Para que el acuerdo internacional entre en vigor en México debe ser ratificado por el Senado.
Se une a EE UU, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.
México quiere ser uno más en el acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA). El Gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) todavía liderado por Felipe Calderón firmó el tratado el miércoles pasado en Japón, con lo que se une a Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur, que lo suscribieron en octubre de 2011. Con el gesto del Ejecutivo saliente ha estallado la polémica, sobre todo entre los internautas, que acusan al documento de suponer un peligro para las libertades individuales.
El Parlamento Europeo rechazó el pasado 4 de julio la adhesión por amplia mayoría después de escuchar las protestas de la sociedad civil. Ahora, México está pendiente de que el Senado apruebe o eche abajo ACTA. Precisamente esta instancia, junto a otras como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), había recomendado a Calderón que no apoyase la iniciativa, que consideró que viola garantías individuales, derechos humanos, y vulnera el derecho de presunción de inocencia, según Animal Político, que difunde las conclusiones.
“El Senado hizo un profundo análisis durante meses, con mesas que representaban todas las voces, y llegó a la conclusión contundente de que el tratado es nocivo para México”, dice por teléfono Manuel Tamez, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. “Esperamos que mantenga su posición, a pesar del cambio legislativo [el nuevo Senado toma el relevo el próximo 1 de septiembre].
Támez sí señala que “es necesario detener la piratería”, pero apunta a impulsar otros métodos, como modernizar los procesos comerciales, y matiza que la normativa, que implica, por ejemplo, que los proveedores de acceso a Internet puedan proporcionar las direcciones IP de los internautas, puede “violar derechos”. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reconoció después de que el tratado quedase descartado que éste “deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles, la innovación y la libre circulación de información”.
No cree lo mismo José Rodrigo Roque Díaz, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). “La firma del tratado es un mensaje contundente por parte del Gobierno mexicano para demostrar nuestro interés en la defensa de los derechos de los autores, de las marcas mexicanas y la innovación que se genera en México. Reconoce, “ha generado polémica”. Pero Roque matiza que el alcance de sus disposiciones dependerá de cómo se regulen a nivel interno. “Sin ACTA, hoy México podría a través de sus leyes locales generar un régimen de vigilancia o represión de los internautas y no lo ha hecho”, argumenta. La desconfianza que genera ACTA no le parece suficiente para rechazar “beneficios” la “certidumbre y legalidad” que proporciona. Y apuesta por el diálogo con “todas las partes” para que se combata la piratería sin violar derechos civiles.
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