El caso
podría provocar la segunda suspensión de pagos del país sudamericano en 12 años.
Argentina, los
acreedores que litigan contra ella y otras partes afectadas por el conflicto
entre ambos expusieron este miércoles sus argumentos en una audiencia clave en
el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En
un caso que puede provocar la segunda suspensión de pagos del país sudamericano
en 12 años y también puede sentar un precedente para las reestructuraciones de
deuda de otros países, el Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner dejó en claro
que no planea aceptar una ratificación del fallo del juez de primera instancia
de Nueva York, Thomas Griesa, que bloquearía el pago de la deuda reestructurada
en 2005 y 2010 hasta que no se pagase el 100% a un grupo de los bonistas que
rechazaron en esos años canjear los títulos públicos que permanecen impagos
desde 2001 por otros con quitas de entre la mitad y tres cuartos de su valor.
En una
sesión que duró dos horas, tres magistrados del tribunal escucharon los
argumentos de Argentina, los acreedores litigantes, aquellos que aceptaron las
reestructuraciones con fuertes quitas (los canjes gozaron de una aceptación del
92%) y el banco que actúa como vehículo para los pagos a estos, Bank of New
York Mellon. En una sala abarrotada por periodistas y partes en conflicto,
incluido el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, y su ministro de
Economía, Hernán Lorenzino, que viajaron especialmente para la audiencia, el
abogado estadounidense del país sudamericano, Johnathan Blackman, ratificó que
Buenos Aires no pagará el 100% de lo demandado y podría terminar ignorando una
nueva disposición judicial que así lo dispusiera. “No obedeceríamos
voluntariamente una orden así", dijo Blackman. Es decir, los demandantes
deberían seguir buscando activos para embargar, algo que ha resultado imposible
en los últimos 12 años porque los bienes de Argentina en el exterior, como
embajadas o buques militares, suelen estar resguardados por la inmunidad
soberana.
Blackman
argumentó que obligar a Argentina a pagar el 100% de lo demandado afectaría su
soberanía, su economía y futuros procesos de canjes de deudas de otros países,
dado que incentivaría los rechazos de las propuestas de quitas y fomentaría la
opción de litigar. Este argumento ha llevado a que el Gobierno de EE UU
interviniera en el juicio para dar su opinión contra el bloqueo del pago de los
bonos argentinos reestructurados, dado que una decisión así perjudicaría a Nueva
York como plaza de emisión de deuda soberana de otros países y hasta podría
incidir en eventuales canjes en la Europa actualmente atribulada.
Argentina,
en cambio, propone que los acreedores acepten un tercer canje de deuda, aquello
que han rechazado hasta ahora. "La fórmula (de pago) que planteamos, que
creemos que es la única que verdaderamente ofrece un trato igualitario, es que
se tomen como referencia los bonos reestructurados", propuso Blackman.
Trato
igualitario es lo que exigen los demandantes a partir de una cláusula de los
títulos impagos desde 2001. Sostienen que si se les pagan a los que canjearon
esos bonos también ellos deben ser resarcidos, aunque sin la quita, dado que la
rechazaron. La demanda está encabezada por dos fondos norteamericanos apodados
buitres, Elliot Management y Aurelius Capital, porque se dedican a comprar
deuda de países y empresas cuando caen en suspensión de pagos y su precio está
por los suelos para después reclamar el 100% de su valor original en los
tribunales. Elliot, Aurelius y unos 13 pequeños inversores argentinos que, a
diferencia de los buitres, compraron los títulos antes de la suspensión de
pagos exigen el pago de 1.400 millones de dólares (1.066 millones de euros).
Si se
confirma el fallo de Griesa a favor de los litigantes, Argentina, al rechazar
la orden de pagarles, caería en lo que se considera una suspensión de pagos
técnicos por 24.000 millones de dólares (18.271 millones de euros), que es la
cantidad de títulos reestructurados bajo legislación extranjera, ya sea de
Nueva York, Londres o Japón. Se llama técnica porque no sería Argentina la que
declararía voluntariamente una suspensión de pagos, sobre todo cuando su deuda
pública neta (descontado lo que le debe a su Banco Central, la Seguridad Social
y otros organismos públicos) es de apenas el 19% del PIB.
"Argentina
puede pagar, no hay dudas sobre eso", afirmó Ted Olson, abogado de
Elliott, en la audiencia de este miércoles. También recordó palabras de
Fernández del año pasado: “A los fondos buitres, ni un dólar”. Claro que
fuentes oficiales de Buenos Aires explican que si los litigantes aceptasen que
se les abonase con quita dejarían de ser tachados de buitres.
Un grupo
de acreedores de bonos reestructurados pidió a su vez que no se afectaran sus
derechos de propiedad y que, por tanto, no se les bloquearan los pagos que debe
hacerle Argentina cada año en concepto de renta. También el Bank of New York
Mellon reclamó que ningún intermediario de los desembolsos de deuda canjeada
fueran considerados cómplices en caso de seguir cumpliendo con sus funciones,
en contraposición a lo que había sentenciado el juez Griesa en octubre pasado.
Una de
las magistradas, Reena Raggi, dijo este miércoles que el papel de su tribunal
radicaba en hacer cumplir los contratos y "no volver a escribirlos",
en una declaración negativa hacia la postura argentina. También consideró que
"difícilmente parece apropiado" que se incumpliera una orden judicial
para que Argentina pagase a los litigantes si se sospechara que esto llevaría
al país a suspender pagos con terceros.
El fallo
del Tribunal de Apelaciones quizá se conozca entre finales de marzo y
principios de abril. En caso de resultar favorable a los demandantes, el
ministro Lorenzino anunció que pedirá su revisión por un plenario de los 13
magistrados del tribunal.
¿Qué se dirime en la causa judicial en EE UU sobre la deuda
argentina?
En su crisis de 2001, Argentina suspendió pagos de una deuda por
82.000 millones de dólares. En 2005 y 2010 celebró canjes de deuda en los que
la mayoría de los acreedores aceptó cambiar sus títulos originales por otros
con una quita de entre el 50% y el 75%. Se reestructuró el 92% de lo adeudado.
Pero otros inversores que tienen el 8% de las acreencias impagas rechazaron los
canjes y están litigando para recuperar el 100% del valor original de los
bonos. Casi dos tercios de los demandantes tienen títulos emitidos con
legislación del estado de Nueva York, y la mitad de ellos, a su vez, se
encuentra en manos de los fondos buitres.
¿Qué son los fondos buitres?
Son los dueños de aproximadamente el 27% de los bonos impagos
desde 2001, que en total suman demandas por más de 11.000 millones de dólares.
Se trata de fondos de inversión con residencia en paraísos fiscales pero
pertenecientes a inversores norteamericanos, como el asesor republicano Paul
Singer, que compran deuda de países y empresas en quiebra, cuando su precio se
encuentra por los suelos, para después litigar por el 100% del valor original.
Nunca aceptan canjes de deuda que supongan quitas sino que esperan que los
tribunales les den la razón. Como modo de presión, suelen pedir embargos de los
bienes del endeudado cuando y donde puedan. Elliot Management, de Singer, y
Aurelius son los que encabezan la demanda que está definiéndose en la
actualidad en Nueva York. Elliot fue el que logró el año pasado el embargo del
buque escuela de Argentina, la fragata Libertad, en Ghana, aunque la medida
judicial duró dos meses hasta que el Tribunal Internacional del Mar le recordó
al pais africano que los bienes militares de los países gozan de inmunidad
soberana.
¿Qué reclaman los fondos buitres a Argentina?
Elliot, Aurelius y 13 pequeños inversores de Argentina reclaman
en el juicio actual que se les paguen 1.400 millones de dólares.
¿Existen otras demandas de acreedores contra Buenos Aires?
Sí. Los buitres demandan en total 3.000 millones de
dólares. Además, el 36% de la deuda impaga está en manos de tenedores de bonos
en euros, muchos de los cuales son ahorradores italianos que fracasaron en sus
demandas en la justicia de su país y ahora intentan recuperar lo invertido con
un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, el mismo al que ha
recurrido Repsol por la nacionalización del 51% de YPF. El 33% se encuentra en
poder de tenedores de títulos en dólares que no son buitressino inversiones
institucionales de EE UU, como universidades o fondos de pensiones, y
ahorradores argentinos que los compraron sin la intención de recurrir a los
tribunales sino como supuesta inversión rentable. Este grupo litiga en Nueva
York e incluye a los 13 demandantes que acompañan a Elliot y Aurelius. Por
último, un 2% de lo debido son bonos en pesos, cuyos dueños, ahorradores
argentinos, litigan sin suerte en los tribunales de su país.
¿Cuanto dinero ganarían los litigantes en caso de vencer en la
justicia?
Elliot, Aurelius y los 13 ahorradores habían desembolsado nada
más que 70 millones de dólares para comprar la deuda, sobre todo, poco antes de
la suspensión de pagos de diciembre de 2001. Ahora exigen 1.330 millones más.
Es decir, 20 veces más.
¿Cómo les ha ido hasta ahora a los demandantes?
Cuando era presidente de Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007)
planteó un canje de deuda con fuerte quita con el argumento de que su país
debía ajustarla para adecuarla a sus posibilidades reales de pago y para
posibilitar la recuperación de una economía entonces deprimida y sin opciones
de volver a cumplir con sus obligaciones. Desde entonces, Buenos Aires siempre
rechazó los fallos en el extranjero, sobre todo en EE UU, que le exigían pagar
lo adeudado. Por normas internacionales, los demandantes no pueden embargar
activos diplomáticos y militares resguardados por la inmunidad soberana.
Además, Argentina adoptó medidas para proteger otros bienes, como las reservas
de su Banco Central, que fueron depositadas en un lugar intocable, el Banco
Internacional de Pagos (banco central de los bancos centrales), con sede en
Basilea (Suiza), y sus presidentes, primero Kirchner y después, su esposa,
Cristina Fernández, dejaron de volar al exterior en el avión oficial. La fragata
Libertad esquivaba los puertos de países donde se hubiesen radicado litigios
contra Argentina hasta que fue sorprendida en 2012 por Ghana. Ante el fracaso
de la estrategia de embargos, los litigantes esgrimieron el argumento de que
los bonos impagos de 2001 contenían una cláusula de trato igualitario a los
acreedores y sostuvieron que pagarles a los que aceptaron los canjes y no a
ellos resultaba injusto. El juez de primera instancia de Nueva York, Thomas
Griesa, les dio la razón en febrero de 2012. El Tribunal de Apelaciones lo
ratificó en octubre y le pidió a Griesa que propusiera una fórmula de ejecución
del tratamiento igualitario. Griesa entonces determinó el bloqueo a los
inversores en títulos reestructurados hasta que se les abonara a los demandantes,
posición que ahora está revisando el tribunal superior a él.
¿Qué pide Argentina en el juicio?
Primero, que los 13 magistrados del tribunal revisen la decisión
de tres de ellos de octubre pasado que confirmaba el uso de la cláusula de
tratamiento igualitario a favor de los litigantes. Argentina se rehúsa a
aceptar esa norma porque sostiene que solo debe pagarles a los que aceptaron
los canjes porque si no, resultaría injusto para estos últimos. Además,
argumenta que no se la puede obligar a pagar de determinada manera porque es un
estado soberano que no puede someterse a un tribunal de EE UU. Argentina, que
por voluntad propia emitió en los 90 y principios de los 2000 deuda bajo la
legislación de Nueva York, ahora alega que acepta la ley de este estado dentro
de los parámetros del Acta de Inmunidad de Soberanía Extranjera de EE UU, es
decir, solo para sus activos comerciales en territorio norteamericano. Pero
este miércoles el Tribunal de Apelaciones rechazó la revisión plenaria de su
decisión de octubre. Además, Argentina pide al Tribunal de Apelaciones que
rechace la fórmula de pago establecida por Griesa y le ofrece la reapertura del
canje de deuda, es decir, abonarles con quita a los litigantes. Argumenta que
el fallo de Griesa vulneraría su soberanía, su economía y futuros procesos de
reestructuraciones de deuda de otros países, dado que incentivaría el litigio
en lugar de su aceptación.
¿Qué argumentan los fondos buitres?
Sostienen que Argentina debe cumplir con su compromiso de pagar
su deuda contraída antes de la suspensión de pagos de 2011 y que un fallo
judicial que no fuese en ese sentido dañaría la cadena de pagos de la economía
mundial. Argumentan que Argentina tiene suficientes reservas en el Banco
Central para pagarles, pero no quiere hacerlo. También le echan la culpa a
Buenos Aires por un eventual impago a los acreedores de deuda reestructurada
porque aseguran que puede abonarles a ambos. Quieren que el tribunal ratifique
que el Gobierno de Fernández debe pagarles de una sola vez y en efectivo, y no
en cuotas o en bonos.
¿Cuándo se conocerá el fallo?
Entre marzo y abril.
¿Qué hará Argentina si se ratifica la sentencia desfavorable?
Pedirá que los 13 magistrados del tribunal revisen los fallos de
Griesa y de tres de ellos a favor de bloquear los pagos de la deuda
reestructurada hasta que se salde el pasivo impago. Si esa apelación no
prospera, entonces recurrirá al Tribunal Supremo de EE UU, aunque no está claro
si éste aceptara intervenir en el caso.
¿Por qué Argentina puede entrar en suspensión de pagos?
Argentina tiene una deuda pública neta (la bruta menos la que
está en manos de su Banco Central, su Seguridad Social y otros organismos
públicos propios) del 19% del PIB. Resulta muy baja comparada con países
europeos, con otros latinoamericanos y con los niveles históricos de Argentina.
Pero si se ratifica la sentencia de Griesa y como Argentina se niega a pagar a
los demandantes el 100% de lo que exigen, se bloquearían los desembolsos del
país sudamericano hacia tenedores de bonos de legislación extranjera por 24.000
millones de dólares. Buenos Aires argumenta que en ese caso, a la demanda
actual del grupo de acreedores que pide 1.400 millones, se sumarían juicios por
otros 43.000 millones tanto de otros tenedores de títulos impagos como de los
propietarios de bonos reestructurados que estarían impedidos de cobrar lo suyo.
Se trataría de una suma superior a la de las reservas internacionales del Banco
Central de Argentina.
¿Cómo puede afectar a Argentina un fallo desfavorable?
Puede elevar aún más la prima de riesgo de Argentina. Este país
no recurre a los mercados de deuda para financiarse, pero sí lo hacen sus
provincias y empresas públicas, como YPF, y privadas, por lo que la subida de
la prima encarecería el crédito y, por tanto, afectaría la actividad económica
y la inversión después de un 2012 de fuerte desaceleración del alto crecimiento
de los años anteriores.
¿Qué otras partes están afectadas por el juicio?
Por un lado, los acreedores de deuda reestructurada, que aseguran
que se vulneraría su derecho de propiedad en caso de bloquearse los pagos de
Argentina. Un colectivo llamado Grupo de Acreedores del Canje ha presentado sus
argumentos en el juicio como parte afectada. Otro que también ha tenido la
oportunidad de defenderse es el Bank of New York Mellon, agente fiduciario del
pago a esos acreedores, al que el juez Griesa consideró que sería cómplice de
Argentina en caso de abonarles lo adeudado antes de que los litigantes
recibiesen lo suyo. Hay una lista de otras entidades intermediarias de la
transferencia y liquidación del dinero a los dueños del pasivo en situación
regular que también se sienten amenazados por la sentencia de Griesa.
¿Quiénes son los magistrados que definirán el pleito?
Dos republicanos, Daniels Barrington Parker y Reena Raggi, y una
demócrata, Rosemary Pooler
¿Qué otros participantes actuaron en el proceso judicial?
Entre diciembre y febrero, los magistrados escucharon a los
llamadosamigos del tribunal para
que opinaran sobre la cuestión. En contra del fallo de Griesa, y en la práctica
a favor de Argentina, se presentaron el Gobierno del demócrata Barack Obama,
que alegó que debe respetarse el derecho de un país a reestructurar su deuda;
la Reserva Federal de Nueva York; una exsubdirectora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, otrora crítica de los Kirchner
pero que ahora argumenta que una sentencia en contra de Buenos Aires también
perjudicaría canjes de deuda de otros países y además que la imposibilidad de
las reestructuraciones exitosas fomentaría el estancamiento económico; un
economista y diputado de la oposición argentina, Alfonso Prat-Gay, que sostiene
que ni la quita de la deuda argentina fue tan grande como reivindican el
kirchnerismo y numerosos analistas ni el Banco Central de su país dispone de
tantas reservas porque si no, no habría tantas restricciones cambiarias y
comerciales para evitar la salida de divisas; y acreedores norteamericanos y
argentinos de deuda en situación regular. A favor de los demandantes se expresaron
abogados y profesores universitarios.
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