Londres
y Edimburgo llegan a un acuerdo preliminar que implica una sola pregunta. Los
independentistas aceptan que la consulta sea exclusivamente sobre sí o no a la
secesión.
Los Gobiernos de Londres
y Edimburgo han llegado a un acuerdo casi definitivo sobre el referéndum de
independencia de Escocia. A falta
de resolver los últimos flecos, se espera que el acuerdo sea sellado a
principios de la semana en Edimburgo, quizás el mismo lunes, por el primer
ministro británico, David Cameron, y
el ministro principal escocés,Alex Salmond.
Todos han cedido algo: Cameron, al aceptar que la consulta sea en 2014 y no de
forma inmediata, como él quería; y, Salmond, al resignarse a que la consulta se
ciña exclusivamente a una pegunta sobre la independencia, sin incluir una
segunda opción de incrementar los poderes del Parlamento autónomo de Escocia.
No está claro si las dos
partes se han puesto de acuerdo en torno a otro asunto controvertido: si pueden
votar los mayores de 16 años, como quiere Salmond, o solo los mayores de 18
como defienden los conservadores británicos. Los escoceses dicen que serán
ellos quienes decidan y los británicos aún aseguran que lo impedirán.
El preacuerdo, alcanzado
tras varios meses de negociaciones entre el ministro británico para Escocia,
Michael Moore, y la número dos del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, fue
cerrado el lunes por la noche en una conversación telefónica entre ambos, que
se reunirán para el visto bueno final el viernes que viene.
En síntesis, ese acuerdo
de principio viene a reconocer que es Westminster quien tiene el poder legal de
convocar la consulta y que autorizará al Parlamento de Holyrood a convocarla.
Será luego el Parlamento escocés el que, con ese mandato, organice al referéndum.
Eso significa decidir la fecha, el enunciado de la pregunta y también si podrán
participar o no los escoceses que residen fuera de Escocia.
La fórmula acordada no
solo tiene el meollo político de aceptar que la última palabra sobre el
referéndum la tiene Londres, sino que viene a despejar uno de los fantasmas que
se ceñían sobre la consulta si esta no tenía el visto bueno previo de
Westminster: la posibilidad de que alguien la llevara a los tribunales.
Históricamente, los
políticos británicos siempre han aceptado el derecho de los escoceses a pedir
la secesión en referéndum, cuyos términos concretos tendrían que ser luego
negociados con Westminster. La tranquilidad con la que una consulta
independentista se veía en Londres se debía a que nadie pensaba que llegara a
producirse nunca: el sistema electoral del Parlamento de Holyrood, con gran
parte de los escaños cubiertos con un sistema proporcional, hacía impensable
que el independentista Partido Nacional Escocés (SNP) lograra algún día la
mayoría absoluta. Pero Alex Salmond consiguió primero una victoria de mínimos
en 2007 que le permitió gobernar pero no convocar el referéndum, y se hizo en
2011 con la mayoría absoluta.
En ese momento cambió la
posición de Londres, que se atribuyó el poder de convocar el referéndum. Pero
la política británica, en general pragmática y con tendencia a aceptar las
voluntades políticas expresadas a través del Parlamento, hizo que Downing
Street comprendiera que un referéndum que contaba con el apoyo mayoritario del
Parlamento de Escocia y de la opinión pública escocesa era inevitable. Lo que
intentó Cameron fue robarle la iniciativa política. Y lo logró en gran medida
al anunciar su disposición a negociar más poderes para Escocia y aceptar la
convocatoria del referéndum con la condición de que fuera lo antes posible y
que se ciñera a la cuestión de si Escocia ha de ser o no independiente. Al
final, todos han cedido algo para alcanzar el acuerdo.
Aunque la celebración
del referéndum cuenta con un gran apoyo popular, las posibilidades de que ganen
los independentistas son escasas y van a la baja. Un sondeo de TNS MBRB para el
diario Heraldpublicado el lunes otorga solo un
28% de votos a favor de la secesión (eran el 38% a principios de año) y un 53%
a favor de que Escocia siga unida a Gran Bretaña (antes era el 44%).
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