Hasta septiembre de 2010, Cristina Kirchner estuvo
acusando al gobierno iraní de encubrir a los culpables del atentado terrorista contra la
AMIA. Pero en enero de 2011 envió a Héctor Timerman a Siria
para negociar con el canciller de Irán, Ali Akbar Salehi, la creación de una
comisión que desentrañe la verdad de lo ocurrido. Ese cambio, que ha sido la
principal decisión de política exterior de Cristina Kirchner, sufrió ayer un
nuevo revés. El fiscal general del caso,
Alberto Nisman, presentó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral
un informe en el que explica, con innumerables precisiones, que el ataque
contra la mutual integró un plan orquestado desde Teherán para exportar la
revolución islámica hacia América latina.
El texto de Nisman daña a la Casa Rosada porque
vuelve más incomprensible su giro frente a Irán. A partir de ayer hay más
indicios de que el de los ayatollahs es un régimen al que mal se le puede pedir
que colabore en el esclarecimiento del crimen de la AMIA. De modo que las ideas
de buena parte de la opinión pública, en especial de las organizaciones de la
comunidad judía y de la oposición parlamentaria, se han fortalecido. La
presentación de Nisman es otro síntoma de que el kirchnerismo está perdiendo el
control de algunas dinámicas judiciales.
Hasta 2010, la teoría principal del Gobierno era
que el atentado había sido realizado por ciudadanos iraníes, algunos de los
cuales eran funcionarios. Pero el 10 de agosto de aquel año Timerman, en una
conferencia de prensa con la entonces secretaria de Estado de los Estados
Unidos, Hillary Clinton, fue más allá: sostuvo que Ahmadinejad protegía a esos
terroristas. La Presidenta reiteró ese alegato ante la Asamblea de la ONU seis
semanas más tarde. Ayer, Nisman agravó esa incriminación. Su escrito intenta demostrar
que, desde una cumbre realizada en 1982 en Teherán, la revolución chiita se
fijó un plan latinoamericano, que incluyó la instalación de unidades de
inteligencia y operación en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana,
Trinidad y Tobago y Surinam. El fiscal informó sus hallazgos a las autoridades
de esos países "por haberse obtenido elementos de juicio de que distintos
pasos del plan criminal establecido por Irán podrían estar llevándose a
cabo".
Nisman destaca la conexión que existiría entre los
autores del atentado contra la mutual porteña y quienes planificaron el
frustrado ataque al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en 2007. La figura
central de esta trama es Michael Seaforth, un político de Guyana que en 1974 se
convirtió al islam y cambió su nombre por Adbul Kadir. Discípulo de Moshen
Rabbani, quien tiene pedido de captura por estar señalado como el cerebro de la
voladura de la AMIA, Kadir purga una condena de por vida por el intento de
replicar ese crimen en la principal estación aérea de Nueva York. El puente
entre Kadir y Teherán era la embajada iraní en Caracas. Ahora suena irónico,
pero en aquella visita de 2010 Timerman salió del despacho de Mrs. Clinton
orgulloso de haberla advertido de este nexo.
La acusación de Nisman excede la escena local. Que
mencione a Brasil como blanco eventual del terrorismo islámico es relevante.
Durante el gobierno de Lula da Silva ese país ha intentado mediar entre la
administración Ahmadinejad y el Consejo de Seguridad de la ONU en la
controversia nuclear. El canciller que condujo esa gestión, Celso Amorim, es
hoy ministro de Defensa de Dilma Rousseff. Qué casualidad: los nuevos cargos de
Nisman se conocieron el día en que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, llegó a Brasilia.
Es probable que este entramado forme parte de las
conversaciones cuando Dilma visite a Barack Obama en octubre. Ahmadinejad se ha
convertido en habitué de las liturgias bolivarianas. Para entender cómo observa
esa presencia la diplomacia de los Estados Unidos conviene recordar que, en
diciembre pasado, el Congreso de ese país reclamó al Departamento de Estado un
plan para "contrarrestar las actividades de Irán en el continente".
John Kerry, el canciller de Obama, lo dará a conocer el mes próximo.
Es imposible aislar el pronunciamiento de Nisman de
este contexto. Su tesis de ayer fue defendida en marzo pasado por el ex
subsecretario del Departamento de Estado para las Américas Roger Noriega
durante una audiencia de la Cámara de Representantes norteamericana. Noriega sostuvo
que Irán y la organización Hezbollah están ganando poder en América latina a
través de Venezuela, entre otras cosas porque encuentran en el sistema
financiero de ese país un vehículo para el lavado de dinero.
El aporte de Nisman para esta visión de las
relaciones internacionales tiene un significado especial en la escena
doméstica. Como debería ser obvio, Nisman no es sólo Nisman. Durante todos
estos años estuvo respaldado por la Secretaría de Inteligencia (SI), que es la
principal proveedora de la información que ayer quedó en manos del juez
Canicoba. La SI trabaja detrás de Nisman desde octubre de 2004, cuando el
entonces procurador general Esteban Righi creó la fiscalía especial del caso y
lo puso al frente. En marzo del año siguiente, un hiperbólico Néstor Kirchner
entregó a Nisman 1700 carpetas con toda la documentación estatal sobre el
ataque a la AMIA y le pidió que trabajara con ahínco, sin detenerse ante ningún
obstáculo, porque "la sociedad confía en usted".
Visto a la luz del acuerdo que Timerman firmó con
Irán el 23 de enero de este año, el escrito de Nisman revela que en el Gobierno
existen dos posturas contradictorias respecto de Irán y el terrorismo
internacional. La de la SI y la de la Cancillería. Se entiende, entonces, que
la presentación del fiscal provocara anoche conmoción en Olivos.
Nisman abona la doctrina occidental, según la cual
Irán es un productor peligroso de energía nuclear porque protege o alienta el
terrorismo. Lo hace en un momento en que Ahmadinejad se burla de la señora de
Kirchner y de su canciller. El presidente iraní, que está abandonando el poder
sin siquiera contar con un candidato a la sucesión, debió retirar de la
Asamblea Consultiva el memorándum acordado con la Argentina, ya que no contaba
con los votos necesarios para hacerlo aprobar. Dejó al kirchnerismo en el peor
de los mundos. Podría haberse negado a enviar el pacto al Parlamento, con lo
cual Timerman tendría derecho a burlarse de los que sospechaban de una
connivencia con Teherán. O podría haberlo aprobado, permitiendo a la Argentina
avan zar con los procedimientos acordados. Pero los inventores del ajedrez
remitieron el tratado a la Legislatura, confirmando que ése era el
procedimiento, y después lo retiraron, provocando el papelón. Parece
confirmarse que lo único que pretendían era que Interpol levantara los pedidos
de captura contra ex funcionarios de su gobierno. Por las dudas, Nisman ayer
pidió que se mantengan. Corolario: la Casa Rosada negoció un arreglo que
todavía no pudo justificar con alguien que no tenía poder para cumplirlo.
No es la única dificultad que debe superar el
Gobierno. Las entidades que agrupan a la comunidad judía están por pedir la
inconstitucionalidad del acuerdo con Irán ante Canicoba. Los patrocinantes de
esta impugnación a la gestión de Timerman son los abogados Carlos Wiater y Juan
José Richarte, padre de Darío, subsecretario de la SI en tiempos de la Alianza,
abogado de Amado Boudou en el caso Ciccone y, antes, de Claudio Uberti, el
introductor de Guido Antonini Wilson y su valija precursora. Curiosidades.
En esta perspectiva, la nueva acusación de Nisman
es vista desde la Casa Rosada como una irreverencia. La procuradora Alejandra
Gils Carbó deberá explicar a Carlos Zannini por qué hay otro fiscal que no se
alinea. Ya son muchos: Moldes, Di Lello, Campagnoli, Marijuan, ahora Nisman. La
secuencia se agrava porque la propia Gils Carbó fue acusada por el senador
radical y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla de designar a
secretarios en las fiscalías para controlar las acusaciones incómodas. Sobre
todo las que pesan contra el empresario Lázaro Báez, sospechado de montar un
circuito de dinero negro al amparo de la familia presidencial. El juez
Sebastián Casanello rechazó la acusación. Pero la Cámara Federal ordenó tomarla
en cuenta.
Paradojas
kirchneristas: al entonces procurador Righi se lo hizo renunciar por una
denuncia que Boudou no pudo probar. En cambio a su sucesora Gils Carbó se la
mantiene, a pesar de que sus propios fiscales la acusan de proteger a presuntos
testaferros del poder. Puede resultar escandalosa, pero, comparada con la que
quedó expuesta en la investigación sobre la AMIA, esta contradicción es un
detalle..
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