El exjuez español defiende los cambios que ha
promulgado el Gobierno de Cristina Fernández y que han paralizado temporalmente
los jueces.
FRANCISCO PEREGIL Buenos
Aires
Baltasar Garzón, en agosto de 2012. / CRISTOBAL MANUEL
El 14 de
mayo nació en España el segundo nieto de Baltasar
Garzón. A la semana siguiente, el antiguo juez viajó a México; unos
días más tarde, a Bogotá, donde asiste a la fiscalía en el diseño de un manual
de investigaciones criminales. Llegó el domingo 26 de mayo a Buenos Aires,
donde dirige el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos. El
viernes 31 de mayo tenía previsto salir hacia Florida para atender a una presa
dominicana “injustamente condenada” en una cárcel de Miami. Garzón se ha
comprometido a defenderla de forma altruista. Luego marcha a Seattle
(Washington), en cuya universidad colabora con un proyecto de apoyo a
organizaciones de derechos humanos en el Salvador.
Volverá a
Argentina el 10 de junio y seis días después se marchará a Bogotá. Luego
partirá hacia Haití para filmar un documental que produce la Fundación
Internacional Baltasar Garzón, y que se enmarca dentro de una serie
sobre la pobreza extrema y la crisis económica. Después, Nueva York; más tarde,
a París, a una entrevista con la directora general de la Unesco, Irina Bokova;
después a España. Y vuelta a empezar: una semana en Argentina, otra en
Colombia, Estados Unidos… “y el resto en avión”. Mientras tanto prepara dos
libros.
Antes de
partir hacia Miami dispuso de media hora para pronunciarse sobre la reforma
judicial que ha promulgado el Gobierno de Cristina Fernández.
Pregunta. ¿Por
qué apoya la reforma?
Respuesta. Porque
es una necesidad. En Argentina es necesario, por ejemplo, ampliar las salas de
casación.
P. ¿Qué
opina sobre el punto más polémico de la reforma? El Consejo de Magistratura, el
órgano de gobierno de los jueces, pasará de 13 a 19 miembros y una docena de
ellos serán elegidos mediante voto popular, con sus nombres inscritos en las
papeletas de los partidos políticos.
R. Me
tengo que referir a lo que escribí hace un año en un libro editado y publicado
en España que se llamaba Actúa. Es una obra
colectiva como continuación de otra que se llama Reacciona,
un poco en la línea de ¡Indignaos!, de Stéphane
Hessel. Ahí publico un artículo amplio, En el nombre del pueblo, la justicia.
Y me pronuncio sobre la necesidad de que el Consejo General de Poder Judicial
en España pase a ser un Consejo de elección directa por los ciudadanos, como
mecanismo de verdadero control y participación del pueblo - que ya creo que
somos mayores de edad - en el Gobierno de la Justicia. La Justicia emana del
pueblo, lo dice la Constitución.
P. ¿No
teme que ese tipo de elección directa genere cierta dependencia de los
consejeros respecto al Gobierno?
R. No me
ofrece más confianza un Consejo de la Magistratura que sea elegido por una
mayoría de jueces. Porque eso es generar una especie de cápsula dentro de lo
que es un sistema democrático. Y el argumento de decir “eso sería una
barbaridad porque se atomizaría…”. Yo ya estoy un poco cansado de que cuando se
habla de estos temas salgan los doctos señores y digan “es que los ciudadanos
no saben de esto”. Sabrán o no sabrán, pero son los que sufren las
consecuencias. Hasta ahora, las consecuencias y las falencias de lo que se ha
ensayado las estamos viendo. Quizás es el momento de pensar que otra forma es
posible.
P. No hay
ningún otro país salvo Argentina donde se vaya a elegir a los miembros del
órgano de gobierno de los jueces mediante voto popular, ¿no?
R.
Probablemente. Lo cual no quiere decir que sea malo. Obviamente, no se trata de
que cualquier persona esté ahí. Hay que establecer unos requisitos. Si un juez
va a la política… ¿Es un buen político? Si un arquitecto va a la política… ¿Es
buen político? Lo será o no en función de lo que haga cuando esté ahí. Nadie
tiene el titulito de buen político. Porque, incluso, lo puedes tener y luego
ser un desalmado o un corrupto. Prefiero a alguien que no sepa y que lo haga
bien y honestamente a aquél que sabe y que sólo hace cosas raras.
P. La
reforma judicial en Argentina nunca fue una prioridad para este Gobierno hasta
que la Corte Suprema tuvo que pronunciase sobre la medida cautelar que ampara
al Grupo Clarín. ¿No cree que fue así?
R. En las
sociedades hay momentos históricos en los que se produce un cambio. Aquí en
Argentina, obvio que hubo una confrontación que dura todavía entre una de las
corporaciones más potentes, como es el grupo Clarín, y el Gobierno. No es el
único país en que eso se ha producido. A partir de ahí vemos cuánta tinta se
vertió en ver si el Gobierno controlaba o no controlaba. Y después hubo un
tribunal que decidió paralizar la aplicación de esa ley. Sin embargo, hay cosas
que me llaman la atención. La vinculación de ese medio con algunos jueces
también es muy llamativa. Y da un poco de susto decir: aquí hay algo que no
funciona bien. Ahora bien: ¿Eso quiere decir que la reforma judicial se produce
como una especie de traje a la medida? Cualquier sistema democrático se puede
defender de esto si fuera así, creo que la decisión del Ejecutivo de someter al
Congreso esta iniciativa era necesaria. Y algo más: el Congreso ha estado
cumpliendo su labor porque ese proyecto ha sido retocado y reformado. Al final
quedará una reforma que no se compadece con lo que pretendían quienes la
presentan y tampoco con los que no la quieren.
P. Dentro de pocas semanas podría ser la Corte
Suprema quien se vea obligada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
ley, ¿no?
R. Yo creo
que hay magistrados de una gran categoría y altura que cuando se pongan a
trabajar lo harán lo mejor que puedan. ¿Cómo puedo dudar de un Raúl Zaffaroni,
por ejemplo? Y de otros magistrados también. Lo importante es que esa
independencia se produzca. Y que el contexto en el que se desarrolle tenga en
cuenta la necesidad de esa reforma judicial. Volver hacia atrás es muy
peligroso. Yo creo que los sistemas políticos en el ámbito judicial tienen que
ir evolucionando hacia un modelo participativo.
P. Se
podría dar el caso de que la Corte fallara que la reforma es inconstitucional.
R. La
cuestión no se tiene que plantear entre quién pierde y quién gana. La decisión
sólo ha de verse como lo que el sistema constitucional establece. Por tanto,
todos tenemos que cumplirlo. Y a partir de ahí se ha acabado la discusión. Y
cuando sea necesario o se tenga la mayoría suficiente para hacer otra cosa, se
hará. Y de nuevo se producirá el ciclo.
P. Si la
Corte se pronunciara sobre la inconstitucionalidad se podría producir una
colisión de intereses con el Ejecutivo. Las elecciones
primarias previas a
las legislativas de octubre están previstas para agosto t ahí ya deberían
haberse confeccionado las listas de consejeros a los que los ciudadanos
tendrían que votar.
R. Tampoco
es la primera vez que se puede producir una colisión entre poderes. Lo
importante es que estén los mecanismos adecuados para que esas fricciones se
resuelvan.
P.
¿Contempla la posibilidad de representar a Argentina en la Comisión de
la Verdad compuesta
por diez juristas internacionales que intentarán investigar en Irán el atentado
sobre el centro judío de la AMIA?
R. Creo
que ese tema va por otros derroteros. No tengo información pero sí puedo decir
que conmigo nadie se ha puesto en contacto para eso.
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