Al finalizar 2012 la Argentina vive una crisis más política que económica. Desde el reestablecimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983, todas las crisis políticas tuvieron un fuerte ingrediente económico.
Así fue con las que afectaron la continuidad de los dos gobiernos radicales (Alfonsín y De la Rúa), las que tuvieron lugar con la renuncia del Presidente interino Rodríguez Saa y el acortamiento del mandato de Eduardo Duhalde. En todos estos casos los disturbios en las calles fueron un detonante de la crisis política.
En las dos derrotas que sufrió Cristina en su primer mandato, con el campo en 2008 y en las elecciones legislativas de 2009, en el primer caso el detonante fue un aumento de impuestos y en el segundo influyó la recesión provocada por los efectos de la crisis global.
En cambio ahora, el conflicto con el grupo Clarín entorno a la ley de medios, el enfrentamiento con la justicia y el límite puesto por los partidos opositores en el Congreso al proyecto de reforma y reelección constituyen una crisis esencialmente política.
Pero cuando Moyano dice que hay gente que está sufriendo privaciones está en lo cierto. Una cosa es en Argentina 24% de inflación anual con la economía creciendo al 8%, como sucedió en 2011, y otra es la misma inflación con la economía creciendo al 1%.
Los sectores de menores ingresos -más de uno de cada cinco argentinos está bajo el nivel de pobreza- son quienes más sufren la inflación. Además, la mitad de quienes trabajan lo hacen informalmente y ellos sufren mucho más el freno de la economía que los trabajadores formales. El desempleo ha comenzado a crecer al igual que el trabajo informal, como lo reconoce en ambos casos hasta el mismo INDEC.
El gobierno primero ha dicho que la motivación política de los saqueos es conmemorar el onceavo aniversario de los disturbios que en 2001 precipitaron la renuncia del Presidente De la Rúa. Puede ser que esto haya incidido en algún grupo que ha actuado en los saqueos, pero no es ni la explicación ni la motivación única.
La acusación al sindicalismo opositor de estar detrás de los saqueos no tiene fundamento ni demostración. Este sector acaba de hacer una movilización a la Plaza de Mayo el 19 de diciembre sin disturbios. Que algún militante de camioneros en forma aislada pueda aparecer en un disturbio no es justificación suficiente. No una comprobación de que haya habido una presencia del sindicalismo opositor simultánea en Bariloche, Rosario, Campana y Chaco y al día siguiente en San Fernando.
Once años atrás, la economía caía al 8% anual y el desempleo llegaba al 20%. Hoy la economía está mucho mejor en crecimiento y empleo, aunque peor en inflación. El país está sin duda mejor que entonces.
En estos saqueos, además de una situación económica más dura que el año pasado -aunque no crítica-, inciden grupos radicalizados, bandas delincuenciales y articulaciones espontáneas, en un país cuya eficacia en materia de seguridad es baja, como se evidenció la semana pasada en los disturbios saqueos que tuvieron lugar en el mismo centro de la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo a la reaparición de los saqueos, cabe señalar que los cortes de ruta y vías públicas como expresión de protesta han aumentado 52% en 2012 respecto a 2011. El freno de al economía y sus efectos sociales podría ser una explicación suficiente, pero a ello se suman los conflictos políticos y sindicales y los problemas internos en el área de seguridad.
La decisión de enviar fuerzas federales (la Gendarmería) a Bariloche indica que el gobierno ha asumido que los costos políticos que generan los saqueos no se limitan a los gobiernos locales, sino que se proyectan al gobierno nacional, aunque inicialmente tratará de plantear lo contrario.
Rosendo Fraga: Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario