Ahora que la
"matriz productiva diversificada" está seriamente dañada y presenta
un futuro incierto, el gasto público y sus efectos de inclusión social se
muestran como los últimos bastiones de la década kirchnerista.
El
aumento de las erogaciones estatales en la Argentina a lo largo de este siglo
luce impresionante, pese a no conocerse con total precisión, dado que las
trampas del Indec se han contagiado a otros ámbitos del Gobierno. Prolijamente,
las cifras mensuales se publican con meses de atraso y las anuales demoran
años, a punto tal que las más recientes del gasto estatal consolidado son de
2009. Compararlas con el producto nacional requiere proezas adicionales, ya que
el último dato confiable al respecto es de 2006. Pese a todo, pueden hacerse
estimaciones razonables que muestran que el gasto consolidado de la Nación, las
provincias, los municipios y las obras sociales llegó en 2012 a unos 1.128.000
millones de pesos o, para entenderlo mejor, a 247.600 millones de dólares (de
los no risibles); esto representa un aumento de 210.000 millones de dólares -o
17 puntos del PIB- respecto de 2003. En tanto, en 2012 el gasto de la Nación
llegó a 139.000 millones de dólares, 120.000 millones más que en 2003.
La
pregunta que muchos se hacen es ¿adónde fue a parar tanta plata? Es bueno que
las inversiones en capital físico expliquen un 10% del aumento total entre 2003
y 2012, es decir, 21.000 millones de dólares. Pero semejante cifra no impide
constatar las enormes deficiencias de infraestructura que padece el país, sobre
todo en energía y transportes, ni la evidente inexistencia de un plan que
evalúe los proyectos y fije prioridades, de tal modo que no puedan omitirse
obras que hubieran ahorrado tantísimas muertes, como las ocurridas en la
tragedia de Once, o los 720 millones de pesos para sanear el arroyo Del Gato,
en La Plata.
Tantas
deficiencias y omisiones y serias inconsistencias entre las cifras de inversión
pública de la Secretaría de Hacienda y del Indec aumentan la sospecha de que
tanta plata no luce como debiera por lo mucho que queda en las cajas de
funcionarios y empresarios corruptos.
En
cuanto al gasto corriente, en línea con el relato oficial, el social fue el de
mayor aumento, dando cuenta del 65% del incremento total, con aportes muy
relevantes del gasto previsional (23,7% del aumento consolidado y 34,1% del
nacional). La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología representan
sólo un 6,7% del aumento total del gasto nacional, pese al relato oficial; pero
hay un notable 30,9% del aumento del gasto provincial y la salud, con
aproximadamente un 15% de aporte al aumento total. Los dos últimos rubros revelan
que la inversión en capital humano ha sido significativa y, por otro lado, que
el gasto previsional ha logrado cubrir con jubilaciones o pensiones a más del
90% de personas en edad. Cabe subrayar que esta preeminencia del gasto social y
previsional es igual a la de los últimos veinte años. Lo que sí cambió, y
mucho, fue la posibilidad de hacerse de los recursos para aumentarlos.
Claro,
no todo es deslumbrante y hay falencias evidentes en la equidad, la cobertura,
la eficacia y la sostenibilidad de este enorme esfuerzo de la sociedad. El gran
mentís en cuanto a la equidad es el descomunal aumento de los subsidios
económicos que, aun después de las correcciones del año pasado, siguen
beneficiando en buena medida a sectores de ingresos medios y altos del Gran Buenos
Aires en desmedro de los más pobres y del interior. En los primeros cuatro
meses de 2013, están aumentando un 54,9% interanual, y a fines de este año, la
suma total de subsidios entregada desde 2003 estará cerca de los 100.000
millones de dólares, 57% destinados a la energía y 30% al transporte. Es muy
probable que no menos de la mitad de los subsidios energéticos se haya otorgado
a sectores sociales con capacidad de pago.
Claros
problemas de cobertura del gasto se manifiestan, por ejemplo, en la asignación
por hijo, un programa apoyado por casi toda la sociedad pero que el Gobierno
demoró hasta lograr arrebatarlo de manos de la oposición. Alegran por cierto
los aumentos recién anunciados en este rubro, pero no son coherentes con la
insuficiente cobertura de ésta. Según un reciente informe del Observatorio de
la Deuda Social de la Universidad Católica, cerca del 50% de los menores de 17
años de hogares indigentes no recibía esta asignación en 2012. Y aunque estos
hogares reciben otros beneficios sociales, hay todavía un 18,7% de ellos y un
29,1% de los hogares pobres que no reciben ninguno. Se trata en parte de una
carrera imposible, porque lo que se da con una mano se quita con la de la
inflación, y la meta se vuelve más y más inalcanzable.
Es
para celebrar que la ley de financiamiento educativo haya logrado el objetivo,
también con alto apoyo social, de superar el 6% de inversión en educación. Pero
su eficacia en lograr resultados ha sido pobre. Tanto en la escuela primaria
como en la secundaria, la calidad de los aprendizajes en la Argentina ha caído
en los últimos 15 años, tristemente, del primer o segundo lugar en América
latina a entre el cuarto y el octavo, según pruebas y niveles. Y, como en el
caso de la asignación por hijo, tampoco ha sido satisfactoria la ampliación de
la cobertura. Sí aumentó bastante en la educación inicial, pero todavía queda
más del 40% de los chicos de 3 y 4 años -en su enorme mayoría de bajos
ingresos- fuera de esas salas; en tanto, la escolarización de los de 12 a 24 años
subió apenas de 60,5 a 61,7% entre 2001 y 2010.
Groseros
sesgos de cobertura se encuentran también en la discrecionalidad de la
distribución de fondos entre provincias o municipios en la mayoría de los
programas sociales, por ejemplo, Techo Digno, Argentina Trabaja o Seguridad
Alimentaria. La "regla" es clara: los más amigos o candidatos a serlo
reciben más. ¿Y el federalismo? Muy mal, gracias, y así nos va.
En
fin, el problema menos visible pero quizás el más serio es el de la
sostenibilidad de esta expansión del gasto. Hay años de fuerte licuación de la
capacidad de pago del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ejemplo, sólo
entre 2011 y 2012, se desvalorizó un 11,5% respecto del gasto previsional y,
más allá de esto, cualquier cálculo actuarial del sistema jubilatorio muestra
que es insostenible. Si bien el gasto público partió de niveles extremadamente
bajos en 2003, hoy llega a casi un 47% del PIB, más que en Alemania, el Reino
Unido y el promedio de los países desarrollados, y unos 15 puntos superior al
promedio de los emergentes.
Hasta
ahora pudo financiarse por un aumento enorme de la presión tributaria, que hoy
se acerca al 41,5% del PIB si se incluye el impuesto inflacionario, como
corresponde. Será muy difícil mantener en el futuro tales niveles de gastos y
recursos, salvo milagros en el precio de la soja, pero resultará imposible si
la Argentina no vuelve a crecer al 5 o 6% anual.
Sin
cambios prodesarrollo en la política económica, que no se avizoran, se caerá
también este último bastión del modelo. Pese a tan cruda realidad, la impiadosa
apuesta del Gobierno es tratar de que la hora de la verdad no llegue antes de
2015, quizás en la espera de que otro se haga cargo entonces e ignorando los
importantes costos sociales que sobrevendrán si no se corrige rápidamente este
rumbo.
© LA NACION.
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