El Consejo
Electoral anuncia una auditoría parcial que no atiende las condiciones
reclamadas por Henrique Capriles.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió el viernes
—aunque lo anunció la noche del sábado— realizar una auditoría de los votos de
las elecciones presidenciales del 14 de
abril, que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero en unos términos que
desatienden, en su mayoría, las solicitudes técnicas de la oposición. “En
ningún caso se trata de un escrutinio”, subrayó la presidenta del organismo,
Tibisay Lucena, al tiempo que precisó que se trata de una ampliación de la
“verificación ciudadana” prevista en la normativa, en la que básicamente se
comparan los comprobantes de votación depositados en las urnas con las actas
emitidas en cada mesa electoral.
El anuncio convierte esta actividad —que empezará el 6 de mayo,
cumplidos ya los preparativos previos— en una auditoría ceremonial, que excluye a los representantes
opositores que, originalmente, la habían solicitado. La oposición, a
través de su líder, Henrique Capriles Radonski,
había hecho saber durante la semana que no participaría en una revisión
“chucuta” —incompleta o corta, en el léxico coloquial venezolano—.
Lucena se dirigió al país en cadena nacional de radio y TV en horas de
la noche del sábado, apenas segundos después de que terminara la transmisión
desde La Habana del acto en el que Nicolás Maduro y Raúl Castro, presidentes de
Venezuela y Cuba, rubricaron nuevos acuerdos de cooperación entre ambas
naciones.
La rectora del organismo electoral —seguidora del oficialismo— no dejó
espacio para la sorpresa en su intervención pregrabada, en la que se dedicó a
refutar los argumentos sobre los que la oposición basó su solicitud de una
auditoría exhaustiva que, a juicio de Lucena, “es imposible” de acuerdo a la
ley electoral. Mostró ejemplos de la débil fundamentación de los reclamos de
“el ciudadano Capriles”, como se empeñó en mencionar en su intervención al ex
candidato y gobernador del Estado Miranda, al que remitió, en todo caso, a
presentarlos ante la instancia jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), dominado por el chavismo.
El CNE rechazó de manera explícita la solicitud opositora de revisar el
contenido de los cuadernos de votación, un cotejo indispensable
—según los técnicos de la oposición— para determinar si todos los que votaron
en cada mesa electoral fueron quienes debieron hacerlo.
Por otra parte, el organismo electoral mantuvo silencio sobre otras
exigencias de la parte demandante, como el acceso del registro de máquinas de
votación que fallaron o no transmitieron datos. Una actividad que el propio
Consejo acordó realizar, y que la oposición pidió, la auditoría de duplicidad
de huellas de los votantes, quedó sin definir.
El presidente Maduro, minutos antes, durante la clausura de la XIII
sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, había declarado que
acudía a la capital cubana “a ratificar que seguimos por el camino de Chávez”.
Le aplaudían el Canciller venezolano, Elías Jaua, el presidente de la petrolera
Pdvsa, Rafael Ramírez, buena parte del gabinete ministerial de Venezuela, así
como la cúpula del Partido Comunista de la isla. Los gobernantes de ambas
naciones caribeñas dedicaron todo el sábado a firmar 51 nuevos convenios, en el
marco de una relación que Maduro calificó, “más que estratégica” como una
“hermandad”.
Para seguir el camino de Chávez, sin embargo, Maduro deberá sortear la
crisis política que se originó el mismo 14 de abril en la noche, cuando obtuvo
un triunfo por apenas el 1,7% que la oposición, denunciando diversas
irregularidades, se negó a reconocer hasta tanto no se produjera un recuento
“voto a voto”. El CNE parece ser un aliado fiel en el propósito de
“normalización” que Maduro abriga. Por ahora, contribuye en bloquear las vías
administrativas para tratar los reclamos de la oposición venezolana que, según
los resultados oficiales, conquistó el 49% de los votos.
Con la resolución anunciada el sábado, a Capriles sólo le resta
presentar una impugnación ante el TSJ. La Sala electoral debería recibirla antes
del 6 de mayo, día en que vence el plazo legal para ello, y decidir su admisión
en no más de una semana.
El ex candidato opositor, que pretende forzar una repetición de las
elecciones, bien en general o en determinadas mesas con irregularidades,
reaccionó con sorna a las palabras de la rectora Lucena. En su cuenta de
Twitter escribió que el problema de la presidenta del CNE sería que “recibe
órdenes del PSUV”, en referencia al gubernamental Partido Socialista Unido de
Venezuela, y que ese partido “no quiere auditoría”. Llamó, no obstante, a
perseverar en la denuncia: “¡Seguimos luchando por la verdad! ¡Haremos todo lo
que hemos dicho, agotaremos las instancias internas y llevaremos al mundo el
caso!”.
Mientras tanto, el Gobierno seguía con una campaña de propaganda contra
Capriles, al que acusa de haber instigado los desórdenes que sucedieron a la
negativa opositora de aceptar los resultados de las elecciones. Según informes
oficiales, en los disturbios se produjeron nueve muertes y 78 lesionados.
Diversas autoridades de los poderes del Estado, incluido el presidente Maduro,
han prevenido de que “no habrá impunidad” en este caso, mientras grupos de base
del chavismo recogen firmas para pedir el sometimiento de Capriles a la
justicia.
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