EL PAÍS/ TRIBUNA: VITTORIO COLAO
En la última reunión del G-8, celebrada la semana pasada en Francia, el presidente francés Nicolas Sarkozy abogó por un Internet más "civilizado", que cumpliera con la ley, mientras que Mark Zuckerberg -CEO de Facebook- y otros representantes de la Red debatían con pasión sobre el poder transformador de Internet y la necesidad de evitar su regulación. Esa misma semana, el Parlamento holandés votó a favor de regular los precios de los operadores de telecomunicaciones en los servicios de Internet. Paralelamente, a todos los Gobiernos les gustaría que las operadoras incrementaran sus inversiones en redes de banda ancha. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene razón?
La visión de Mark Zuckerberg sobre un Internet sin restricciones es precisamente lo que nuestras sociedades necesitan para fomentar el espíritu emprendedor, el crecimiento y la innovación. Pero el presidente Sarkozy también está en lo cierto cuando afirma que el éxito de todo lo que hacemos en Internet depende de que sepamos preservar el valor de la confianza. Si queremos que el comercio electrónico continúe creciendo y se sigan generando puestos de trabajo, necesitamos sentir que podemos confiar en las empresas que operan y que, en cualquier caso, estamos protegidos por la ley. Necesitamos sentir que se protege nuestra intimidad y que nuestros datos personales están seguros. Tenemos que estar convencidos de que nuestros hijos estarán a salvo en la Red. Los propietarios de contenidos tienen que saber que sus derechos de autor serán respetados y los Gobiernos deben ser capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y luchar contra la ciberdelincuencia. Para todo ello es necesario que contemos con una serie de reglas, no para frenar el crecimiento de Internet, sino para asegurarnos que prospera sobre la base del respeto a la propiedad, la privacidad y los derechos humanos y sociales.
Zuckerberg afirma que ya existen actualmente muchos mecanismos de autorregulación para construir y mantener la confianza en Internet (eBay, Amazon y Wikipedia son buenos ejemplos). Pero también es cierto que los medios de comunicación informan cada día sobre nuevas amenazas o violaciones de los derechos individuales, a menudo con los colectivos más vulnerables de la sociedad. Así, Sarkozy también tiene razón cuando sostiene que para aprovechar todo el potencial de Internet se requiere un marco jurídico eficaz y que la autorregulación no es suficiente.
El mayor reto al que nos enfrentamos es la naturaleza global de Internet, que está construido sobre plataformas digitales extraterritoriales. Esto conlleva ciertas dificultades para aplicar las leyes que promulgan los diferentes Estados y países. Las operadoras de telecomunicaciones disponen de licencias nacionales y sus actuaciones están reguladas por la ley, pero se ha probado que aplicar las mismas leyes a los agentes de Internet que operan en el ciberespacio es muy difícil, ya que muchos de ellos operan transnacionalmente y no tienen licencia.
En áreas como la piratería de contenidos de música y vídeo se ha encontrado una solución. Las nuevas leyes de derechos de autor permiten que las autoridades públicas insten a operadores de red como Vodafone a bloquear el acceso a servicios o plataformas ilegales en Internet. Si extendiéramos este modelo a otras áreas como la privacidad, la seguridad de los ciudadanos o la protección del consumidor, dispondríamos de un valioso incentivo para que todas las compañías acataran las leyes nacionales y, de esta manera, se pusieran a disposición de los consumidores unas bases que les ofrezcan protección cuando así lo necesiten.
También hay que añadir aquí un factor de "competencia justa": los operadores europeos de telefonía asumen el coste que conlleva cumplir con todas las legislaciones de "salvaguardia" y, desde mi punto de vista, esta es una inversión que garantiza la confianza en nuestras sociedades. Los servicios de comunicaciones basados en Internet deberían estar sujetos a los mismos reglamentos y costes, para asegurar esa misma confianza, en igualdad de condiciones.
La existencia de leyes y reglamentos que promuevan el uso seguro de Internet fomentarán a su vez una mayor inversión en esas redes de banda ancha que los Gobiernos solicitan. El Parlamento holandés debe exigir la no-discriminación y la libre competencia en Internet, pero intentar ir más allá y regular los precios que cobran los operadores por distintos servicios de Internet, solo limitarán las oportunidades, iniciativas empresariales e inversiones necesarias hoy día para tener una Europa conectada.
Contar con unas leyes que fomenten la confianza -aplicadas a todos por igual- son los pilares sobre los que debemos construir la sociedad civilizada de la que habla el presidente Sarkozy, el sueño de Mark Zuckerberg de un Internet sin restricciones y la aspiración de los operadores de telecomunicaciones de recuperar la senda del crecimiento en Europa.
Vittorio Colao es consejero delegado del grupo Vodafone.
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