El escenario
Forzado por el agotamiento de su política de servicios públicos, el kirchnerismo está inaugurando otra fase del "modelo". El ineficiente capitalismo de amigos cede su lugar a un extraño capitalismo de ex amigos. La masacre ferroviaria de Once obligó a Julio De Vido a anunciar ayer, con todo el dolor del alma, la intervención de TBA, la empresa de la familia Cirigliano. Al mismo tiempo, como la estrategia de ofrecer energía barata se ha vuelto insostenible, colapsó el idilio con la familia Eskenazi, el socio argentino de Repsol en YPF. La posibilidad de que también la petrolera sea intervenida ha puesto las relaciones con España al borde de un conflicto sin antecedentes desde que los santacruceños llegaron al poder.
La crisis que se desató con la tragedia del ferrocarril exhibe a una Cristina Kirchner falta de reflejos. Intentó convertir al Gobierno en parte querellante con la ilusión de ocultar su responsabilidad sobre la calidad de los trenes. Tardó cinco días en pronunciarse sobre esa desgracia. Cuando lo hizo, anteayer, adelantó que no tomaría medida alguna hasta que se expidieran los peritos judiciales, a los que dio 15 días para pronunciarse. La misma Presidenta que se ufana de hacer reinar la política por encima de cualquier otro aspecto de la vida pública, dejaba la crisis del transporte en manos de ignotos expertos tribunalicios, que quedaron sometidos, a partir de ese momento, a una presión insoportable.
Cuando no habían pasado 24 horas, De Vido y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, reaparecieron para comunicar que la Presidenta había intervenido TBA. Se corrigió así el error del día anterior. Pero, para que no se advierta la enmienda, se optó por una bisectriz extravagante: intervenir la compañía hasta que se expidan los peritos.
La resolución cobija una intrigante timidez. Sobre todo si se la compara con los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, cuyo titular, el radical Leandro Despouy, denunció irregularidades que justificarían la anulación de la concesión.
Quienes conocen el submundo del transporte atribuyen el retraimiento oficial a la complicidad del kirchnerismo con los concesionarios. Después de oficiar como mecenas de Ricardo Jaime, los Cirigliano se convirtieron en un engranaje principal de la gestión de De Vido. No sólo gestionan ferrocarriles. También proveen los decodificadores que el Estado regala a los usuarios de la TV digital, e importarán el gas de Qatar que Enarsa compraría si encontrara los fondos necesarios. Una relación tan polifacética no se destruye de la mañana a la noche.
Otra razón para que el avance sobre TBA sea muy moderado es que los funcionarios son conscientes de que para un estatismo más audaz carecen de un instrumento indispensable: el Estado. Cada vez que el kirchnerismo se hizo cargo de una compañía, terminó entregando el gerenciamiento a los sindicatos. Sucedió con Aguas Argentinas, con Aerolíneas y también con el sistema ferroviario. Sin ir más lejos, las dos empresas públicas que participarán de la intervención son controladas por dirigentes gremiales. La Sociedad Operadora Ferroviaria, por Juan Araya, un hombre de la Unión Ferroviaria. El vicepresidente es Agustín Especial, de La Fraternidad, la misma organización que maneja, a través de Nicanor Villafañe, la Administración de Infraestructura Ferroviaria.
De todos modos, la propuesta de una intervención cautelar y breve está destinada a sucumbir. Aunque los peritos judiciales determinen que el desastre de Once se debió a una negligencia del maquinista, la tragedia corrió el velo sobre un mar de ineficiencias y malversaciones que demandan, igual, un cambio de gestión. Es el motivo por el cual los especialistas aseguran que la medida anunciada ayer será prorrogada.
La selección del interventor también fue peculiar. Raúl Baridó fue presentado por De Vido como un antiguo técnico de la Sigen. Olvidó referirse a responsabilidades más importantes del irreprochable Baridó. Fue, por ejemplo, la mano derecha de Alberto Abad en la Sindicatura durante la gestión de Carlos Menem. Y se desempeñó como subsecretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete, a las órdenes de Miguel Solé y Jorge Rodríguez, en la misma presidencia. Fueron años en que Eduardo Bauzá apadrinaba a Baridó. Ahora que Guillermo Moreno adoptó a Carlos Spadone -ex socio de Menem y de Héctor Magnetto- como baqueano en Angola, el kirchnerismo podría ser menos vergonzoso con su política de recursos humanos. Porque, como se ve en este caso, no todo es La Cámpora.
Al mismo tiempo que se revela la ausencia de un plan ferroviario -la iniciativa oficial más relevante fue el tren bala con que fantaseaban Jaime y algunos empresarios-, la política de energía ideada por Néstor Kirchner alcanzó el último límite. Su viuda ha identificado como responsable central de ese fracaso a la familia Eskenazi, que el propio Kirchner convocó para que adquiriera el 25% de YPF con los dividendos que obtendría en YPF. La Presidenta está convencida de que esa "argentinización", que hasta hace meses bendecía, fue un fracaso. En pocas horas se convencerá de que, más allá de su retórica nacionalista, tampoco fue una "argentinización". La embestida sobre YPF ha comenzado a enfrentarla con el gobierno de Mariano Rajoy.
El nuevo primer ministro de España está al frente de un feroz ajuste que lo obliga a dejar muy en claro que defiende a las empresas de su país. En este caso a la más grande, Repsol, accionista principal de YPF. Los Eskenazi expusieron delante de sus socios, en Madrid, la posibilidad de que mañana, en su discurso ante el Congreso, Cristina Kirchner anuncie alguna sanción contra la petrolera. La acción de la firma se cotizaba ayer 67% por debajo de su valor razonable (ver Economía, Pág. 3).
El canciller José Manuel García-Margallo, tal como publicó este diario, expresó la inquietud frente al posible avance del Estado argentino. Además del pronunciamiento de García-Margallo, hubo movimientos menos visibles. El ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria López, se preparó para viajar a Buenos Aires si el entredicho se profundiza. Y una versión muy confiable, que en Madrid no confirman ni desmienten, hablaba ayer de un llamado del propio Juan Carlos I a la Presidenta para hacerle notar su preocupación. Esa comunicación es verosímil por dos razones. Primera: los funcionarios españoles no encuentran en Buenos Aires un interlocutor oficial para discutir sobre YPF. Todos remiten a la Presidenta. Hasta Héctor Timerman, quien confiesa: "Con Cristina sólo puedo hablar sobre Malvinas". Segunda: en julio de 2006, saliendo del comedor del Palacio de Oriente, el rey dijo a Kirchner, apoyando su mano en el hombro de Antoni Brufau, presidente de Repsol: "En América, él es nosotros". Evo Morales acababa de nacionalizar parte de esa empresa.
El kirchnerismo no podrá enorgullecerse del ingreso de los Eskenazi en YPF, que lideró su propio jefe. El modo en que se organizó la operación, destinando la mayor parte de las utilidades al reparto de dividendos, implicó que la inversión no sería una prioridad para la empresa. Aun cuando los accionistas aleguen que desde 2010 han destinado más recursos a la exploración y explotación. Sin embargo, reducir la inviabilidad de la política energética a la peripecia de esa compañía es confundir lo principal con lo accesorio.
El verdadero problema de la Presidenta es que el congelamiento tarifario ha desalentado la producción de hidrocarburos, forzando a más y más importaciones. El Estado ya no tiene los recursos necesarios para comprar combustibles en el exterior. La tragedia ferroviaria agravó esa restricción: la pretensión de dotar de más recursos al Tesoro reduciendo los subsidios, en especial los del transporte, murió también en Once.
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