidad política y
argumental. La presión por la fuerza o por la intimidación ha sido siempre el
último recurso de los que carecen de razón..
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