Con la democracia, a calzón quitado
Carlos Carnero 01/03/2011
Vivimos buenos tiempos para la libertad. La movilización popular ha derrocado en pocas semanas a varios dictadores en el Mediterráneo. Podemos felicitarnos de que 2011 haya traído de la mano -como dijo Machado respecto a la primavera y la República- un aire fresco que reivindica los ideales que generaciones enteras no han dejado de defender durante varios siglos desde las revoluciones norteamericana y francesa. En medio de la crisis, muchos pueblos han decidido retomar en sus manos el futuro.
Y sin embargo, el mundo democrático no ha sido capaz de participar en los acontecimientos en tiempo real desde el primer momento. Anonadado por la velocidad de los mismos o temeroso de no poder predecir plenamente su desarrollo, pocas medidas concretas tomó respecto a Túnez y Egipto para que los autócratas sintieran en el momento oportuno el empuje no solo de sus pueblos, sino de la comunidad internacional. Seguro que ahora se ponen en marcha estrategias para contribuir al éxito de las transiciones, y eso estará bien.
Pero lo más positivo de estas semanas es que, aprendida la lección con inusitada rapidez y en correspondencia con las demandas ciudadanas, la Unión Europea y Estados Unidos han sido capaces de estar a la altura de sus responsabilidades al conseguir que el Consejo de Seguridad de la ONU se haya pronunciado con contundencia sobre Libia, adoptando por unanimidad acuerdos importantísimos e iniciando una dinámica que, más allá del caso particular, debería marcar un antes y un después en la respuesta de las democracias a las violaciones de la libertad y los derechos humanos.
Para que eso sea así, tenemos que debatir sobre qué hacer para contribuir a acabar con las dictaduras, conformando un nuevo consenso internacional (del que la UE debería ser promotora principal) que impida a quienes las encabezan pensar que todo lo que sucede hoy es un sarampión que pasará mientras ellos permanecen.
Debatir mientras actuamos, por supuesto, y sobre temas que se nos plantearán muchas veces a lo largo de los próximos años, de manera que cuando llegue el momento hayamos podido conformar una hoja de ruta que aplicar a la especificidad de cada caso y que, por su propia existencia, surta efectos preventivos y disuasorios sobre criminales y tiranos.
Empezando por el derecho de injerencia humanitaria, que la realidad ha situado de nuevo en escena. Ante actuaciones armadas como la de Gadafi contra su propio pueblo, ¿debería la UE plantear una intervención militar internacional que protegiera a las potenciales víctimas civiles? ¿Tendría que elevar esa propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU y, aunque no la amparara, llevarla a cabo, con o sin aliados? ¿Sería eso compatible con el derecho internacional y la soberanía nacional y, aunque no lo fuera, prevalecería un imperativo moral que obligase por encima de otra consideración? Mi respuesta es que ya lo hicimos en Kosovo y deberíamoshaberlo hecho en Ruanda. El derecho (o, si se quiere, la obligación) de injerencia humanitaria, ejercido con tanta prudencia como compromiso, debe estar siempre presente entre los instrumentos para impedir crímenes contra la humanidad.
Siguiendo por los acuerdos con terceros. ¿Tiene la UE que establecer nítidamente unos estándares de democracia y derechos humanos por debajo de los cuales no suscribiría ningún acuerdo o rompería los existentes? ¿Ha de limitarse a incluir una cláusula democrática que, a diferencia de la actual, se activaría unilateralmente a partir de una mayoría absoluta del Parlamento Europeo o de una cualificada del Consejo, compuesto por los Gobiernos? ¿Tales estándares han de ser efectivos en todo tipo de acuerdos, incluyendo los comerciales? Mi opinión: aplicar el principio de solo hay acuerdo con libertades y activación de la cláusula democrática a través de las citadas decisiones por mayoría. Con un corolario: hacer más exigente y efectivo el Código de Exportación de Armas en vigor.
Continuando por las sanciones contra los dirigentes de los regímenes autoritarios. ¿Ha de apoyar la UE de forma mucho más activa la persecución penal de los criminales contra la humanidad? ¿Tiene que elaborar la UE una lista de los que considera que pueden ser acusados de serlo y de otros dictadores, con o sin decisión de la ONU, de forma que no les conceda visados y les confisque sus bienes, acordando con otros Estados hacer lo propio (incluyendo Estados Unidos o Suiza) o enfrentándose políticamente con quienes no sigan esa línea? Mi parecer: sí.
Terminando por las relaciones diplomáticas de la UE (y sus miembros). ¿Se pueden mantener con regímenes autoritarios, aplicando la doctrina de que se tienen relaciones con Estados, no con Gobiernos? ¿Debe reconocerse a la oposición democrática un estatus público y notorio que favorezca su credibilidad y su visibilidad? Mi criterio: sí a aquella doctrina para poder influir y consideración de la oposición como interlocutor oficial.
En la práctica, lo que está pasando en el Mediterráneo nos permite y, al tiempo, nos obliga a retomar una discusión viva sobre la prevención de conflictos en la década de los noventa, a partir del genocidio en Ruanda y de la guerra en Bosnia, que la invasión de Irak promovida por George Bush en 2003 contribuyó a hacer desaparecer. Pues una cosa, por ejemplo, es la intervención armada para evitar una limpieza étnica con miles de muertos y desplazados -injerencia humanitaria- y otra radicalmente distinta poner al mundo al borde del precipicio para garantizar intereses estratégicos revestidos de defensa de la democracia violando el derecho internacional -unilateralismo, Irak.
Afortunadamente, las visiones de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional del Estados Unidos de Obama y de la UE del Tratado de Lisboa-Constitución Europea son tan similares que les permiten obtener éxitos como la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gadafi y ganar así la confianza de millones de ciudadanos en el mundo.
Para todo ello partimos de lo mucho avanzado por la tantas veces injustamente criticada (hacerlo es casi una moda estos días) Unión Europea, que ha creado instrumentos -siempre con el apoyo de España- tan propios y avanzados como la cláusula democrática en sus acuerdos con terceros, se implica con permanencia en la construcción de la democracia, respeta el derecho internacional, adopta sanciones contra los dictadores, sostiene perseguir los crímenes contra la humanidad, participa en misiones de construcción o mantenimiento de la paz en todo el planeta, aplica ya un código de venta de armas, escucha a las oposiciones democráticas, es el primer donante en ayuda oficial al desarrollo y creó el Proceso Euromediterráneo de Barcelona.
Una UE que, eso sí, no quiere emular al almirante estadounidense Decatur cuando, tras su actuación en Trípoli a principios del siglo XIX, dijo aquello de "Mi país, con razón o sin ella".
Carlos Carnero es embajador en misión especial para proyectos en el marco de la integración europea.
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