La nueva norma aumenta
los topes indemnizatorios y fija el mecanismo de actualización. Además,
clausura el reclamo ante la
Justicia Laboral en caso de acuerdo. Fue defendida por la
mayoría del bloque K. La oposición se dividió, ya que el PRO acompañó el proyecto.
Por Miguel Jorquera
“No tenemos ninguna contradicción. Cuando mañana
hablemos con un trabajador le vamos a decir que no tenés que mendigar nada, la
ley te lo garantiza”, dijo el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, para
defender la integridad de su bancada frente a los “embates” que –afirmó– la
oposición dirigió hacia los diputados oficialistas “más que defender sus
propias posiciones políticas”. “Este es el proyecto de la Presidenta. Somos
el bloque del Gobierno, no somos librepensadores. El mismo bloque que recuperó
YPF, modificó la Carta
Orgánica del Banco Central, le puso límite a la
extranjerización de la tierra y eliminó la ley Banelco. Somos parte de ese
proyecto político.”
En el cierre del debate, Rossi afirmó que el
proyecto oficial sobre ART “es para resolver un problema que no es neutro, que
perjudica a los trabajadores y a las pyme y beneficia a las grandes empresas”,
para luego sentenciar que el voto negativo a la iniciativa significa “mantener
las actuales situaciones”. “Venimos a proponer la modificación que ahora
beneficia a los trabajadores y pyme y disminuye la rentabilidad de las ART”,
insistió.
La jornada no había empezado bien para el
oficialismo. Consiguió un ajustado quórum (129 diputados) cuando faltaban solo
tres minutos para el mediodía y para que venciera la media hora de tolerancia
que podía hacer fracasar la sesión especial. Recién entonces, la oposición –que
apostaba a que se concretaran las dificultades que el kirchnerismo podría tener
para abrir la sesión– bajó al recinto.
El kirchnerista chubutense Juan Mario País y
vocal de la Comisión
de Legislación Laboral fue el encargado de defender el proyecto oficial. “Esta
ley sustituye aquel sistema mezquino que funcionaba con una indemnización
injusta para sustituirlo por un nuevo sistema tarifario” que apunta a la
“justicia social”, aseguró País. Luego destacó que la norma “tiene un sistema
no excluyente” y que “posibilita incluso la opción de reclamar el resarcimiento
por la vía civil”.
El legislador de Nuevo Encuentro Carlos Heller
apuntó que la norma actual prevé como reparación “cifras fraccionadas que se
transforman en montos indignos” y no fija “ni pisos indemnizatorios ni topes”,
a diferencia de la propuesta oficial, que “actualiza los mínimos” y tiene como
objetivo la “reparación integral” encomendada por la Corte Suprema.
Cuestionamientos
“Este proyecto no va a tener el efecto deseado:
es mentira que va a evitar la industria del juicio, porque como lo han dicho
muchos aquí va a ser declarado inconstitucional. La Corte no va a aceptar el
registro cerrado de enfermedades y la litigiosidad no va a bajar”, afirmó el
jefe del bloque de la UCR ,
Ricardo Gil Lavedra. El radicalismo presentó un escueto dictamen en el que
propone la creación de una comisión bicameral para redactar en un plazo de 120
días una nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Pero el ex camarista federal también
sumó cuestionamientos políticos. “Esto es volver a la receta fracasada del ’90,
tarifada y de características neoliberales. Causa extrañeza que ustedes lo
estén haciendo”, afirmó.
El FAP volvió a dividir posturas. La UP de Víctor De Gennaro –con la
adhesión de la
Coalición Cívica y Proyecto Sur– presentó su dictamen y el
GEN de Margarita Stolbizer tuvo el propio, que incluyó el apoyo del radical
Pedro Tunessi. El socialista Juan Carlos Zabalza, en tanto, adhirió a las
iniciativas de ambos socios políticos, a los que calificó como “dos miradas
diferentes” sobre el mismo tema.
Pero ninguno se privó de cuestionar el proyecto
oficial. “Debería darles vergüenza porque este proyecto es un parche que no
soluciona la inconstitucionalidad; y lo lamentable es que hasta tanto se
resuelva el tema de fondo, habrá compañeros y compañeras muriendo, mientras
siguen las ganancias de los grupos financieros”, espetó De Gennaro. “Esta ley
busca conformar al trabajador con una indemnización tarifada para que renuncie
a la posibilidad de reclamar una indemnización integral”, sumó Stolbizer.
Recalde, en tanto, transitó su intervención en
medio de un difícil equilibrio, donde evitó cuestionar el proyecto oficial y
reivindicó muchas de sus políticas del Gobierno, aunque defendió su propia
iniciativa y reafirmó su “compromiso con los trabajadores y el derecho
laboral”. “Hay que lograr que un trabajador no tenga que llegar a la Justicia para que le
reconozcan un derecho”, insistió Recalde para defender su propio dictamen, que
avala la CGT
–pese a la ruptura política de Recalde con Hugo Moyano– y lleva las firmas de
los diputados moyanistas.
“Esta ley, cuando se vote y yo no la voy a
votar, sólo sube el precio de los brazos y ojos de los trabajadores. No hace más
que reafirmar el negocio de las ART. La dignidad no se encuentra en este
proyecto, que es un engendro de la
UIA ”, dijo el hijo del pope cegetista, Facundo Moyano, y se
retiró del recinto junto a Plaini.
El peronismo federal también se encolumnó en
contra del proyecto y reclamó que no se le comunicó el vencimiento de los
plazos que le impidieron presentar su propio dictamen. El macrista Federico
Pinedo siguió el camino inverso. Después de recriminarle al oficialismo el
“maltrato al que sometió al resto de la oposición en el tratamiento del
proyecto”, afirmó que “de todas maneras creemos que es bueno para los
trabajadores que se hayan aumentado las indemnizaciones de manera sustancial,
que exista actualización permanente de estas reparaciones, permitir la asegurabilidad
de los riesgos del trabajo y generar previsibilidad para generar más trabajo”.
El PRO votó a favor en general del proyecto oficial.
La suerte ya estaba echada y no hubo cabida para
ninguna de las especulaciones que desde algún sector opositor auguraban un
susto para el oficialismo. El Frente para la Victoria ratificó su
superioridad numérica y la cohesión de su bloque, en el que –aun con
disidencias– nadie votó en contra del proyecto del Gobierno.
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