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La información la recibió de un
funcionario de otro país durante la reciente Cumbre del Mercosur. La red de
espionaje internacional alcanzaría también a otros cuatro Estados miembros y
adherentes del bloque.
El canciller Héctor
Timerman denunció ayer ante la Procuración General de la Nación la posible
existencia de una red de espionaje internacional que habría “interceptado o
captado” comunicaciones electrónicas de carácter privado a más de un centenar
de funcionarios, miembros del Poder Legislativo, diplomáticos y periodistas
argentinos. La documentación con que Timerman acompañó la denuncia ante el
Ministerio Público Fiscal es la misma que el titular del Palacio San Martín dio
a conocer el viernes pasado en Montevideo durante la Cumbre del Mercosur que se
realizó en Uruguay, luego de que un funcionario de otro país –al que no
identificó pero que participaba del encuentro– le entregara una extensa lista
de correos electrónicos de dirigentes políticos del oficialismo y la oposición
con sus respectivas contraseñas, y que habrían llegado desde un tercer país en
medio de su propia invetigación para desmantelar una red espía que operaba
sobre su gobierno. Este sistema de espionaje político alcanzaría al menos a
cuatro Estados miembros y adherentes de la organización política-económica
sudamericana, aunque por ahora sólo Argentina y Bolivia lo denunciaron
públicamente.
“El 12 de julio,
entre las 16 y 17 horas aproximadamente, un funcionario de alto rango de uno de
los países participantes de este encuentro regional, y a quien conozco por la
función que me toca ejercer dentro del Ejecutivo, se acercó y me entregó un
sobre tamaño oficio solicitándome que revise su contenido”, afirma Timerman en
el escrito que entregó a la Procuración General que encabeza Alejandra Gils
Carbó. En un sobre que acompañó la presentación figuraban más de un centenar de
direcciones electrónicas de funcionarios del gobierno nacional y políticos
oficialistas y opositores con sus respectivas password.
De esta manera, el
canciller pidió, tal como lo instruyó la presidenta Cristina Kirchner, que la
Justicia investigue la posible incursión que la legislación argentina establece
en delitos informáticos (incorporados en 2008) para “el acceso y apoderamiento
indebido”, “la supresión o desvío” y la “intercepción o captación de sistemas
comunicaciones electrónicas de carácter privado”. Timerman también solicitó que
se citara a todas “las personas sindicadas en la documentación” para que
confirmen o no la información aportada, además de que la Justicia mantenga
reserva sobre la “información confidencial” que aparezca en la investigación
sobre las personas que figuran en el listado.
Ahora, la Procuración
–o quien ella designe– tendrá la tarea de tirar del hilo argentino que podría
deshacer la madeja de la posible red de espionaje político internacional sobre
al menos cinco países miembros y adherentes del Mercosur, según la información
que trascendió en Montevideo. Datos que el propio Timerman aporta en su
denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, donde detalló que en la reunión de
Montevideo también “se hallaba presente un miembro del gabinete nacional de
otro país quien recibió, al igual que yo, un sobre conteniendo similar
información”. “Durante la reunión, ambos funcionarios pusieron en conocimiento
que sus servicios de inteligencia se encontraban desde hacía un tiempo
investigando una operación de espionaje que operaba sobre su gobierno”, dice
Timerman en el escrito. “En el contexto de esa investigación –continúa el
canciller– lograron acceder a información que formaba parte de la operación y
que involucraba datos de personajes públicos de distintos países
latinoamericanos.” Aunque los funcionarios extranjeros aseguraron que la
investigación “aún no había concluido”, resolvieron que ante “la sensibilidad
del asunto exigía se hiciera entrega a las autoridades argentinas de toda
aquella información que involucraba a nuestro país”.
En Montevideo,
mientras se desarrollaba la Cumbre del Mercosur, Página/12 accedió a parte de
la lista de los políticos argentinos espiados por esta supuesta red
internacional, en varios casos identificados con los cargos que ocupaban algún
tiempo atrás. Allí figuran, entre muchos otros, el gobernador bonaerense Daniel
Scioli; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el
titular de la Afsca, Martín Sabbatella (aunque figura como diputado nacional);
el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el agente de la SIDE José Francisco
Larcher. Además de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna (figura como
diputada); el ex canciller Jorge Taiana (como si tuviera en funciones); el
periodista Eduardo Aliverti; la flamante embajadora argentina ante la OEA,
Nilda Garré (bajo la leyenda “ex monto/Min Def”); la diputada PRO Gabriela
Michetti (figura como vicejefa del Gobierno porteño); el ex juez español
Baltasar Garzón y el vicepresidente Amado Boudou (como titular de la Anses); el
diputado Carlos Heller; el intendente de Tigre, Sergio Massa; el fallecido
subsecretario de Comercio, Iván Heyn, y el ex ministro de Economía Domingo
Cavallo.
Por los datos que
aparecen junto al listado, en Cancillería estiman que el origen de esta
información surge de agentes o ex agentes de servicios de Inteligencia locales
y que los mismos datan de entre 2005 y 2008.
Con la presentación
ante la Procuración, Timerman cumplió con la promesa de llevar a la Justicia la
denuncia que hizo pública en Montevideo. El otro país que también denunció la
maniobra de espionaje fue Bolivia. “Esos agentes de inteligencia de Estados
Unidos tienen correos electrónicos de nuestras máximas autoridades”, afirmó su
presidente Evo Morales durante un acto en un poblado andino y contó que también
accedió a esa información en Montevideo, en la cumbre del Mercosur en la que se
debatió una condena a Estados Unidos por el espionaje y a países europeos por
haber retenido a Morales al negársele el permiso de sobrevuelo.
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