Piensa que las
soluciones de fondo son de largo plazo, pero evalúa mecanismos rápidos sobre
formadores de precios.
Mariano Obarrio/LA
NACION
La inflación pasó
a ser un problema político. El presidente
Mauricio Macri declaró en público y en privado que su principal
obsesión es bajar los precios. Mañana se publicará la resolución de la creación
de la Comisión de Defensa de la Competencia, que dirigirá Esteban Greco, un
economista de la Universidad Di Tella.
Pero la puesta en marcha de un
sistema online de monitoreo de precios para informar a los consumidores y
alentar la competencia estará lista recién dentro de 45 días.
Según pudo saber LA NACION, la
Casa Rosada también evalúa abrir las importaciones, por ahora las de carne,
para aumentar la oferta. Pero es un último recurso: pueden peligrar muchos
puestos de trabajo.
También Macri cree que la menor
demanda por el enfriamiento de la economía puede desacelerar la inflación. El
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había dicho que en enero
estaría en 3%, pero el índice de la Dirección de Estadísticas y Censos de la
Ciudad de Buenos Aires fue del 4,1%.
El dato preocupó más. En Balcarce
50 decían ayer que "la mayor incidencia fue la suba en restaurantes y
hoteles del 10%". Pero la dinámica de los precios preocupa por el impacto
político a mediano plazo.
El Presidente está convencido de
que el control de precios, al estilo Guillermo Moreno, no es la política de
fondo, más allá de que anunció que se sancionará con aquellas herramientas
institucionales a formadores de precios o a quienes cometan abusos de posición dominante
y prácticas de cartelización.
El remedio real, según Macri, es
la política monetaria y fiscal. Pero tendrá efecto en el mediano plazo. Según
fuentes de la Casa Rosada, Prat-Gay prevé bajar el déficit fiscal en 1% del
PBI: de 5,8% en 2015 (7,1% si se computa la deuda flotante, lo que el Estado
debe a sus proveedores) a 4,8% en 2016. Es el resultado de una baja del gasto
total del 3% del PBI y una pérdida de ingresos de 2%.
La poda del gasto es así: la
primera etapa de eliminación de subsidios en luz, gas y agua lo bajará en 2%
del PBI. Y el recorte de gastos de la administración será 1%: habrá
racionalización en sobreprecios, corrupción, despidos, "ñoquis",
compras y contrataciones. Suma: 3% del PBI.
La pérdida de ingresos se da por
la eliminación y rebaja de retenciones (agro, economías regionales y minería),
que implican una baja de recursos de 1% del PBI. Y la salida del cepo
cambiario, otro 1%: se deja de cobrar el 20% del dólar ahorro y el 35% del
dólar tarjeta y se devuelven a quienes no pagan Ganancias. Suma: 2%. Resultado
neto: el gasto baja 1%.
Otras medidas se neutralizan,
según el Gobierno. La futura suba del mínimo no imponible de Ganancias, la
rebaja del IVA y el aumento de asignaciones familiares tendrían un impacto
fiscal de 0,7% del PBI, pero según quienes siguen los números en la Casa Rosada
se compensa con los mayores ingresos por exportaciones vía la devaluación de
casi 15 pesos por dólar. Y el aumento en las jubilaciones y en la asignación
universal por hijo (AUH) es automático por el aumento de la recaudación.
En medio de ello, el Banco
Central bajó la emisión monetaria del 40% en diciembre a un 28% en enero.
Macri está en un brete: los
economistas ortodoxos, incluso algunos en el Gobierno, consideran demasiado
gradual el ajuste de 1% del PBI. Y los opositores del kirchnerismo dicen que es
un ajuste salvaje.
Cerca de Macri explican: "Es
el costo de una transición dirigida a normalizar la economía". El crecimiento
en 2016 será moderado, de apenas 0,5%, y la meta de inflación, de 20 a 25%.
"Con la economía normalizada, en los tres años siguientes el crecimiento
rondará el 4%", dicen. Para ello, Macri apuesta a nuevas inversiones
industriales y en obra pública y a financiamiento local e internacional. La
reducción del déficit sería entonces más acelerada por crecimiento de ingresos
y por "mejor gestión del gasto".
Para ello es clave el acuerdo con
los holdouts para así obtener financiamiento para un plan de
infraestructura y para financiar a los sectores público y privado. Así las
cosas, el 4,8% de déficit de 2016 se financiaría con menos emisión monetaria y
crédito interno y externo.
Por otra parte, el flujo positivo
de los créditos del BID, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento será
de 1500 millones de dólares en 2017 y "algo positivo" en 2016.
Todesca admitió
las dificultades
El director del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, afirmó ayer que
"es un dato importante" la suba de la inflación de enero, que superó
el 4 por ciento, y confirmó que "el Gobierno está preocupado" por
esta tendencia. "La inflación es muy difícil de combatir cuando dura
tantos años", reconoció.
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